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En una inusual muestra de independencia, el Congreso de la República está ad portas de aprobar una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP). El apoyo masivo en el sexto debate del Senado augura que su paso por los dos debates restantes en la Cámara de Representantes sea más de trámite. Así, de manera inesperada para los técnicos del Ministerio de Hacienda, la Rama Legislativa le apuesta a la descentralización de las finanzas públicas y pone en aprietos aún más el presupuesto de la nación. Se trata de una resignificación de las relaciones entre la Casa de Nariño y las entidades territoriales, así como un reto abierto: ¿podremos garantizar que el Estado no quiebre? ¿Esto servirá para empoderar de manera productiva a municipios y departamentos?
En síntesis, el SGP define cuánta plata del presupuesto nacional será enviada a gobernaciones y alcaldías para que ejecuten. La queja histórica es que los gobiernos locales rara vez tienen suficientes recursos para atender sus necesidades y que su autonomía queda supeditada a los caprichos del gobierno de turno. Se ha mencionado, por ejemplo, cómo los planes de alimentación escolar están desfinanciados y las fuentes de ingresos en las regiones son limitadas. También se ha denunciado que el Gobierno Nacional tiene la potestad de intervenir en asuntos que no le corresponden, como la construcción de vías terciarias y obras varias en los municipios.
El principal impulsor de esta reforma, aunque es de iniciativa legislativa, ha sido Juan Fernando Cristo, hoy ministro del Interior. “Tenemos un Estado obeso a nivel nacional, donde menos lo necesitan los ciudadanos, y raquítico en los territorios, donde más lo necesitan los colombianos afectados por la violencia, la pobreza y la exclusión”, dijo. Razón no le falta: a pesar de las promesas de la Constitución, Colombia es un país definido hasta en los detalles más básicos desde Bogotá. Incluso el Distrito Capital sufre porque no puede llevar a cabo sus obras sin la intervención constante de quien ocupe la Presidencia.
El problema es que la solución no es simplemente modificar la tasa de transferencias y esperar que las finanzas públicas se ajusten. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, derrotado dentro de su propio Gobierno, se lamentó el viernes, pues la tasa de cambio del dólar está afectada, entre otras cosas, por la incertidumbre que esta reforma introduce. Distintos centros de pensamiento económico y un grupo de exministros de Hacienda también expresaron sus reparos. A pesar de que en el último debate se redujeron las transferencias al 39,5 % de los ingresos corrientes de la nación (originalmente se contemplaba el 46,5 %), hay un gran interrogante: ¿en qué va a dejar de gastar el Gobierno Nacional?
El debate más importante es ese. Lo dijo el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF): “La discusión de esta reforma comenzó por el final. Lo primero que habría que revisar es cuáles son las competencias que el Gobierno Nacional puede transferir a las entidades territoriales, cuál es su capacidad de ejecución y cuáles son las necesidades de gasto sectorial”. Es apenas lógico: si la nación va a tener menos recursos, debe incurrir en menos gastos y responsabilidades. Alivia que se haya supeditado la reforma a la aprobación de una ley de competencias, lo que anuncia que este debate apenas arranca. Apoyamos la descentralización y que el Congreso tome la iniciativa, pero debe hacerse con responsabilidad, y esa parece que ha hecho falta. Cambios tan importantes invitan a la cautela.
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