La (des)confianza en el Estado

Volvieron el miedo y la desazón que produce sentir que las instituciones de Colombia, creadas para defender los intereses de todos, siguen sometidas a dinámicas perversas de corrupción y abusos de poder. Lo que viene ocurriendo con la Policía Nacional, independientemente de cómo termine, ya se ha encargado de manchar una vez más la imagen del Estado, afirmando la desconfianza ciudadana. Las respuestas dadas por el director de la Policía, general Rodolfo Palomino, y las medidas tomadas por el presidente Juan Manuel Santos no son suficientes para un tema de implicaciones monumentales. Esto requiere más que una comisión.

La situación del general Palomino es preocupante. Pese a que él ha insistido con tono desafiante que todos los bienes de su patrimonio se han adquirido de acuerdo con la ley, hay suficiente información para concluir que el actuar, cuando menos, faltó a la ética exigida de un servidor público.

Como lo revelaron Daniel Coronell y La FM, el general compró dos terrenos, de 1.000 metros cuadrados cada uno, por un precio inferior a los $ 40 millones. Además, es dueño de un lote de más de 3.000 metros cuadrados en otro exclusivo conjunto residencial en Sopó, por el que pagó $200 millones. Al ser indagado por los precios obtenidos, inferiores al valor habitual del mercado, el director de la Policía aceptó haber recibido descuentos “muy excepcional(es)”, y desafió: “¿Eso es indebido?”.

Pues sí, es indebido. Usted, general, en el cargo que ocupa, sabe más que nadie por qué esto se puede prestar para malentendidos. Así como también tiene que entender el recelo que causa que la cabeza de la Policía de Tránsito haya iniciado al mismo tiempo “un plan de ahorro e inversión con una empresa de transporte”. No es difícil ver el conflicto de intereses.

Pero ahí no acaba el problema de la Policía. Los seguimientos e interceptaciones ilegales a varios periodistas son un acto de intimidación directo contra nuestra democracia. Esperamos que la Fiscalía siga con su diligencia y pronto dé con los culpables. El país no puede regresar al pánico de saber que las autoridades persiguen a quien se atreva a cuestionarlas.

Asimismo, sería muy útil saber algo sobre el escándalo del supuesto acoso sexual al coronel Reinaldo Gómez. ¿Acaso murió la serpiente con el retiro de los tres oficiales que presionaron a Gómez para que modificara su acusación? Por supuesto que no. Sin embargo, las investigaciones de la Procuraduría y de la misma Policía no avanzan. Así no se recupera la confianza.

Se equivoca también el presidente Santos si cree que la comisión convocada para proponer reformas a la Policía es la solución. Aplazar el tema hasta marzo, para que coincida con el posible acuerdo de paz y se pierda en el flujo noticioso, es un llamado a que nada pase.

Renglón aparte merecen los correos electrónicos que ha filtrado la leña que alimenta este fuego. Si bien han servido para destapar realidades podridas, no deja de causar suspicacia la intencionalidad de quienes los envían. Es ingenuo comprar el discurso altruista de que se trata de alguien preocupado por la patria, pues la información parece hecha a la medida en contra de personas particulares. ¿Quién se beneficia con la sacudida -necesaria, eso sí- en la Policía?

De la respuesta a esa pregunta en buena medida depende que el país pueda recuperar la confianza en esta institución, o siga condenado a dudar de quienes están llamados a protegernos.

Hay muchos motivos para temer en Colombia.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Volvieron el miedo y la desazón que produce sentir que las instituciones de Colombia, creadas para defender los intereses de todos, siguen sometidas a dinámicas perversas de corrupción y abusos de poder. Lo que viene ocurriendo con la Policía Nacional, independientemente de cómo termine, ya se ha encargado de manchar una vez más la imagen del Estado, afirmando la desconfianza ciudadana. Las respuestas dadas por el director de la Policía, general Rodolfo Palomino, y las medidas tomadas por el presidente Juan Manuel Santos no son suficientes para un tema de implicaciones monumentales. Esto requiere más que una comisión.

La situación del general Palomino es preocupante. Pese a que él ha insistido con tono desafiante que todos los bienes de su patrimonio se han adquirido de acuerdo con la ley, hay suficiente información para concluir que el actuar, cuando menos, faltó a la ética exigida de un servidor público.

Como lo revelaron Daniel Coronell y La FM, el general compró dos terrenos, de 1.000 metros cuadrados cada uno, por un precio inferior a los $ 40 millones. Además, es dueño de un lote de más de 3.000 metros cuadrados en otro exclusivo conjunto residencial en Sopó, por el que pagó $200 millones. Al ser indagado por los precios obtenidos, inferiores al valor habitual del mercado, el director de la Policía aceptó haber recibido descuentos “muy excepcional(es)”, y desafió: “¿Eso es indebido?”.

Pues sí, es indebido. Usted, general, en el cargo que ocupa, sabe más que nadie por qué esto se puede prestar para malentendidos. Así como también tiene que entender el recelo que causa que la cabeza de la Policía de Tránsito haya iniciado al mismo tiempo “un plan de ahorro e inversión con una empresa de transporte”. No es difícil ver el conflicto de intereses.

Pero ahí no acaba el problema de la Policía. Los seguimientos e interceptaciones ilegales a varios periodistas son un acto de intimidación directo contra nuestra democracia. Esperamos que la Fiscalía siga con su diligencia y pronto dé con los culpables. El país no puede regresar al pánico de saber que las autoridades persiguen a quien se atreva a cuestionarlas.

Asimismo, sería muy útil saber algo sobre el escándalo del supuesto acoso sexual al coronel Reinaldo Gómez. ¿Acaso murió la serpiente con el retiro de los tres oficiales que presionaron a Gómez para que modificara su acusación? Por supuesto que no. Sin embargo, las investigaciones de la Procuraduría y de la misma Policía no avanzan. Así no se recupera la confianza.

Se equivoca también el presidente Santos si cree que la comisión convocada para proponer reformas a la Policía es la solución. Aplazar el tema hasta marzo, para que coincida con el posible acuerdo de paz y se pierda en el flujo noticioso, es un llamado a que nada pase.

Renglón aparte merecen los correos electrónicos que ha filtrado la leña que alimenta este fuego. Si bien han servido para destapar realidades podridas, no deja de causar suspicacia la intencionalidad de quienes los envían. Es ingenuo comprar el discurso altruista de que se trata de alguien preocupado por la patria, pues la información parece hecha a la medida en contra de personas particulares. ¿Quién se beneficia con la sacudida -necesaria, eso sí- en la Policía?

De la respuesta a esa pregunta en buena medida depende que el país pueda recuperar la confianza en esta institución, o siga condenado a dudar de quienes están llamados a protegernos.

Hay muchos motivos para temer en Colombia.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.