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Con su deplorable intervención ante la Corte Constitucional, el Ministerio de Salud termina por confirmarles a los magistrados la urgencia de liberalizar por completo el aborto. Pese a que se trata de una entidad técnica, que ha mostrado su confianza en la ciencia durante el manejo del COVID-19, para oponerse a la despenalización total está apelando a la desinformación y adoptando una postura que parece más religiosa que científica. Esto, sumado a las actitudes del Gobierno Nacional, demuestra que las colombianas tienen demasiados obstáculos reales para hacer valer sus derechos, creando un riesgo innecesario para su salud. Ante eso, el tribunal constitucional es el llamado a romper con el oscurantismo. Esperamos que así lo haga.
El concepto del Ministerio de Salud parece escrito en un claustro religioso. Haciéndose eco de las peligrosas tácticas de desinformación que el extremismo conservador ha utilizado en todo el mundo para vulnerar los derechos de las mujeres, el Ministerio le dijo a la Corte Constitucional que estamos, básicamente, ante un complot para legalizar la decadencia. Según el concepto “técnico”, la demanda que busca la despenalización total en realidad es un intento de “que se permita hacer uso del aborto sin límite alguno” por parte de las personas que, por no planificar, sacrificarán una vida “para corregir un error en el que incurrieron dos adultos al actuar de forma irresponsable”.
Es válido tener posturas con base en la religión. También es entendible, aunque equivocado, oponerse al aborto sobre bases morales. Lo que resulta inaceptable, y más de parte del Ministerio técnico encargado de la salud de todas las colombianas, es que se promuevan mentiras como que la interrupción voluntaria del embarazo es un asunto de “irresponsabilidad”. Eso es apelar a los prejuicios. No, el aborto nunca es un método anticonceptivo.
La posición es tan irrisoria, que el mismo Ministerio de Salud ha tenido, durante años, una definición de métodos anticonceptivos que excluye al aborto. En su página oficial se habla de los mecanismos utilizados, todos para evitar la concepción. El aborto, por pura lógica, ocurre después de la concepción. La Organización Mundial de la Salud ha sido clara al respecto. ¿Por qué, entonces, estigmatizar a las mujeres que desean interrumpir sus embarazos? La evidencia demuestra que nunca se trata de un capricho, así el Ministerio de Salud lo quiera ahora hacer pasar como tal.
El Ministerio dice que no hay argumentos para la despenalización total, pero su utilización de prejuicios con base en desinformación demuestra todo lo contrario. Queda claro que las mujeres tienen seriamente limitado su derecho al aborto, que el Gobierno no está interesado en que puedan ejercer autonomía sobre sus cuerpos y que el mensaje desde el Ejecutivo se alinea con el extremismo religioso. El resultado es que se fomenta el terror entre quienes desean abortar, llevándolas a procedimientos inseguros y a aumentar la mortalidad y morbilidad maternas.
La Corte debe ver la realidad fáctica y ser coherente con las promesas de la Constitución. No hay motivos para mantener la penalización parcial a menos que la intención sea seguir limitando los derechos de las mujeres. Para protegerlas, para garantizar la salud pública y para tener un país donde las instituciones no entren en una guerra de desinformación contra sus ciudadanas, es momento de la despenalización total del aborto y dejar que las mujeres decidan libremente.
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