Desminado sin condiciones

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Esto, al final, no hace sino afectar el proceso de paz que se adelanta en Cuba. Por ello es condenable que las Farc salgan a ponerle condiciones al desminado humanitario. Esta semana Henry Castellanos Garzón, alias Romaña, uno de los negociadores de las Farc, dijo que “si la extracción de todo ese material tiene como propósito la tranquila llegada de las tropas, del paramilitarismo y las bandas criminales, nada se habrá conseguido. Sí es así no más, es mejor dejar todo quieto”. 

 

Unas declaraciones lamentables porque, de nuevo, suena a excusa, a condicionamiento (un poco ya por fuera del margen de una negociación seria) para no comprometerse de lleno con un tema tan sensible. Y, segundo, porque da a entender que las minas fueron sembradas, exclusivamente, para tener al margen a sus enemigos y no, como sabemos, para intimidar poblaciones y ejercer dominio en un territorio. 

 

¿Dónde queda la cantidad de minas sembradas alrededor de las escuelas y otras instalaciones civiles? ¿Y la cantidad de minas sembradas para proteger cultivos ilegales? De 11.127 personas afectadas por minas antipersonales, 4.263 son civiles. Este año, de 70 personas heridas o muertas por cuenta de estos artefactos, 36 eran civiles, casi siempre campesinos que nada tienen que ver con el conflicto.

 

El mismo Romaña lo reconoce, a renglón seguido, en su declaración: “No se trata simplemente de que sean extraídas de los cerros aledaños unas minas o unos restos de explosivos de guerra, sino de una efectiva restauración de derechos de las comunidades en términos de movilidad, esparcimiento, acceso a vías terrestres y uso productivo de la tierra. De la garantía de que no volverán a repetirse ninguno de los factores que atentan contra su beneficio económico y social. Como dicen ellas mismas”. Entonces, ¿para qué ponerse con aspavientos? Lastimosamente las Farc se han acostumbrado a hacer declaraciones a veces contrarias con lo que ellas mismas dicen. Más seriedad, por favor. 

 

Con una adenda: las Farc tienen que aclarar cuál es su relación con las bandas criminales. Porque mientras en público se refieren a ellas como sus enemigos, hay informes diciendo que, en muchas regiones del país, se han aliado con ellas para el negocio del narcotráfico e, incluso, para atentar contra la población. Nada de esto implica que el Gobierno no tenga el deber de combatir, con firmeza, a las bandas criminales, las mayores violadoras de derechos humanos en Colombia en este momento. Por supuesto que debe hacerlo, pero una cosa no excluye a la otra.

 

El desminado no es para fortalecer al clan Úsuga, sino para que las comunidades puedan, por fin, andar con calma por su propio territorio. Entonces, antes de echar para atrás los primeros pasos, lo que hay que hacer es avanzar en el desminado. Algo como el desminado humanitario hay que pensarlo en términos de paz, no de guerra.

 

 

 

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Esto, al final, no hace sino afectar el proceso de paz que se adelanta en Cuba. Por ello es condenable que las Farc salgan a ponerle condiciones al desminado humanitario. Esta semana Henry Castellanos Garzón, alias Romaña, uno de los negociadores de las Farc, dijo que “si la extracción de todo ese material tiene como propósito la tranquila llegada de las tropas, del paramilitarismo y las bandas criminales, nada se habrá conseguido. Sí es así no más, es mejor dejar todo quieto”. 

 

Unas declaraciones lamentables porque, de nuevo, suena a excusa, a condicionamiento (un poco ya por fuera del margen de una negociación seria) para no comprometerse de lleno con un tema tan sensible. Y, segundo, porque da a entender que las minas fueron sembradas, exclusivamente, para tener al margen a sus enemigos y no, como sabemos, para intimidar poblaciones y ejercer dominio en un territorio. 

 

¿Dónde queda la cantidad de minas sembradas alrededor de las escuelas y otras instalaciones civiles? ¿Y la cantidad de minas sembradas para proteger cultivos ilegales? De 11.127 personas afectadas por minas antipersonales, 4.263 son civiles. Este año, de 70 personas heridas o muertas por cuenta de estos artefactos, 36 eran civiles, casi siempre campesinos que nada tienen que ver con el conflicto.

 

El mismo Romaña lo reconoce, a renglón seguido, en su declaración: “No se trata simplemente de que sean extraídas de los cerros aledaños unas minas o unos restos de explosivos de guerra, sino de una efectiva restauración de derechos de las comunidades en términos de movilidad, esparcimiento, acceso a vías terrestres y uso productivo de la tierra. De la garantía de que no volverán a repetirse ninguno de los factores que atentan contra su beneficio económico y social. Como dicen ellas mismas”. Entonces, ¿para qué ponerse con aspavientos? Lastimosamente las Farc se han acostumbrado a hacer declaraciones a veces contrarias con lo que ellas mismas dicen. Más seriedad, por favor. 

 

Con una adenda: las Farc tienen que aclarar cuál es su relación con las bandas criminales. Porque mientras en público se refieren a ellas como sus enemigos, hay informes diciendo que, en muchas regiones del país, se han aliado con ellas para el negocio del narcotráfico e, incluso, para atentar contra la población. Nada de esto implica que el Gobierno no tenga el deber de combatir, con firmeza, a las bandas criminales, las mayores violadoras de derechos humanos en Colombia en este momento. Por supuesto que debe hacerlo, pero una cosa no excluye a la otra.

 

El desminado no es para fortalecer al clan Úsuga, sino para que las comunidades puedan, por fin, andar con calma por su propio territorio. Entonces, antes de echar para atrás los primeros pasos, lo que hay que hacer es avanzar en el desminado. Algo como el desminado humanitario hay que pensarlo en términos de paz, no de guerra.