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El Gobierno de Juan Manuel Santos debería invertir el poco oxígeno que le queda en pleno año electoral para avanzar drásticamente en la implementación del Acuerdo de La Habana. Un informe presentado ayer reitera un diagnóstico ya conocido, pero no por ello irrelevante: 2017 no fue el año de la paz y son demasiadas las deudas con lo pactado. Sin una intervención vehemente, Colombia podría estar perdiendo una oportunidad histórica para reparar a las víctimas y corregir las raíces de la desigualdad, especialmente en las zonas rurales.
Según el Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz (OIAP), el proceso de implementación en las normas y en la práctica de lo pactado en La Habana va en 18,3 %. Desde octubre del año pasado, cuando presentó un informe similar, sólo se ha avanzado 0,3 %. Vamos mal, muy lento y, peor aún, no parece que la cosa mejore en este año de políticos distraídos por la campaña electoral.
Dentro del diagnóstico, la OIAP argumenta una posición que compartimos: el mecanismo del fast track no estuvo a la altura del reto histórico. De 24 iniciativas presentadas, sólo se aprobaron diez. Además, aunque en teoría el Congreso regresará a seguir discutiendo las reformas pertinentes al Acuerdo, es apenas lógico esperar que muchos parlamentarios continúen con su irresponsabilidad del año pasado. ¿Cómo convencerlos de la importancia de pisar el acelerador sobre los acuerdos si en la arena electoral es tan rentable hablar mal de la paz y del Gobierno?
Lo más preocupante del informe, no obstante, es que Colombia les está fallando a las víctimas, especialmente a aquellas que se encuentran en zonas rurales. En efecto, el Congreso no discutió la Reforma Rural Integral. Tampoco se avanzó en la constitución del prometido Fondo de Tierras con tres millones de hectáreas, ni en la formalización de la propiedad de siete millones de hectáreas, ni en la realización del catastro multipropósito. Eso, por cierto, afecta transversalmente el Acuerdo, porque, como lo explica la OIAP, “no es posible sustituir eficazmente cultivos de uso ilícito (punto 4 del Acuerdo) sin asumir la transformación estructural del campo, las iniciativas para cerrar las brechas entre campo y ciudad y la creación de condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural en las zonas más afectadas por el conflicto que contempla el punto 1 del Acuerdo”.
La violencia que se está presentando en zonas marginadas del país tiene mucho que ver con esta incapacidad del Estado para reformarse y dar oportunidades genuinas. Es una lástima que estos debates, tan importantes, se hayan degenerado en el Congreso, donde se busca cualquier excusa para entorpecer el Acuerdo. Todo el problema de las circunscripciones de paz, que buscaban darles representación a las víctimas, es un ejemplo. Y ni hablar de lo que ocurrió con la reforma política, a la cual le quitaron todos los dientes hasta que decidieron sepultarla sin ningún tipo de consideración.
El 2018 no puede ser el año de las oportunidades perdidas. Por eso, el llamado es a que el Gobierno queme sus últimos cartuchos decididamente por la paz. Será difícil por culpa de su baja popularidad y de un parlamento disperso, pero es lo que Colombia necesita. Si las organizaciones de víctimas a lo largo y ancho del país siguen comprometidas con lo pactado, no les podemos fallar por el cortoplacismo político tan común en Bogotá. Todavía hay tiempo.
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