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Haití, el país más pobre del continente, continúa viviendo una situación desesperada. A los graves problemas de pobreza, salud, educación y corrupción se suman la violencia y la falta de un gobierno estable. Hace unos días fueron asesinadas en tres días, a sangre fría, cerca de 180 personas en una barriada de Puerto Príncipe. El país parece olvidado por la comunidad internacional.
Desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, en 2021, Haití ha estado a la deriva. No se ha podido llamar a elecciones debido a la profunda división entre los sectores dominantes, mientras en las calles la ausencia del Estado la suplen bandas criminales, que son el verdadero poder. Jimmy Barbecue Chérizier, líder de un grupo grande de pandillas, ha sembrado el terror a su antojo y ha puesto en jaque a las autoridades. Mientras no haya posibilidad de contar con un ejército o una policía profesional, con control territorial, difícilmente va a mermar la influencia de este tipo de agrupaciones.
Algo similar sucede con Micanor Altès, jefe de otra pandilla criminal, quien ordenó el asalto a Wharf Jérémie, una zona de Cité Soleil, la barriada más pobre de la capital. Altès culpó a personas de la tercera edad de estar detrás de los rituales de vudú que cree acabaron con la vida de su hijo. El 9 y 10 de diciembre, sus hombres atacaron el barrio, asesinaron, mutilaron y prendieron fuego a las víctimas, así como a sus viviendas. El 11, ante la acusación de que los sobrevivientes habían dado declaraciones a los periódicos, llevaron a cabo una nueva masacre en la que fallecieron 50 personas más. Aunque Naciones Unidas habla de 180 personas asesinadas, hay versiones que acercan esa cifra a las 300.
Haití tiene cerca de doce millones de habitantes. Más del 40 % viven en pobreza extrema, tiene una de las tasas más altas de desigualdad de ingresos del mundo y cerca de la mitad de las personas tiene dificultades para alimentarse. Esto ha llevado a un flujo migratorio, en especial hacia República Dominicana, así como a los Estados Unidos y Canadá. El Gobierno dominicano ha repatriado de manera permanente a miles de haitianos que están en situación irregular. En estas deportaciones masivas, desde octubre han sido devueltas a Haití unas 41.000 personas, lo que ha generado una solicitud formal para que se detengan las expulsiones debido al recrudecimiento de la violencia. Con Estados Unidos se presenta una situación similar. Todo indica que el nuevo gobierno de Donald Trump terminará con el TPS (Estatus de Protección Temporal, por sus siglas en inglés) que beneficia a unos 50.000 haitianos. En este año se calcula que 5.000 haitianos han sido asesinados en medio de la violencia.
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha solicitado ayuda logística y financiera para la misión encabezada por Kenia. También se ha estudiado la posibilidad del envío de una fuerza de paz, pero Rusia y China se han opuesto en el Consejo de Seguridad. Mientras tanto, el Gobierno de transición anunció que “el sacrificio de estas almas no será en vano”. Este es el tamaño de la tragedia de un país que parece no importarle a nadie, a pesar de la gravedad de su situación.
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