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La carta del excanciller Álvaro Leyva no puede desestimarse con un simple mensaje en X ni con estrategias de desprestigio en contra de la persona que la escribe. Tampoco podemos caer en la trampa de convertir la política nacional en un intercambio de rumores sobre las vidas privadas de sus protagonistas. Todos los servidores públicos tienen el derecho constitucional a su privacidad. Con todo, el presidente de la República, Gustavo Petro, nunca se ha tomado en serio las voces que le piden responsabilidad no solo en el manejo de su agenda como mandatario, sino en la necesidad de dar explicaciones transparentes sobre su estado de salud. Todos los presidentes deberían, aunque la ley no los obliga, contarle al país sobre situaciones que puedan afectar su criterio o su capacidad de cumplir con los deberes constitucionales. Con acusaciones tan graves sobre la mesa, se equivocan quienes quieren enfocar todo esto en un simple asunto de “deslealtad”.
No fue la oposición, no fueron los medios de comunicación, no fue ni siquiera uno de los exfuncionarios que salieron peleados con el mandatario y que él ahora señala de haber sido un error nombrarlos. Fue Álvaro Leyva, quien en diciembre de 2023, cuando todavía era canciller, dijo entre gritos: “Yo soy el único que cuida al presidente”. Por más que los miembros del Pacto Histórico y del petrismo busquen atacar sus motivaciones, su edad o sus credenciales en la izquierda, y por más que el mismo presidente le reste importancia a su rol, la realidad es que quien prendió las alarmas fue un testigo de primera mano de lo que ha ocurrido (y dejado de ocurrir) en la Casa de Nariño. Que una persona así le diga al país que tiene serias preocupaciones sobre la salud del presidente, y deje entrever que se les han ocultado situaciones a los colombianos en las que el mandatario habría faltado a sus funciones, necesita responderse con seriedad.
Aquí el asunto no es si en París ocurrió una u otra cosa, sino que las ausencias presidenciales siempre se han tratado con opacidad. El “Gobierno del cambio” ha sido poco transparente y solo da explicaciones, a medias y con hostilidad, cuando está contra las cuerdas. Ocurrió también con la posible cirugía estética del mandatario la última semana: ¿por qué no se delegó a nadie mientras estuvo bajo sedación? Esto muestra cómo la línea entre lo personal y lo público se desdibuja: la vida privada del presidente solo nos importa en cuanto tiene que ver con sus responsabilidades.
Sí, no hay una ley que exija, por ejemplo, hacer divulgación de exámenes médicos en situaciones específicas. Debería haberla no solo para este presidente, sino para todos los servidores públicos que ocupan cargos de tan alto nivel. Cuando haya dudas, la respuesta debe ser la honestidad. ¿Se trata de una reducción del derecho a la privacidad? Sí, por supuesto, pero ese es el costo de ser presidente de la República. En la ponderación de derechos y deberes, nos parece razonable. Un cargo tan demandante no tiene espacios en los que el mandatario deje de serlo durante su periodo de gobierno; lo que lo afecte seriamente tiene el potencial de afectar a los colombianos.
En el caso del presidente Petro, las acusaciones son tan graves, que necesitan más que una respuesta juguetona en su cuenta de X. Destruir al mensajero, en este caso el excanciller, no va a responder las preguntas.
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