La discusión sobre el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) es al final un escenario más para el debate sobre cómo reformar el sistema de salud. Mientras los principales actores del sistema piden ser escuchados y que haya consideraciones para un aumento mucho más allá de la inflación, el Gobierno se planta en sus cuentas argumentando que hay sobrecostos que incluso merecen investigaciones penales y que todo se debe al hundimiento de la ley de financiamiento. La solución a corto plazo es tener un incremento más razonable, aunque parece improbable aspirar a uno tan alto como el que se ha solicitado. Pero no se puede seguir eludiendo la pregunta de fondo: ¿cómo vamos a determinar qué se financia y qué no en un país con recursos públicos finitos?
El Gobierno decretó un aumento del 5,36 % en la UPC para este año. En entrevista con El Espectador, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, explicó que “la inflación para este año se estima en alrededor del 3 %; es decir, va a haber un aumento real de más o menos el 3 %. Nosotros hemos encontrado que es suficiente”. Sin embargo, representantes de las EPS, los empresarios, los pacientes y la academia han dicho que ese aumento no es suficiente porque los gastos en salud aumentan considerablemente más que la inflación promedio y en respuesta a múltiples factores. En eso tienen razón. Un sistema asfixiado, con deudas tan grandes e intervenido necesita recursos. Y es muy llamativo, por ejemplo, que para el cálculo de la UPC se excluyera a la Nueva EPS, la más grande del país y actualmente bajo el mando del Gobierno, por no presentar los datos adecuadamente. ¿No se suponía que la intervención iba a garantizar una mejora en todos los procesos?
La mención a las EPS intervenidas no es gratuita. El Gobierno Petro sigue dando el debate en lo ideológico mientras da portazos en el día a día del mantenimiento del sistema actual. Con un añadido: la reforma al sistema no cambiaría la realidad de que la UPC no alcanza para cubrir las necesidades de los colombianos. Si es cierto que las cifras de las EPS están infladas, no basta con pedir investigaciones; hay que mostrarle al país dónde y de cuánto es el derroche. Sin esa claridad, nos quedamos en el intercambio de señalamientos y entre tanto no hay posibilidad de concertación. El ministro Jaramillo dijo en la entrevista que realizó “17 mesas en el 2023. 17 reuniones para hablar de todo esto. Pero es que no aceptan las cosas”. En otras palabras, que toca imponer la UPC a las malas porque no apoyan su visión.
Dicho lo anterior, la consideración económica es clave. Se pide un aumento del 16 %, pero el ministro explica que para ello “hay que hacer una nueva reforma tributaria. Cada punto representa $1 billón al día de hoy”. Aquí se mezclan dos puntos: por un lado, que el Gobierno no puede mencionar su ley de financiamiento como razón para desfinanciar el sistema de salud y, por el otro, que un aumento del 16 % es irreal dado el estado actual de las finanzas públicas. Ahora que el ministro abrió la puerta para incrementar el monto, los actores del sistema deben tomarle la palabra y también ceder para que haya acuerdo.
Con todo, pase lo que pase, el sistema continuará asfixiado. Para que no estemos todos los años en esta conversación, se requiere una reforma estructural y una respuesta a los límites a lo que se puede autorizar. No es popular, por lo que seguramente no ocurrirá, pero es necesario.
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La discusión sobre el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) es al final un escenario más para el debate sobre cómo reformar el sistema de salud. Mientras los principales actores del sistema piden ser escuchados y que haya consideraciones para un aumento mucho más allá de la inflación, el Gobierno se planta en sus cuentas argumentando que hay sobrecostos que incluso merecen investigaciones penales y que todo se debe al hundimiento de la ley de financiamiento. La solución a corto plazo es tener un incremento más razonable, aunque parece improbable aspirar a uno tan alto como el que se ha solicitado. Pero no se puede seguir eludiendo la pregunta de fondo: ¿cómo vamos a determinar qué se financia y qué no en un país con recursos públicos finitos?
El Gobierno decretó un aumento del 5,36 % en la UPC para este año. En entrevista con El Espectador, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, explicó que “la inflación para este año se estima en alrededor del 3 %; es decir, va a haber un aumento real de más o menos el 3 %. Nosotros hemos encontrado que es suficiente”. Sin embargo, representantes de las EPS, los empresarios, los pacientes y la academia han dicho que ese aumento no es suficiente porque los gastos en salud aumentan considerablemente más que la inflación promedio y en respuesta a múltiples factores. En eso tienen razón. Un sistema asfixiado, con deudas tan grandes e intervenido necesita recursos. Y es muy llamativo, por ejemplo, que para el cálculo de la UPC se excluyera a la Nueva EPS, la más grande del país y actualmente bajo el mando del Gobierno, por no presentar los datos adecuadamente. ¿No se suponía que la intervención iba a garantizar una mejora en todos los procesos?
La mención a las EPS intervenidas no es gratuita. El Gobierno Petro sigue dando el debate en lo ideológico mientras da portazos en el día a día del mantenimiento del sistema actual. Con un añadido: la reforma al sistema no cambiaría la realidad de que la UPC no alcanza para cubrir las necesidades de los colombianos. Si es cierto que las cifras de las EPS están infladas, no basta con pedir investigaciones; hay que mostrarle al país dónde y de cuánto es el derroche. Sin esa claridad, nos quedamos en el intercambio de señalamientos y entre tanto no hay posibilidad de concertación. El ministro Jaramillo dijo en la entrevista que realizó “17 mesas en el 2023. 17 reuniones para hablar de todo esto. Pero es que no aceptan las cosas”. En otras palabras, que toca imponer la UPC a las malas porque no apoyan su visión.
Dicho lo anterior, la consideración económica es clave. Se pide un aumento del 16 %, pero el ministro explica que para ello “hay que hacer una nueva reforma tributaria. Cada punto representa $1 billón al día de hoy”. Aquí se mezclan dos puntos: por un lado, que el Gobierno no puede mencionar su ley de financiamiento como razón para desfinanciar el sistema de salud y, por el otro, que un aumento del 16 % es irreal dado el estado actual de las finanzas públicas. Ahora que el ministro abrió la puerta para incrementar el monto, los actores del sistema deben tomarle la palabra y también ceder para que haya acuerdo.
Con todo, pase lo que pase, el sistema continuará asfixiado. Para que no estemos todos los años en esta conversación, se requiere una reforma estructural y una respuesta a los límites a lo que se puede autorizar. No es popular, por lo que seguramente no ocurrirá, pero es necesario.
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