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Las últimas noticias sobre el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) siguen apuntando a que todavía no hemos comprendido de manera integral lo que ocurrió. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia habría llegado a una conclusión que debe causar preocupación en el país entero y genera aun más preguntas. Según el alto tribunal, la Unidad sí se utilizó para negociar votos de congresistas a cambio de apoyar al Gobierno nacional de Gustavo Petro en las comisiones económicas. Con la compulsa de copias para investigar a personas que ostentaron altos cargos en la Casa de Nariño, la labor del tribunal y de la Fiscalía cobra aún más urgencia.
La última vez que discutimos el escándalo de la UNGRD, lo hicimos para pedirle a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia, que enfrente a la justicia respetando a las instituciones con su presencia en Colombia. La ocasión era la orden de captura en su contra en medio del proceso que se adelanta; sin embargo, al cierre de esta edición, sigue prófugo, mientras que otras personas han empezado a llegar acuerdos con la justicia. La exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, ha aportado testimonios que tienen en vísperas de ser imputado al exministro Ricardo Bonilla. Ahora sabemos que son muchos más los que están en la mira de la justicia.
Los avances de la Corte Suprema de Justicia tienen dos partes importantes. La primera es lo relacionado con el Gobierno Petro. Además de mencionar el posible involucramiento de Bonilla y González, el tribunal también pidió investigar a Guillermo Jaramillo, ministro de Salud; Diego Guevara, exministro de Hacienda; Gloria Inés Ramírez, exministra de Trabajo; Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, y al exministro de las TIC, Mauricio Lizcano. Todos han insistido en su inocencia y tienen derecho al debido proceso. El problema está en que si la Corte concluyó que hubo compra de votos, deben caer tanto quienes ofrecieron como quienes aceptaron.
Lo que nos lleva a la segunda parte importante. Para el tribunal, los seis miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CIDP) habrían incurrido en delitos. Los involucrados son los representantes Wadith Manzur (Conservador), Karen Manrique (Curul de Paz), Juan Diego Muñoz (Alianza Verde) y Julián Peinado (Liberal), y los senadores Liliana Bitar (Conservador) y Juan Pablo Gallo (Liberal). Benavides aportó chats en los que muestra, por ejemplo, que Bitar le habría dado un regalo. Hace unas semanas, El Espectador publicó otra conversación en la que Manzur le dice a la exasesora del Ministerio, entre otras cosas, que “el miércoles hay sesión y, cuando las cosas no salgan, no digan después que uno es problemático”. Según publicación de la W, la Corte dice que “los sindicados en calidad de congresistas y miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público habrían aceptado promesa remuneratoria por el cumplimiento de una función asesora que les asigna la ley”.
Debemos insistir: aún no hay decisiones de fondo en los casos que comentamos, pero la justicia sí ha aceptado preacuerdos y condenado a varias personas que orbitan todo el escándalo. Es fundamental, entonces, que el proceso siga con celeridad, que pronto se sepa si hubo responsabilidad o no de todos los mencionados y que las Cortes le cuenten al país la historia completa. En medio de una campaña electoral, este caso será instrumentalizado mientras persisten tantas dudas.
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