Todos los involucrados en el (posible y casi seguro) hundimiento de la reforma laboral necesitan moderar el lenguaje. También llevar a cabo una reflexión sobre la manera en que están alimentando la crisis institucional del momento. El grupo de ocho senadores que en la Comisión Séptima del Senado decidieron tirar por la borda uno de los proyectos insignia del gobierno de Gustavo Petro le están haciendo un mal servicio al país. Por su parte, el presidente de la República, en su entendible indignación, no puede lanzar amenazas veladas de violencia al tiempo que convoca a sus partidarios a defenderlo en la calle. A su vez, los comentaristas y políticos que ven en las consultas populares un supuesto golpe de Estado o acto autoritario harían bien en, por lo menos, leer la Constitución antes de lanzarle más leña al fuego de la polarización nacional.
Los ocho senadores no pueden pasar de agache en esta discusión. “Consideramos que es inconveniente para Colombia”, dijeron al explicar su solicitud de archivo, y argumentaron que “esta es una decisión de carácter técnico, no político”. Sí, esos son los argumentos que un sector ha dado sobre la reforma laboral, pero por eso mismo es justo que el Senado en pleno tenga la posibilidad de llevar adelante la discusión. Si hay artículos por mejorar, se puede hacer. Pero archivarlo de entrada, tras su aprobación en Cámara, contrario a lo que señala el grupo de senadores, se siente más como un reto a la Presidencia y como un acto de vil carácter político. Lo que buscan los ocho es sacar pecho por bloquear al Gobierno, no por salvar al país. Independendencia no es degradar, o eludir, el debate. Por más polémica que sea la reforma, y quizá por eso mismo el debate debe ser mucho más transparente.
Exageran también quienes ven en el llamado a las consultas populares un acto autoritario. No, precisamente para solucionar nudos es que la Constitución puso a convivir la democracia directa con la representativa. La Casa de Nariño no está haciendo nada por fuera de las reglas del juego, está recuperando una manera de participación de los ciudadanos. Quienes plantean un apocalipsis institucional, al igual que los ocho senadores, parecen más bien buscando réditos políticos.
Necesitamos, eso sí, que haya mucho cuidado en cómo se convoca la consulta y se compagina con la campaña a Congreso y a presidente que ha comenzado de manera prematura. En Presidencia tenían mucho interés de poder intervenir en política y, como dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, les “dieron papaya”. El problema es que cuando un gobierno interviene en medio de las elecciones puede cruzar líneas que llevan a abusos de la democracia. Hay que tener mucho cuidado.
Otro punto importante es que la Casa de Nariño no se ha comportado a la altura de sus propias responsabilidades. Decir que el Congreso no le ha aprobado nada es irrespetar la realidad. Más aún que el presidente utilice un lenguaje hostil, hablando de una posible violencia, no hace más que caldear los ánimos. Ya hemos dedicado muchas veces este espacio a pedir lo mismo: presidente, recuerde que cuando le habla al país no lo hace como un bodeguero de X, sino como un servidor público en la cabeza del Estado.
Lo prudente, ahora, será vigilar que la participación en política durante la consulta popular no rompa con el equilibrio de poderes ni sea una oportunidad para influir en las elecciones libres en 2026. Más allá de eso, estamos viendo el desenlace quizá lógico de dos ramas del poder con poco interés en dialogar entre sí. Y en esas, como siempre, pierde el país.
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Todos los involucrados en el (posible y casi seguro) hundimiento de la reforma laboral necesitan moderar el lenguaje. También llevar a cabo una reflexión sobre la manera en que están alimentando la crisis institucional del momento. El grupo de ocho senadores que en la Comisión Séptima del Senado decidieron tirar por la borda uno de los proyectos insignia del gobierno de Gustavo Petro le están haciendo un mal servicio al país. Por su parte, el presidente de la República, en su entendible indignación, no puede lanzar amenazas veladas de violencia al tiempo que convoca a sus partidarios a defenderlo en la calle. A su vez, los comentaristas y políticos que ven en las consultas populares un supuesto golpe de Estado o acto autoritario harían bien en, por lo menos, leer la Constitución antes de lanzarle más leña al fuego de la polarización nacional.
Los ocho senadores no pueden pasar de agache en esta discusión. “Consideramos que es inconveniente para Colombia”, dijeron al explicar su solicitud de archivo, y argumentaron que “esta es una decisión de carácter técnico, no político”. Sí, esos son los argumentos que un sector ha dado sobre la reforma laboral, pero por eso mismo es justo que el Senado en pleno tenga la posibilidad de llevar adelante la discusión. Si hay artículos por mejorar, se puede hacer. Pero archivarlo de entrada, tras su aprobación en Cámara, contrario a lo que señala el grupo de senadores, se siente más como un reto a la Presidencia y como un acto de vil carácter político. Lo que buscan los ocho es sacar pecho por bloquear al Gobierno, no por salvar al país. Independendencia no es degradar, o eludir, el debate. Por más polémica que sea la reforma, y quizá por eso mismo el debate debe ser mucho más transparente.
Exageran también quienes ven en el llamado a las consultas populares un acto autoritario. No, precisamente para solucionar nudos es que la Constitución puso a convivir la democracia directa con la representativa. La Casa de Nariño no está haciendo nada por fuera de las reglas del juego, está recuperando una manera de participación de los ciudadanos. Quienes plantean un apocalipsis institucional, al igual que los ocho senadores, parecen más bien buscando réditos políticos.
Necesitamos, eso sí, que haya mucho cuidado en cómo se convoca la consulta y se compagina con la campaña a Congreso y a presidente que ha comenzado de manera prematura. En Presidencia tenían mucho interés de poder intervenir en política y, como dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, les “dieron papaya”. El problema es que cuando un gobierno interviene en medio de las elecciones puede cruzar líneas que llevan a abusos de la democracia. Hay que tener mucho cuidado.
Otro punto importante es que la Casa de Nariño no se ha comportado a la altura de sus propias responsabilidades. Decir que el Congreso no le ha aprobado nada es irrespetar la realidad. Más aún que el presidente utilice un lenguaje hostil, hablando de una posible violencia, no hace más que caldear los ánimos. Ya hemos dedicado muchas veces este espacio a pedir lo mismo: presidente, recuerde que cuando le habla al país no lo hace como un bodeguero de X, sino como un servidor público en la cabeza del Estado.
Lo prudente, ahora, será vigilar que la participación en política durante la consulta popular no rompa con el equilibrio de poderes ni sea una oportunidad para influir en las elecciones libres en 2026. Más allá de eso, estamos viendo el desenlace quizá lógico de dos ramas del poder con poco interés en dialogar entre sí. Y en esas, como siempre, pierde el país.
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