El aborto legal

Es curioso, por decir lo menos, que, al terminar una semana llena de cuestionamientos para la Fiscalía, el ente de control haya anunciado este viernes la imputación de cargos contra una reconocida actriz y cantante por abortar. La atención no puede permitirse olvidar que el fiscal, Eduardo Montealegre, no ha dado respuestas claras y convincentes sobre la utilización de recursos públicos en asesorías con beneficios difusos.

Pero, además de la coincidencia, preocupa el manejo que se le ha dado al caso, desde cómo se llegó al conocimiento del aborto, pasando por la errada decisión de imputar cargos, hasta llegar a la decisión de publicar el nombre de la actriz, violando su derecho a la privacidad, y de cuestionar en público decisiones íntimas. Queda la amarga sensación con todo esto de que, en pleno siglo XXI, la Fiscalía quiere hacer una quema pública, propia de las cacerías de brujas de la Inquisición.

Es tragicómico que el ente de control se haya enterado del asunto gracias a las interceptaciones que realizó con ocasión del caso del hacker Andrés Sepúlveda. Aquella emblemática investigación, que prometió desenmascarar las tácticas ilegales que se utilizaron en la última campaña presidencial, terminó en el enjuiciamiento de una mujer que decidió ejercer su derecho a abortar. Sólo en Colombia...

Porque ese es el principal problema de este caso: la actriz imputada no cometió ningún delito; su situación se ampara por una de las causales de despenalización que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha venido desarrollando desde su sentencia hito en 2006. La salud mental de las mujeres es una causa legítima para interrumpir voluntariamente el embarazo. Lo sustentan los estudios médicos, como lo reiteró el ministro de Salud en su Twitter. El tema es claro.

No sobra preguntarse cómo es que la Fiscalía de Montealegre, un liberal que en varias ocasiones se ha manifestado a favor del derecho al aborto, siente ahora que es una prioridad perseguir ese supuesto delito. El ente de control, como eje de la ejecución de la política criminal, debería más bien convertirse en una voz que reitere lo que las mujeres han venido diciendo desde hace bastante tiempo: no hay motivos para perseguir a quien aborte. No, al menos y por ahora, si lo hace dentro de las causales permitidas en este país.

De hecho, esta atroz persecución, o cortina de humo, debería llevarnos antes bien a que por fin tomemos el tema como lo que es: un problema de salud pública que no se solucionó con la despenalización parcial. Al año, en Colombia abortan cerca de 400.000 mujeres, y sólo el 1% de esos procedimientos son legales. Si lo que pretendía la despenalización parcial era erradicar los abortos, el fracaso es rotundo. Pero además se ha generado un efecto perverso y dañino: estigmatizar a las mujeres que quieren decidir sobre su vida y sus cuerpos. Incluso aquellas que, como en este caso, lo hacen dentro de las causales permitidas.

Hoy en día, las mujeres pueden abortar de manera sencilla y segura. No hay motivos para condenarlas al silencio de los prejuicios. Otros países ya han legalizado con éxito la interrupción voluntaria del embarazo y, sin mucha sorpresa, se ha disminuido el número de abortos, de embarazos adolescentes, de criminalidad y de pobreza. También han dejado de perder mujeres víctimas de abortos inseguros.

Ojalá esta desafortunada cacería pública les sirva como recordatorio a nuestros legisladores, y al Gobierno, de la necesidad de tomarse en serio el tema y de adoptar medidas para la legalización total del aborto. No queremos más mujeres perseguidas ni juzgadas por hacer valer sus derechos.

Y no, no hemos olvidado que no tenemos aún respuestas convincentes sobre los contratos de la Fiscalía.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Es curioso, por decir lo menos, que, al terminar una semana llena de cuestionamientos para la Fiscalía, el ente de control haya anunciado este viernes la imputación de cargos contra una reconocida actriz y cantante por abortar. La atención no puede permitirse olvidar que el fiscal, Eduardo Montealegre, no ha dado respuestas claras y convincentes sobre la utilización de recursos públicos en asesorías con beneficios difusos.

Pero, además de la coincidencia, preocupa el manejo que se le ha dado al caso, desde cómo se llegó al conocimiento del aborto, pasando por la errada decisión de imputar cargos, hasta llegar a la decisión de publicar el nombre de la actriz, violando su derecho a la privacidad, y de cuestionar en público decisiones íntimas. Queda la amarga sensación con todo esto de que, en pleno siglo XXI, la Fiscalía quiere hacer una quema pública, propia de las cacerías de brujas de la Inquisición.

Es tragicómico que el ente de control se haya enterado del asunto gracias a las interceptaciones que realizó con ocasión del caso del hacker Andrés Sepúlveda. Aquella emblemática investigación, que prometió desenmascarar las tácticas ilegales que se utilizaron en la última campaña presidencial, terminó en el enjuiciamiento de una mujer que decidió ejercer su derecho a abortar. Sólo en Colombia...

Porque ese es el principal problema de este caso: la actriz imputada no cometió ningún delito; su situación se ampara por una de las causales de despenalización que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha venido desarrollando desde su sentencia hito en 2006. La salud mental de las mujeres es una causa legítima para interrumpir voluntariamente el embarazo. Lo sustentan los estudios médicos, como lo reiteró el ministro de Salud en su Twitter. El tema es claro.

No sobra preguntarse cómo es que la Fiscalía de Montealegre, un liberal que en varias ocasiones se ha manifestado a favor del derecho al aborto, siente ahora que es una prioridad perseguir ese supuesto delito. El ente de control, como eje de la ejecución de la política criminal, debería más bien convertirse en una voz que reitere lo que las mujeres han venido diciendo desde hace bastante tiempo: no hay motivos para perseguir a quien aborte. No, al menos y por ahora, si lo hace dentro de las causales permitidas en este país.

De hecho, esta atroz persecución, o cortina de humo, debería llevarnos antes bien a que por fin tomemos el tema como lo que es: un problema de salud pública que no se solucionó con la despenalización parcial. Al año, en Colombia abortan cerca de 400.000 mujeres, y sólo el 1% de esos procedimientos son legales. Si lo que pretendía la despenalización parcial era erradicar los abortos, el fracaso es rotundo. Pero además se ha generado un efecto perverso y dañino: estigmatizar a las mujeres que quieren decidir sobre su vida y sus cuerpos. Incluso aquellas que, como en este caso, lo hacen dentro de las causales permitidas.

Hoy en día, las mujeres pueden abortar de manera sencilla y segura. No hay motivos para condenarlas al silencio de los prejuicios. Otros países ya han legalizado con éxito la interrupción voluntaria del embarazo y, sin mucha sorpresa, se ha disminuido el número de abortos, de embarazos adolescentes, de criminalidad y de pobreza. También han dejado de perder mujeres víctimas de abortos inseguros.

Ojalá esta desafortunada cacería pública les sirva como recordatorio a nuestros legisladores, y al Gobierno, de la necesidad de tomarse en serio el tema y de adoptar medidas para la legalización total del aborto. No queremos más mujeres perseguidas ni juzgadas por hacer valer sus derechos.

Y no, no hemos olvidado que no tenemos aún respuestas convincentes sobre los contratos de la Fiscalía.

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