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La Corte Constitucional hizo lo correcto. En una votación de seis contra tres fue derrotada la ponencia de la magistrada Cristina Pardo que pretendía establecer un límite innecesario y peligroso para interrumpir voluntariamente los embarazos. Con más de 15 decisiones reiterando que en Colombia el aborto es un derecho, ¿por qué las EPS siguen inventándose trabas para afectar la salud de las mujeres? ¿Por qué, además, el Congreso de la República sigue haciéndose el desentendido con un tema de vital importancia?
La ponencia de Pardo buscaba limitar el aborto después de la semana 24 de gestación. Según la magistrada, a partir de ese momento en el embarazo el feto tiene una vida viable por fuera del útero de la mujer. Los magistrados Carlos Bernal y Luis Guillermo Guerrero la apoyaron en esa idea.
Lo que no contaba la ponencia, no obstante, es que los casos de abortos que se presentan después de la semana 24 de gestación suelen estar determinados por un montón de factores preocupantes. Por ejemplo, es común que quienes llegan tan tarde al procedimiento sean mujeres de escasos recursos económicos, o que residen en áreas rurales, o que no han tenido la oportunidad de recibir suficiente información sobre sus derechos. También, como contó la abogada Mónica Roa, los casos que más llegan a los hospitales después de las 24 semanas son de incesto. ¿Queríamos, de verdad, que el Estado les diera la espalda a estas mujeres? ¿Su salud no importa?
Tenemos que repetir lo que los movimientos conservadores buscan negar: las mujeres no abortan por capricho.
Por fortuna, los magistrados Alejandro Linares, Alberto Rojas Ríos, Antonio José Lizarazo, Diana Fajardo, Gloria Stella Ortiz y José Fernando Reyes se opusieron a la ponencia y reiteraron la jurisprudencia de la Corte. Se trata de cosa juzgada. El aborto es un derecho de las colombianas.
Preocupa, entonces, que en la práctica sea tan complejo ejercerlo. Abundan las trabas administrativas de las EPS que utilizan cualquier excusa para dilatar los procesos y disuadir a las mujeres. También hay mucho desconocimiento entre el personal médico. Como dijo el magistrado Linares, “esas prácticas podrían llegar a constituir una violencia de género o un trato cruel o inhumano, de acuerdo con las recomendaciones que se han tenido en cuenta”.
¿Por qué la Superintendencia Nacional de Salud solo ha sancionado a tres EPS en estos 12 años de despenalización del aborto, cuando abundan las denuncias de trabas innecesarias? ¿Por qué, además, las EPS se sienten autorizadas para sabotear el ejercicio de este derecho? ¿Cómo pueden seguir ocurriendo casos de hospitales que se niegan en bloque a realizar los procedimientos?
Y en todo este debate, ¿seguirá el Congreso de la República pasando de agache? La Corte Constitucional lo instó, una vez más, a discutir y aprobar proyectos de ley que tengan en cuenta los derechos de las mujeres, que las protejan y busquen solucionar este problema de salud pública. Nos parece que ya es momento de discutir la despenalización total de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Habrá liderazgo en el parlamento?
Aparte de todo lo anterior, es preocupante la actitud que ha adoptado la magistrada Pardo después de su derrota. En entrevista con la W ayer, dijo que “con la decisión se manda un mensaje dramático a la población con discapacidad (pues es una) autorización a un aborto de discapacidad”. Esa interpretación, además de incorrecta, busca encender la indignación de los colombianos de manera irresponsable.
La decisión de la mayoría de la Corte Constitucional no cambia en ningún momento los parámetros que permiten un aborto, entre los cuales no se incluye la discapacidad. El caso particular que se estudió, por cierto, invocaba como causal la salud de la mujer embarazada, no las malformaciones del feto.
Necesitamos debates más justos en temas tan complejos.
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