Para el ruido que hicieron los promotores del No en el plebiscito por la paz de 2016, porque los acuerdos de La Habana iban a entregarles el país a los miembros de las FARC, es elocuente el silencio sobre ese fantasma después de varias elecciones en las cuales los excombatientes han participado. Los resultados del domingo pasado son una muestra más de dos realidades que debemos tener presentes ahora que el Gobierno de Gustavo Petro está surfeando las olas de una posible “paz total”. La primera es que el Acuerdo de Paz no permitió que las FARC se tomaran el poder: todo lo contrario, siete años después el Partido Comunes no ha podido ganar apoyo popular. La segunda es que es preferible tramitar las diferencias por vía democrática que utilizando la violencia.
En las elecciones que acaban de pasar, 144 firmantes de paz aspiraron a cargos de elección popular, cuatro de ellos a alcaldías. Uno obtuvo la Alcaldía de Cumaribo, en Vichada, el municipio más grande del país con 65.000 km² (40 veces el área metropolitana de Bogotá). Esta victoria es simbólica, pues pese a haber sido uno de los escenarios de la violencia de las FARC durante el conflicto, hoy sus pobladores eligieron a un excombatiente que le apostó al camino de la paz, Armel Caracas. Siendo parte de la coalición del Pacto Histórico, partido que hoy tiene la Presidencia de Colombia, se envía el mensaje a todos los alzados en armas de que la vía democrática es la única respuesta. El Estado colombiano no solo cumplió esa promesa, sino que hoy es común ver a los ex-FARC hacer política dentro de la legalidad. Si eso no es un triunfo del Acuerdo, tenemos las prioridades mal asignadas.
De hecho, el problema sigue siendo la violencia contra los firmantes de paz. Perseguidos por las disidencias y grupos de narcotraficantes, ya van más de 400 excombatientes asesinados desde 2016. El domingo pasado, en el municipio de San Antonio (Tolima), fue asesinado el excombatiente Cenober Aguiar Mayor y en la tarde del viernes también fue asesinado Jaime Luis Díaz, candidato al Concejo de Chalán (Sucre). Lo que necesitamos es un Estado que sea capaz de proteger a quienes le apostaron a la paz y le han cumplido al país. La tragedia no puede seguir siendo la norma y menos si, en un futuro cercano, esperamos tener nuevos procesos de desmovilización y reinserción.
Volvemos a la supuesta idea de tomarse el país porque la evidencia prueba que se trató de un miedo infundado. Aun así, sigue calando en el debate público ante cualquier intento de paz. Desde líderes políticos hasta ciudadanos preocupados acusan a los procesos que se adelantan de querer llevar a un cogobierno, de sabotear a la Fuerza Pública, de sembrar caos y burlar la democracia. Lo que vemos es todo lo contrario. El país avanza cuando las personas dejan las armas y se enfrentan en las urnas. Celebramos que, contra los pronósticos apocalípticos, el Acuerdo de La Habana haya servido para ver a los ex-FARC compitiendo en las elecciones.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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En las elecciones que acaban de pasar, 144 firmantes de paz aspiraron a cargos de elección popular, cuatro de ellos a alcaldías. Uno obtuvo la Alcaldía de Cumaribo, en Vichada, el municipio más grande del país con 65.000 km² (40 veces el área metropolitana de Bogotá). Esta victoria es simbólica, pues pese a haber sido uno de los escenarios de la violencia de las FARC durante el conflicto, hoy sus pobladores eligieron a un excombatiente que le apostó al camino de la paz, Armel Caracas. Siendo parte de la coalición del Pacto Histórico, partido que hoy tiene la Presidencia de Colombia, se envía el mensaje a todos los alzados en armas de que la vía democrática es la única respuesta. El Estado colombiano no solo cumplió esa promesa, sino que hoy es común ver a los ex-FARC hacer política dentro de la legalidad. Si eso no es un triunfo del Acuerdo, tenemos las prioridades mal asignadas.
De hecho, el problema sigue siendo la violencia contra los firmantes de paz. Perseguidos por las disidencias y grupos de narcotraficantes, ya van más de 400 excombatientes asesinados desde 2016. El domingo pasado, en el municipio de San Antonio (Tolima), fue asesinado el excombatiente Cenober Aguiar Mayor y en la tarde del viernes también fue asesinado Jaime Luis Díaz, candidato al Concejo de Chalán (Sucre). Lo que necesitamos es un Estado que sea capaz de proteger a quienes le apostaron a la paz y le han cumplido al país. La tragedia no puede seguir siendo la norma y menos si, en un futuro cercano, esperamos tener nuevos procesos de desmovilización y reinserción.
Volvemos a la supuesta idea de tomarse el país porque la evidencia prueba que se trató de un miedo infundado. Aun así, sigue calando en el debate público ante cualquier intento de paz. Desde líderes políticos hasta ciudadanos preocupados acusan a los procesos que se adelantan de querer llevar a un cogobierno, de sabotear a la Fuerza Pública, de sembrar caos y burlar la democracia. Lo que vemos es todo lo contrario. El país avanza cuando las personas dejan las armas y se enfrentan en las urnas. Celebramos que, contra los pronósticos apocalípticos, el Acuerdo de La Habana haya servido para ver a los ex-FARC compitiendo en las elecciones.
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