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Se veía venir: el presidente Gustavo Petro anunció el incremento del precio de la gasolina para evitar que el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) se salga definitivamente de control. Es una decisión obligada para las finanzas del país, pero que inevitablemente afectará los bolsillos de millones de colombianos. En la gradualidad parecería estar la respuesta para balancear los costos.
El FEPC se creó en 2007 para proteger a los consumidores de la volatilidad de los precios del petróleo en el mercado internacional, cubriendo la diferencia entre los valores internacionales y los nacionales. En la práctica, eso significó que la gasolina en Colombia ha estado subsidiada por el Estado durante años, generando un déficit fiscal que a finales de 2022 rondará los $37 billones anuales, un hueco enorme que se debe tapar con plata del presupuesto nacional.
Si bien es un problema de vieja data que venía empeorando, la situación se agravó en el primer semestre de 2022, cuando el petróleo Brent alcanzó los 130 dólares el barril a causa de la invasión a Ucrania. Colombia decidió mantener los precios estables, o incluso a la baja, una medida que el gobierno de Iván Duque defendió para evitar una mayor inflación. En junio pasado, la administración saliente advirtió que el FEPC acumulaba un déficit insostenible y resaltó la necesidad de elevar los precios para aliviar el hueco fiscal. También trazó una ruta tentativa de incrementos graduales a lo largo de dos años en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2022, hasta cerrar la brecha entre el mercado interno y el externo.
De acuerdo con el MFMP, se calcula que el galón de la gasolina corriente en el país está $8.000 por debajo del precio internacional y el galón de diésel tiene una diferencia cercana a los $10.000. Mientras en el mercado internacional el galón de gasolina corriente en promedio está alrededor de $16.000, en Colombia ese mismo galón cuesta menos de $10.000, el tercero más barato de la región después de Bolivia y Venezuela. Ese desfase es el que ahora intentará eliminar el Gobierno de Gustavo Petro. Aún quedan las preguntas de cuánto y cuándo exactamente subirá la gasolina, pero en su anuncio el presidente precisó que no tocará los precios del ACPM, que es el que usa el transporte de carga, algo clave para mantener a raya la presión inflacionaria.
No es fácil para los colombianos asumir una subida de precios (otra más) que puede afectar la inflación, en un contexto en que el costo de vida está disparado y cada vez más hogares se ven en apuros. Ya habíamos dicho lo propio en este espacio hace unos días sobre las tarifas de la energía.
Pero, con todo y lo complejo del panorama, el Gobierno tomó una decisión sensata. Todos los sectores involucrados coinciden en algo: mantener el subsidio a la gasolina es insostenible. Un subsidio regresivo que, además, va en contravía de varias banderas del programa con el que se hizo elegir esta administración, como la priorización del gasto social y la transición energética. Sería irresponsable dejar crecer un hueco cuyo valor anual supera por mucho lo que pretende recaudar la reforma tributaria y puede poner en riesgo las finanzas del Estado.
Depende del Gobierno, entonces, nivelar los precios de forma gradual, con los menores traumatismos y sin desatar una reacción en cadena que dispare la inflación. Casi nada. Ya hemos visto cómo las subidas abruptas en los combustibles han generado graves tensiones y conflictos sociales, en Francia con los chalecos amarillos y más recientemente en Ecuador. Que no se repita la historia en Colombia.
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