El asesinato de Flor Alba Núñez

El pasado 10 de septiembre, en Pitalito, Huila, fue asesinada la periodista Flor Alba Núñez Vargas, directora de la emisora La Preferida Stereo y periodista de los espacios informativos locales de Canal 6, TV5 y el canal Nación TV. Según datos de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), dos hombres en una motocicleta la abordaron cuando iba a entrar a la emisora. Todas las tesis indican a que se trata de un homicidio motivado por sus labores como periodista. Esto es inaceptable.

Cualquiera de los tres motivos del asesinato que plantea la Flip debe servir de llamado de atención para las autoridades sobre la importancia de proteger a los periodistas, especialmente en las regiones, donde el desinterés del Estado los coloca en una situación precaria. Según sabemos, a Núñez la habrían asesinado por publicar una fotografía de una banda criminal que realizó un robo en la Alcaldía de la ciudad, o por su cubrimiento de las elecciones de octubre, o por haber cubierto el asesinato de un perro el pasado agosto —lo que le significó recibir amenazas por Facebook—.

Es claro que el motivo es la censura, esa que ocurre y queda en la impunidad, como suele suceder con los casos de periodistas asesinados. No olvidamos, tampoco, por citar uno de tantos casos, el asesinato de Luis Peralta Cuéllar, en El Doncello, Caquetá, cuyo proceso penal sigue en indagación. Las autoridades públicas parecen incapaces de dar respuestas cuando los homicidios involucran a un periodista. Así es imposible hablar de un periodismo libre.

Además de la tragedia personal de la muerte de Núñez, que afecta a sus familiares, amigos y colegas, este es un atentado contra el periodismo colombiano. La táctica no es nueva: asesinar, además de censurar a la víctima, esparce el miedo y el mensaje de que atreverse a investigar y publicar la verdad trae consecuencias. Esta muerte, entonces, promueve la autocensura entre quienes están llamados a la valentía de enfrentarse a los poderosos y de denunciar las irregularidades.

Lo dijo mejor la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “los actos de violencia que se cometen contra periodistas violan el derecho de estas personas a expresar e impartir ideas, opiniones e información y, además, atentan contra los derechos de los ciudadanos y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo”.

El problema en Colombia es grave, y no se reduce a los asesinatos. Según información recolectada por la Flip, en lo que va corrido de 2015 se han presentado 84 violaciones a la libertad de prensa, las cuales involucraron a 126 víctimas. Entre ellas son de resaltar 34 amenazas, 20 obstrucciones al trabajo periodístico, nueve agresiones y un secuestro.

Se necesita, con urgencia, un compromiso renovado de las autoridades públicas, en especial de la Unidad de Protección, para asegurar que en Colombia se puede ejercer el periodismo libre e independiente. Casos como el de Núñez no se pueden repetir, pero además tienen que eliminarse las distintas formas de amordazar la prensa, más en vísperas de un posible posconflicto que necesita muchos ojos cerciorándose de que se estén haciendo las cosas bien.

Expresamos nuestras condolencias a la familia de Núñez. Seguiremos intentando hacer el periodismo independiente en el que ella creía.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

El pasado 10 de septiembre, en Pitalito, Huila, fue asesinada la periodista Flor Alba Núñez Vargas, directora de la emisora La Preferida Stereo y periodista de los espacios informativos locales de Canal 6, TV5 y el canal Nación TV. Según datos de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), dos hombres en una motocicleta la abordaron cuando iba a entrar a la emisora. Todas las tesis indican a que se trata de un homicidio motivado por sus labores como periodista. Esto es inaceptable.

Cualquiera de los tres motivos del asesinato que plantea la Flip debe servir de llamado de atención para las autoridades sobre la importancia de proteger a los periodistas, especialmente en las regiones, donde el desinterés del Estado los coloca en una situación precaria. Según sabemos, a Núñez la habrían asesinado por publicar una fotografía de una banda criminal que realizó un robo en la Alcaldía de la ciudad, o por su cubrimiento de las elecciones de octubre, o por haber cubierto el asesinato de un perro el pasado agosto —lo que le significó recibir amenazas por Facebook—.

Es claro que el motivo es la censura, esa que ocurre y queda en la impunidad, como suele suceder con los casos de periodistas asesinados. No olvidamos, tampoco, por citar uno de tantos casos, el asesinato de Luis Peralta Cuéllar, en El Doncello, Caquetá, cuyo proceso penal sigue en indagación. Las autoridades públicas parecen incapaces de dar respuestas cuando los homicidios involucran a un periodista. Así es imposible hablar de un periodismo libre.

Además de la tragedia personal de la muerte de Núñez, que afecta a sus familiares, amigos y colegas, este es un atentado contra el periodismo colombiano. La táctica no es nueva: asesinar, además de censurar a la víctima, esparce el miedo y el mensaje de que atreverse a investigar y publicar la verdad trae consecuencias. Esta muerte, entonces, promueve la autocensura entre quienes están llamados a la valentía de enfrentarse a los poderosos y de denunciar las irregularidades.

Lo dijo mejor la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “los actos de violencia que se cometen contra periodistas violan el derecho de estas personas a expresar e impartir ideas, opiniones e información y, además, atentan contra los derechos de los ciudadanos y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo”.

El problema en Colombia es grave, y no se reduce a los asesinatos. Según información recolectada por la Flip, en lo que va corrido de 2015 se han presentado 84 violaciones a la libertad de prensa, las cuales involucraron a 126 víctimas. Entre ellas son de resaltar 34 amenazas, 20 obstrucciones al trabajo periodístico, nueve agresiones y un secuestro.

Se necesita, con urgencia, un compromiso renovado de las autoridades públicas, en especial de la Unidad de Protección, para asegurar que en Colombia se puede ejercer el periodismo libre e independiente. Casos como el de Núñez no se pueden repetir, pero además tienen que eliminarse las distintas formas de amordazar la prensa, más en vísperas de un posible posconflicto que necesita muchos ojos cerciorándose de que se estén haciendo las cosas bien.

Expresamos nuestras condolencias a la familia de Núñez. Seguiremos intentando hacer el periodismo independiente en el que ella creía.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.