En cuanto al Acuerdo de Paz, compartimos el diagnóstico que hace el presidente de la República, Gustavo Petro, pero nos distanciamos de la solución que plantea. Tanto él como su nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, parecen enfilar esfuerzos a conseguir un “fast track” en el Congreso que permita, de manera rápida, con poca discusión y saltándose los requisitos procedimentales ordinarios, aprobar reformas que consideran necesarias para la implementación de lo pactado. Corren el riesgo que tuvo el “fast track” durante la administración de Juan Manuel Santos, que le restó legitimidad al Acuerdo, abrió la puerta para la politiquería y terminó debilitando al mismo gobierno.
El ministro del Interior Cristo parece haber aprendido la lección equivocada de cuando tramitó el “fast track” para el entonces presidente Santos. Él vio de primera mano cómo el aterrizaje de lo pactado, después de un fallido plebiscito y una refrendación forzada, abrió la puerta para desdibujar lo que buscaba conseguir un gobierno en sus últimos meses. En el proceso, aunque se logró incorporar el Acuerdo a la Constitución, se desgastó su legitimidad democrática, perdió apoyo en las personas y dejó el mal sabor de boca de que todo se hizo a las patadas, con afán. No en vano el siguiente presidente, Iván Duque, llegó a la Casa de Nariño con una agenda abiertamente hostil a lo pactado y montado sobre un discurso que criticaba ampliamente el “fast track”.
Entonces, sí, la implementación del Acuerdo está demorada, se necesitan los años adicionales que pide el Gobierno y una revalidación del consenso político en torno al cumplimiento de lo pactado. Sin embargo, ¿por qué no puede hacerse eso con los mecanismos ordinarios? Pareciera que la Casa de Nariño, ante su incapacidad legislativa, está empeñada en encontrar maneras de saltarse las normas establecidas. Ronda el tan invocado fantasma del “poder constituyente”, que para la administración actual no es más que la búsqueda de un mandato que le permita aprobar sus reformas sin tener que dialogar con las otras fuerzas políticas del Congreso.
Ahora, esta tentación de buscar la vía fácil no se la inventó el actual Gobierno. Le pasó a la administración Santos, golpeada por su plebiscito perdido y por el poco tiempo que le quedaba. El problema es que, en su momento, intentó aprovechar la vía rápida para, como escribió Rodrigo Uprimny en El Espectador, convertirla en “vía gruesa” donde cupieran todas sus reformas inconclusas. Citamos a nuestro columnista en febrero de 2017 con unas palabras que aplican para la discusión de nuestro presente: “Quienes apoyamos la paz debemos oponernos a esa tentación del Gobierno de distorsionar el ’fast track’ para aprobar reformas, en especial constitucionales, que pueden ser buenas, pero que no tienen conexión estrecha con el Acuerdo de Paz. Esta distorsión de la vía rápida y su mutación en una vía gruesa o ancha es jurídicamente riesgosa, pues la Corte Constitucional tendría que invalidar muchas de esas reformas, pero, sobre todo, es políticamente contraproducente para la paz, pues incrementa la polarización en el país”. Estamos de acuerdo.
Para salvar el Acuerdo de Paz en la actualidad se necesita capacidad de construir consensos, estrategia política y, ante todo, paciencia. ¿Tendrá la Casa de Nariño esas características?
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com
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En cuanto al Acuerdo de Paz, compartimos el diagnóstico que hace el presidente de la República, Gustavo Petro, pero nos distanciamos de la solución que plantea. Tanto él como su nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, parecen enfilar esfuerzos a conseguir un “fast track” en el Congreso que permita, de manera rápida, con poca discusión y saltándose los requisitos procedimentales ordinarios, aprobar reformas que consideran necesarias para la implementación de lo pactado. Corren el riesgo que tuvo el “fast track” durante la administración de Juan Manuel Santos, que le restó legitimidad al Acuerdo, abrió la puerta para la politiquería y terminó debilitando al mismo gobierno.
El ministro del Interior Cristo parece haber aprendido la lección equivocada de cuando tramitó el “fast track” para el entonces presidente Santos. Él vio de primera mano cómo el aterrizaje de lo pactado, después de un fallido plebiscito y una refrendación forzada, abrió la puerta para desdibujar lo que buscaba conseguir un gobierno en sus últimos meses. En el proceso, aunque se logró incorporar el Acuerdo a la Constitución, se desgastó su legitimidad democrática, perdió apoyo en las personas y dejó el mal sabor de boca de que todo se hizo a las patadas, con afán. No en vano el siguiente presidente, Iván Duque, llegó a la Casa de Nariño con una agenda abiertamente hostil a lo pactado y montado sobre un discurso que criticaba ampliamente el “fast track”.
Entonces, sí, la implementación del Acuerdo está demorada, se necesitan los años adicionales que pide el Gobierno y una revalidación del consenso político en torno al cumplimiento de lo pactado. Sin embargo, ¿por qué no puede hacerse eso con los mecanismos ordinarios? Pareciera que la Casa de Nariño, ante su incapacidad legislativa, está empeñada en encontrar maneras de saltarse las normas establecidas. Ronda el tan invocado fantasma del “poder constituyente”, que para la administración actual no es más que la búsqueda de un mandato que le permita aprobar sus reformas sin tener que dialogar con las otras fuerzas políticas del Congreso.
Ahora, esta tentación de buscar la vía fácil no se la inventó el actual Gobierno. Le pasó a la administración Santos, golpeada por su plebiscito perdido y por el poco tiempo que le quedaba. El problema es que, en su momento, intentó aprovechar la vía rápida para, como escribió Rodrigo Uprimny en El Espectador, convertirla en “vía gruesa” donde cupieran todas sus reformas inconclusas. Citamos a nuestro columnista en febrero de 2017 con unas palabras que aplican para la discusión de nuestro presente: “Quienes apoyamos la paz debemos oponernos a esa tentación del Gobierno de distorsionar el ’fast track’ para aprobar reformas, en especial constitucionales, que pueden ser buenas, pero que no tienen conexión estrecha con el Acuerdo de Paz. Esta distorsión de la vía rápida y su mutación en una vía gruesa o ancha es jurídicamente riesgosa, pues la Corte Constitucional tendría que invalidar muchas de esas reformas, pero, sobre todo, es políticamente contraproducente para la paz, pues incrementa la polarización en el país”. Estamos de acuerdo.
Para salvar el Acuerdo de Paz en la actualidad se necesita capacidad de construir consensos, estrategia política y, ante todo, paciencia. ¿Tendrá la Casa de Nariño esas características?
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