El “brexit”, divorcio a la europea

El primer ministro británico, Boris Johnson, cumplió con su promesa de formalizar el retiro del Reino Unido de la Unión Europea (UE) cuando el pasado 31 de enero se oficializó la separación de sus socios continentales. Se inicia ahora un complejo proceso técnico en el cual, dentro de los próximos 11 meses, se deberá concretar un acuerdo comercial y definir otros importantes temas para el último día de 2020. Aunque las repercusiones nos serán inmediatas, este período definirá las reglas de juego a futuro, dentro de una situación inédita.

Johnson, tratando de matizar las cosas, ha dicho que “lo más importante que hay que decir es que esto no es un final, sino un comienzo (…) Queremos que sea el inicio de una nueva era de cooperación amistosa entre la Unión Europea y un energético Reino Unido”. De momento, el Reino Unido seguirá acatando las normas de la UE, contribuyendo a su presupuesto, continuará en la unión aduanera y en el mercado único, aunque queda fuera de las instituciones políticas y del Parlamento. El tema todavía dará mucho de qué hablar ante la incertidumbre de cuánto se va a ganar o perder en esta nueva etapa. El cálculo de cuánto les va a costar este divorcio a los británicos puede rondar los US$39.000 millones y la mayor parte se pagará en 2022.

Lo que resta del presente año va a implicar para las dos partes una intensa actividad. El acuerdo comercial es esencial, dados los vínculos existentes y la cercanía geográfica con el continente. Londres busca que sus bienes y servicios tengan el mayor acceso posible al bloque europeo, abandonando la unión aduanera y el mercado único, y finalizando su relación con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Sin embargo, el deseo expreso de Johnson de iniciar de inmediato una nueva relación comercial con Estados Unidos no deja de causar incertidumbre en Bruselas. De otro lado, existen aspectos reglamentarios por finiquitar en temas relacionados con la cooperación: orden público, intercambio de datos y seguridad; normas de aviación y seguridad; acceso a aguas de pesca; suministro de electricidad y gas, y licencia y regulación de medicamentos.

Uno de los aspectos que más han generado polémica desde que se inició el debate interno sobre el retiro en 2016, es el correspondiente a Irlanda. La isla alberga a la República de Irlanda, que continuará siendo parte de la UE, e Irlanda del Norte, perteneciente al Reino Unido. De esta manera, la única frontera física que tendrán los británicos con la Unión Europea son los 500 kilómetros entre estos dos países. “Irlanda del Norte es la parte más claramente afectada por el brexit. La introducción de una frontera dura con la República de Irlanda plantea una especial preocupación, con probables controles aduaneros y migratorios”, se mencionó en un informe del Parlamento europeo. También está sobre la mesa el deseo de Escocia de llevar a cabo un nuevo referendo para independizarse del Reino Unido, en la medida en que sus habitantes, mayoritariamente, han expresado su deseo de permanecer dentro de la UE. Boris Johnson ya anunció su rechazo a esta propuesta.

Para Bruselas este ha sido un período traumático y lo continuará siendo. Históricamente, la participación de los británicos estuvo supeditada a un interés esencialmente económico, sin involucrarse demasiado en los aspectos políticos o territoriales de la UE. Cuando se firmó en 1992 el Tratado de Masstritch, que dio nacimiento a la nueva Unión Europea o cuando se adoptó la zona Schengen, Reino Unido hizo respetar aspectos como la independencia de la libra esterlina frente al euro o se apartó de participar en el segundo. La visión interna de los llamados euroescépticos, por encima de los europeístas, prevaleció en las decisiones más importantes. En adelante, como en todo divorcio, deberán definirse con claridad las reglas y responsabilidades, tratando de que las relaciones sean lo más amigable posibles.

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El primer ministro británico, Boris Johnson, cumplió con su promesa de formalizar el retiro del Reino Unido de la Unión Europea (UE) cuando el pasado 31 de enero se oficializó la separación de sus socios continentales. Se inicia ahora un complejo proceso técnico en el cual, dentro de los próximos 11 meses, se deberá concretar un acuerdo comercial y definir otros importantes temas para el último día de 2020. Aunque las repercusiones nos serán inmediatas, este período definirá las reglas de juego a futuro, dentro de una situación inédita.

Johnson, tratando de matizar las cosas, ha dicho que “lo más importante que hay que decir es que esto no es un final, sino un comienzo (…) Queremos que sea el inicio de una nueva era de cooperación amistosa entre la Unión Europea y un energético Reino Unido”. De momento, el Reino Unido seguirá acatando las normas de la UE, contribuyendo a su presupuesto, continuará en la unión aduanera y en el mercado único, aunque queda fuera de las instituciones políticas y del Parlamento. El tema todavía dará mucho de qué hablar ante la incertidumbre de cuánto se va a ganar o perder en esta nueva etapa. El cálculo de cuánto les va a costar este divorcio a los británicos puede rondar los US$39.000 millones y la mayor parte se pagará en 2022.

Lo que resta del presente año va a implicar para las dos partes una intensa actividad. El acuerdo comercial es esencial, dados los vínculos existentes y la cercanía geográfica con el continente. Londres busca que sus bienes y servicios tengan el mayor acceso posible al bloque europeo, abandonando la unión aduanera y el mercado único, y finalizando su relación con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Sin embargo, el deseo expreso de Johnson de iniciar de inmediato una nueva relación comercial con Estados Unidos no deja de causar incertidumbre en Bruselas. De otro lado, existen aspectos reglamentarios por finiquitar en temas relacionados con la cooperación: orden público, intercambio de datos y seguridad; normas de aviación y seguridad; acceso a aguas de pesca; suministro de electricidad y gas, y licencia y regulación de medicamentos.

Uno de los aspectos que más han generado polémica desde que se inició el debate interno sobre el retiro en 2016, es el correspondiente a Irlanda. La isla alberga a la República de Irlanda, que continuará siendo parte de la UE, e Irlanda del Norte, perteneciente al Reino Unido. De esta manera, la única frontera física que tendrán los británicos con la Unión Europea son los 500 kilómetros entre estos dos países. “Irlanda del Norte es la parte más claramente afectada por el brexit. La introducción de una frontera dura con la República de Irlanda plantea una especial preocupación, con probables controles aduaneros y migratorios”, se mencionó en un informe del Parlamento europeo. También está sobre la mesa el deseo de Escocia de llevar a cabo un nuevo referendo para independizarse del Reino Unido, en la medida en que sus habitantes, mayoritariamente, han expresado su deseo de permanecer dentro de la UE. Boris Johnson ya anunció su rechazo a esta propuesta.

Para Bruselas este ha sido un período traumático y lo continuará siendo. Históricamente, la participación de los británicos estuvo supeditada a un interés esencialmente económico, sin involucrarse demasiado en los aspectos políticos o territoriales de la UE. Cuando se firmó en 1992 el Tratado de Masstritch, que dio nacimiento a la nueva Unión Europea o cuando se adoptó la zona Schengen, Reino Unido hizo respetar aspectos como la independencia de la libra esterlina frente al euro o se apartó de participar en el segundo. La visión interna de los llamados euroescépticos, por encima de los europeístas, prevaleció en las decisiones más importantes. En adelante, como en todo divorcio, deberán definirse con claridad las reglas y responsabilidades, tratando de que las relaciones sean lo más amigable posibles.

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