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El intercambio de presos que incluyó la liberación del colombo-venezolano Álex Saab —acusado en Estados Unidos y en Colombia de lavado de activos y otra serie de delitos— es un duro golpe para las autoridades de investigación y judicialización en ambos países. El Gobierno del presidente Joe Biden prefirió entregar a Saab —detenido desde 2021— al régimen venezolano para obtener a cambio la liberación de 10 estadounidenses y 21 venezolanos presos allí.
Biden dijo: “Reunir a los estadounidenses detenidos injustamente con sus seres queridos ha sido una prioridad para mi administración desde el primer día, como lo es el regreso a Estados Unidos de prófugos de la justicia”. La decisión hace parte del acercamiento de las autoridades de los dos países para que haya elecciones libres y transparentes en Venezuela y se suma al paulatino levantamiento que ha hecho Washington de las sanciones que pesaban contra el régimen de Caracas.
Algunos de los norteamericanos liberados participaron en el intento de intervención militar en Venezuela en 2020, que terminó en un gran fiasco. Además, está un criminal conocido con el alias de Fat Leonard y 21 presos políticos venezolanos. Entre estos últimos está Roberto Abdul, organizador de las primarias opositoras. También se incluye la revocación de tres órdenes de arresto contra opositores al régimen. Así, la dictadura venezolana sigue usando a personas injustamente detenidas o enjuiciadas como moneda de trueque político.
Hasta ahora, se restableció la mesa de negociación entre el Gobierno venezolano y la oposición, que ya condujo a unos primeros resultados, positivos mas no suficientes, en la medida en que María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras, continúa inhabilitada para participar en los comicios que se deberían realizar en el segundo semestre del próximo año. Por otro lado, el Gobierno de Venezuela ha permitido que empresas estadounidenses inviertan en el sector petrolero del país.
La administración Biden tiene la potestad de llevar a cabo este tipo de acciones, en el marco jurídico del país del norte, como lo han hecho otros gobiernos en diversas circunstancias. En este caso, la captura de Saab en Cabo Verde y su deportación a Estados Unidos fue objeto de un tire y afloje internacional. El Gobierno del país africano no aceptó los argumentos de Caracas y el sindicado de varios delitos fue extraditado.
Álex Saab está acusado, además, de amasar una gran fortuna mediante negociaciones fraudulentas, como importaciones ilícitas y especulación en la Comisión Nacional de Divisas (Cadivi), entre otras. Esto lo denunció el periodista Gerardo Reyes en un libro donde detalla los alcances del fallido empresario barranquillero que se convirtió en potentado económico, como contratista privilegiado del Gobierno en el país vecino.
La Fiscalía colombiana, entre tanto, tiene previsto iniciar el juicio contra el presunto criminal, que debe responder por varios delitos. Entre otras cosas, se debe aclarar la posible vinculación de otras personas señaladas aquí de vínculos con Saab, como la senadora Piedad Córdoba, investigada por este caso.
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