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Con una votación de 55 senadores a favor y cinco en contra, la plenaria del Senado tomó la decisión de suspender al ahora exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, de tal manera que, despojado de su fuero, sea juzgado por la Corte Suprema de Justicia en el presunto caso de concusión por haber pedido $500 millones a cambio de influir en el fallo de una tutela. Lamentable situación que golpeó la credibilidad del tribunal constitucional y demostró los problemas del mecanismo existente para juzgar a los aforados.
El escándalo que ocasionó la suspensión empezó cuando Mauricio González Cuervo, entonces magistrado de la Corte Constitucional, denunció ante la Comisión de Acusación del Congreso que Pretelt había pedido la cifra mencionada a cambio de ayudar a que una tutela revirtiera una decisión que le imponía a Fidupetrol pagar la suma de $22.500 millones. El testigo clave del caso es Víctor Pacheco, abogado de Fidupetrol, quien confesó los hechos y ya fue condenado por lo ocurrido.
No obstante, el exmagistrado Pretelt ha insistido de manera vehemente en su inocencia. En la última sesión de deliberación del Senado insistió en que “no hay una sola prueba de que haya recibido o pedido dinero”. Y ya en el pasado ha sugerido que lo que hay detrás de las investigaciones en su contra es un complot auspiciado por el presidente Juan Manuel Santos por su oposición al proceso de paz. Por eso, argumentó Pretelt, se rehusó a renunciar a su puesto como magistrado.
Al respecto, son varias las consideraciones que nos parecen pertinentes en este caso. Primero, por supuesto que el exmagistrado tiene derecho al debido proceso y a la presunción de su inocencia. Eso en ningún momento ha quedado en duda. De hecho, ahora que la situación es de conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, un órgano mucho más técnico que la Comisión de Acusación, ojalá eso sirva para que el país conozca lo que pasó: si en efecto están manchando el nombre de Pretelt o si hubo un caso reprochable de corrupción.
Segundo, y dicho lo anterior, en este espacio le habíamos pedido al exmagistrado que renunciara de manera voluntaria a su cargo. Insistimos en que esa era la decisión correcta. Independientemente de su inocencia, la sola existencia de una duda sobe su idoneidad, con una persona condenada en un caso que lo implicaba, era suficiente para que la Corte Constitucional sufriera. Nos repetimos: las instituciones son mucho más importantes que sus funcionarios, y por eso las personas que las componen se someten a exigencias que van más allá de lo que habitualmente se les pide a los ciudadanos. Que la Corte siguiera tomando decisiones con un magistrado cuya integridad había sido cuestionada causó justa desconfianza a las personas, y esa legitimidad es el principal poder del tribunal constitucional. Renunciar en situaciones como esta es respetar las instituciones, sin necesariamente aceptar la culpa, pues queda la oportunidad de defensa en los tribunales.
Tercero, sigue siendo necesaria una reforma a la Comisión de Acusación. La falta de capacidad técnica y su carácter político levantaron sospechas y objeciones en este proceso. El país está en mora de encontrar una mejor manera de juzgar a los funcionarios de más alto nivel.
Esperamos que el proceso ante la Corte Suprema de Justicia sea expedito y transparente, y que lo ocurrido se aclare. El país merece conocer la verdad.
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