La decisión de la Fiscalía en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez corrige una gran contradicción que vivió el país los últimos años. A pesar de que tanto la Corte Suprema de Justicia como otros cinco jueces de la República habían considerado que el proceso merecía un mejor análisis de las pruebas disponibles, los fiscales dirigidos por Francisco Barbosa habían insistido en solicitar la preclusión. Ahora, con la presentación de un escrito de acusación, avanza un caso de importancia nacional, sin que eso signifique que el exmandatario pierda su presunción de inocencia y el derecho a un debido proceso. Las instituciones se fortalecen cuando demuestran transparencia en coyunturas de crisis como esta.
Este caso ha convulsionado al país desde el 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia consideró que había sospechas sobre pagos indebidos a testigos con el objetivo de dañar la reputación del senador Iván Cepeda, hoy miembro del Pacto Histórico. En el 2020, cuando el alto tribunal dictó medida de aseguramiento contra el expresidente Uribe, la respuesta del Centro Democrático fue pedir una constituyente (la historia colombiana es circular, es sabido) para reformar la justicia, mientras que sus partidarios hablaron de persecución política. El exmandatario renunció al Congreso y perdió el fuero, por lo que su caso fue asumido por la Fiscalía. Ahí empezó una serie de artilugios jurídicos que dañaron la legitimidad del ente investigador. Tres veces los fiscales pidieron precluir el caso y esas mismas veces los jueces encargados dijeron que no habían hecho bien su trabajo, que no se habían valorado las pruebas de manera adecuada y que era necesario hacer una nueva presentación ante los tribunales. De allí se llega a la solicitud de acusación dada a conocer ayer.
Según la Fiscalía, “esta determinación tuvo en cuenta nuevos elementos de prueba, como las declaraciones de Deyanira Gómez y Juan Guillermo Monsalve”. Por los mismos hechos está enjuiciado Diego Cadena, quien fuera el abogado del expresidente en aquel entonces. No es, como pretenden presentarlo algunos líderes políticos, un capricho impuesto desde la Presidencia. Las pruebas del proceso llevan años apuntando a la necesidad de una investigación más exhaustiva.
Vienen semanas complejas, pues un país polarizado no tomará estos hechos con la prudencia que se requiere. La llegada de la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, está siendo utilizada como señal de que hubo un cambio para que haya persecución. Ante eso, lo único que puede hacer la justicia es lo que ha venido haciendo: garantizar el debido proceso y llevar a cabo las audiencias con transparencia. En un caso tan importante, el país necesita saber lo que ocurrió.
El expresidente Uribe ha dicho, por editoriales pasados, que la posición de El Espectador favorece su condena. No es así. Reiteramos que la presunción de inocencia es un principio esencial de nuestro Estado de derecho y confiamos en que se seguirá respetando. Lo único que hemos solicitado es respeto a las instituciones y coherencia en el actuar de las autoridades. Las pruebas del expediente merecen ser evaluadas en un juicio, sea cual fuere su resultado. Esperamos que eso sea lo que sigue en este caso.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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La decisión de la Fiscalía en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez corrige una gran contradicción que vivió el país los últimos años. A pesar de que tanto la Corte Suprema de Justicia como otros cinco jueces de la República habían considerado que el proceso merecía un mejor análisis de las pruebas disponibles, los fiscales dirigidos por Francisco Barbosa habían insistido en solicitar la preclusión. Ahora, con la presentación de un escrito de acusación, avanza un caso de importancia nacional, sin que eso signifique que el exmandatario pierda su presunción de inocencia y el derecho a un debido proceso. Las instituciones se fortalecen cuando demuestran transparencia en coyunturas de crisis como esta.
Este caso ha convulsionado al país desde el 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia consideró que había sospechas sobre pagos indebidos a testigos con el objetivo de dañar la reputación del senador Iván Cepeda, hoy miembro del Pacto Histórico. En el 2020, cuando el alto tribunal dictó medida de aseguramiento contra el expresidente Uribe, la respuesta del Centro Democrático fue pedir una constituyente (la historia colombiana es circular, es sabido) para reformar la justicia, mientras que sus partidarios hablaron de persecución política. El exmandatario renunció al Congreso y perdió el fuero, por lo que su caso fue asumido por la Fiscalía. Ahí empezó una serie de artilugios jurídicos que dañaron la legitimidad del ente investigador. Tres veces los fiscales pidieron precluir el caso y esas mismas veces los jueces encargados dijeron que no habían hecho bien su trabajo, que no se habían valorado las pruebas de manera adecuada y que era necesario hacer una nueva presentación ante los tribunales. De allí se llega a la solicitud de acusación dada a conocer ayer.
Según la Fiscalía, “esta determinación tuvo en cuenta nuevos elementos de prueba, como las declaraciones de Deyanira Gómez y Juan Guillermo Monsalve”. Por los mismos hechos está enjuiciado Diego Cadena, quien fuera el abogado del expresidente en aquel entonces. No es, como pretenden presentarlo algunos líderes políticos, un capricho impuesto desde la Presidencia. Las pruebas del proceso llevan años apuntando a la necesidad de una investigación más exhaustiva.
Vienen semanas complejas, pues un país polarizado no tomará estos hechos con la prudencia que se requiere. La llegada de la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, está siendo utilizada como señal de que hubo un cambio para que haya persecución. Ante eso, lo único que puede hacer la justicia es lo que ha venido haciendo: garantizar el debido proceso y llevar a cabo las audiencias con transparencia. En un caso tan importante, el país necesita saber lo que ocurrió.
El expresidente Uribe ha dicho, por editoriales pasados, que la posición de El Espectador favorece su condena. No es así. Reiteramos que la presunción de inocencia es un principio esencial de nuestro Estado de derecho y confiamos en que se seguirá respetando. Lo único que hemos solicitado es respeto a las instituciones y coherencia en el actuar de las autoridades. Las pruebas del expediente merecen ser evaluadas en un juicio, sea cual fuere su resultado. Esperamos que eso sea lo que sigue en este caso.
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