El censo, lleno de vacíos

La semana pasada, el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Mauricio Perfetti, envió una carta que prendió las alarmas en varios sectores de la población. En ella confesaba que, por falta de recursos, el censo poblacional no tiene la capacidad para “incorporar al menos las preguntas para una caracterización adecuada de la diversidad funcional (discapacidad)”. Tampoco se arrojarán datos que permitan medir la pobreza multidimensional. Es decir, será un esfuerzo enorme para producir un resultado con angustiosos vacíos.

De por sí, Colombia está quedada con la tarea. La recomendación internacional es que los países realicen un censo, por lo menos, cada diez años. Nosotros llevamos 13 años desde el último. Esto tiene consecuencias serias, pues los datos obtenidos de la medición son los que alimentan las decisiones de políticas públicas a nivel nacional y regional. Es decir, si no sabemos cómo es la población del país, mucho menos podemos conocer sus necesidades y tomar las medidas adecuadas para intentar solucionarlas.

Por eso es preocupante que el DANE se encuentre asfixiado de recursos para realizar de manera apropiada su tarea. Como explicó Perfetti, “entre los recursos que se recibieron en 2016, más lo que tenemos de 2017, más lo que está asignado en el presupuesto apropiado para este año nuevo, son cerca de $350.000 millones”. Eso, con el ajuste de la inflación, es casi equivalente al costo del censo de hace 13 años. No tiene sentido que se intente hacer una evaluación de una Colombia que ha crecido con la misma cantidad de dinero de hace más de una década.

El resultado está claro: las preguntas que se podrán realizar tendrán que ver con las características básicas de la población, pero nada más. Eso genera tres problemas puntuales.

Primero, que los grupos étnicos, los cuales han venido participando activamente en la formulación del censo, quedan amenazados de no quedar debidamente representados. Eso es un reto particularmente grave en el posconflicto, pues esta población ha sido víctima de la violencia y no poder identificarla adecuadamente entorpece los procesos de reparación.

Segundo, que el DANE esté buscando recursos en el Ministerio de Salud para incorporar preguntas relacionadas con discapacidad. Hay que decirlo: un censo que no caracterice adecuadamente a los cerca de tres millones de colombianos en alguna condición de discapacidad es un desperdicio de recursos. ¿Va a seguir el Estado sin reconocer la importancia de esta población, que viene exigiendo el reconocimiento de sus derechos y la elaboración de políticas públicas que funcionen?

Tercero, sería una lástima no poder contar con mediciones de la pobreza multidimensional (aquella que mide las condiciones de acceso a salud, educación, vivienda, entre otros factores). ¿Cómo se construye un nuevo país, con inclusión y que combata la desigualdad, si no conocemos esos datos?

Como dijo Roberto Angulo, experto en el tema, a través de su cuenta de Twitter: “Si la austeridad inteligente es retroceder en estadísticas, no quiero imaginar la austeridad no inteligente”.

El Gobierno no puede sentirse orgulloso de un censo realizado con las uñas. Eso no es pensar en el posconflicto ni en las necesidades de la próxima década para los colombianos. ¿Vamos a cometer el error de hacer este esfuerzo para quedar con tantos vacíos peligrosos?

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

La semana pasada, el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Mauricio Perfetti, envió una carta que prendió las alarmas en varios sectores de la población. En ella confesaba que, por falta de recursos, el censo poblacional no tiene la capacidad para “incorporar al menos las preguntas para una caracterización adecuada de la diversidad funcional (discapacidad)”. Tampoco se arrojarán datos que permitan medir la pobreza multidimensional. Es decir, será un esfuerzo enorme para producir un resultado con angustiosos vacíos.

De por sí, Colombia está quedada con la tarea. La recomendación internacional es que los países realicen un censo, por lo menos, cada diez años. Nosotros llevamos 13 años desde el último. Esto tiene consecuencias serias, pues los datos obtenidos de la medición son los que alimentan las decisiones de políticas públicas a nivel nacional y regional. Es decir, si no sabemos cómo es la población del país, mucho menos podemos conocer sus necesidades y tomar las medidas adecuadas para intentar solucionarlas.

Por eso es preocupante que el DANE se encuentre asfixiado de recursos para realizar de manera apropiada su tarea. Como explicó Perfetti, “entre los recursos que se recibieron en 2016, más lo que tenemos de 2017, más lo que está asignado en el presupuesto apropiado para este año nuevo, son cerca de $350.000 millones”. Eso, con el ajuste de la inflación, es casi equivalente al costo del censo de hace 13 años. No tiene sentido que se intente hacer una evaluación de una Colombia que ha crecido con la misma cantidad de dinero de hace más de una década.

El resultado está claro: las preguntas que se podrán realizar tendrán que ver con las características básicas de la población, pero nada más. Eso genera tres problemas puntuales.

Primero, que los grupos étnicos, los cuales han venido participando activamente en la formulación del censo, quedan amenazados de no quedar debidamente representados. Eso es un reto particularmente grave en el posconflicto, pues esta población ha sido víctima de la violencia y no poder identificarla adecuadamente entorpece los procesos de reparación.

Segundo, que el DANE esté buscando recursos en el Ministerio de Salud para incorporar preguntas relacionadas con discapacidad. Hay que decirlo: un censo que no caracterice adecuadamente a los cerca de tres millones de colombianos en alguna condición de discapacidad es un desperdicio de recursos. ¿Va a seguir el Estado sin reconocer la importancia de esta población, que viene exigiendo el reconocimiento de sus derechos y la elaboración de políticas públicas que funcionen?

Tercero, sería una lástima no poder contar con mediciones de la pobreza multidimensional (aquella que mide las condiciones de acceso a salud, educación, vivienda, entre otros factores). ¿Cómo se construye un nuevo país, con inclusión y que combata la desigualdad, si no conocemos esos datos?

Como dijo Roberto Angulo, experto en el tema, a través de su cuenta de Twitter: “Si la austeridad inteligente es retroceder en estadísticas, no quiero imaginar la austeridad no inteligente”.

El Gobierno no puede sentirse orgulloso de un censo realizado con las uñas. Eso no es pensar en el posconflicto ni en las necesidades de la próxima década para los colombianos. ¿Vamos a cometer el error de hacer este esfuerzo para quedar con tantos vacíos peligrosos?

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