Hace muy bien el Gobierno de Gustavo Petro al reaccionar con fuerza contra los bloqueos ilegales en el Bajo Cauca y especialmente al denunciar la indebida influencia que el Clan del Golfo ha ejercido sobre el paro minero de la región. El grupo narcotraficante delira si considera que va a ser reconocido como un actor político, cuando lo único que ha tenido como propósito en sus años de existencia es sembrar el caos, cometer delitos y apoderarse de las rutas del narcotráfico. Que en medio de todo esto queden atrapados mineros de buena fe es una lástima, lo que requiere diálogo con los representantes de la Casa de Nariño, pero el mensaje tiene que ser inequívoco: la minería ilegal no se tolerará en Colombia.
A principios de este mes la fuerza pública destruyó nueve dragas que estaban no solo extrayendo minerales de forma ilegal, sino afectando la sostenibilidad ambiental del territorio. En respuesta hubo un paro minero, que empezó pacífico con la presencia de mineros artesanales que piden apoyo del Estado, pero pronto fue cooptado por otras fuerzas. Vimos, entre otras acciones violentas, un peaje incinerado, la utilización de explosivos, el bloqueo de la vía al Mar y la destrucción de tuberías del acueducto. Dice mucho que la Policía Nacional fue apoyada por la misma comunidad en sus primeros intentos por desbloquear la carretera. Algo siniestro se esconde detrás del paro.
El presidente Gustavo Petro lo dijo sin miramientos: “El Clan del Golfo con su hostilidad contra la población ha roto el cese al fuego (...). Afectar el agua potable de una ciudad es poner en riesgo la vida de niños y niñas, de todo ser humano”. Contrasta con la postura del Clan, que en un comunicado no solo negó cualquier responsabilidad a pesar de tener influencia conocida sobre ese territorio, sino que siguió intentando posicionarse como un actor político: “Aquí estamos con humildad, pero con dignidad, en defensa de los intereses del pueblo que nos ha apoyado durante toda nuestra existencia. Seguimos interesados en el proceso de paz que adelanta el Gobierno, como lo demuestra el hecho de la reciente designación de abogados para el espacio sociojurídico que ha anunciado el Gobierno”.
La apuesta por la paz total no puede ser ingenua ni descuidar la seguridad nacional. Los grupos armados al margen de la ley son elocuentes en sus acciones y sus intenciones de caos. Aprovechando la histórica ausencia estatal en el Bajo Cauca, sembraron terror para obtener concesiones. El Gobierno no puede ceder. El sometimiento es la única posibilidad con este tipo de organizaciones y el mensaje tiene que quedar clarísimo no solo para los miembros del Clan del Golfo, sino para el país entero. Más aún, seguimos pidiendo una estrategia de seguridad más ambiciosa, clara y transparente que solucione la ausencia del Estado en las zonas más delicadas del país, pues se trata de una deuda histórica. Solo así, con un Estado fuerte, con una fuerza pública respaldada, se puede garantizar la seguridad de las poblaciones y se puede alcanzar la paz. Es lo que hemos visto estos días.
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