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En el Congreso de la República no parecen entender las raíces de la desconfianza y el desprecio que sienten la abrumadora mayoría de colombianos. Durante años ha sido una de las instituciones con la peor percepción entre las personas. La última encuesta de Invamer encontró que 87 de cada 100 colombianos tienen una mala imagen del Poder Legislativo. Apenas siete de cada 100 creen que está haciendo bien su trabajo. Y aun así los parlamentarios siguen como si nada, obstaculizando las propuestas de reforma y, en otros casos, proponiendo proyectos que son francamente escandalosos. Dos propuestas recientes resumen esa desconexión entre congresistas y ciudadanos.
Esta semana se supo del proyecto de ley 004 de 2021, que se debate en la Cámara de Representantes. La iniciativa es de autoría de los congresistas Andrés García Zuccardi, Óscar Tulio Lizcano González, Miguel Amín Escaf y Jorge Eliécer Tamayo Marulanda. El propósito es modificar la manera en que les pagan a los empleados públicos, congresistas incluidos, “con el fin de lograr resultados óptimos de gestión a través de sus servidores públicos, los cuales podrán ser recompensados con una remuneración extrasalarial adicional a la establecida en la ley”. Es decir: bonificaciones por buen desempeño laboral.
El proyecto tiene dos problemas principales. Por un lado, la creación de un Sistema de Compensación Variable Salarial, que además permite a las entidades territoriales flexibilidad al momento de definir los ingresos de los empleados públicos, es abrir un boquete para la corrupción administrativa, tan común en el país. Si ocurren abusos de los recursos con esquemas claros de contratación y remuneración, ¿qué no pasará con las bonificaciones por “buen desempeño”?
El segundo punto es que, en la práctica, se abre la posibilidad de aumentar aún más el sueldo de los congresistas. Sí, en medio de un país en austeridad y con millones de colombianos que se han expresado en las urnas a favor de reducir los ingresos de los congresistas, la propuesta busca todo lo contrario. ¿Cómo se habla de “buen desempeño” en una institución con 7 % de favorabilidad?
Viene a la mente la pelea entre Gabriel Santos y Jennifer Arias, ambos miembros del Centro Democrático, por un proyecto de reforma que pretende reducir los recesos legislativos. Actualmente, los congresistas tienen recesos anuales por un total de 120 días. En teoría ese tiempo es de trabajo y planeación, pero despierta muchas suspicacias en un Congreso famoso por el ausentismo y los congresistas que solo calientan puestos. Entonces, Santos propuso reducirlo a la mitad, pero luego tuvo que acusar a Arias, presidenta de la Cámara de Representantes, de obstaculizar la aprobación del proyecto.
No es la primera vez, ni será la última, que veamos al Congreso intentando mejorar sus propias condiciones sin escuchar a los ciudadanos. Es frustrante porque, pese a la pérdida de legitimidad ante la opinión pública, es poco lo que cambia y el año electoral que se avecina promete ser similar a los anteriores. Una vergüenza para la democracia.
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