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Los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) están abusando de su poder para obtener réditos políticos. Elegidos para respetar la institucionalidad, ahora la instrumentalizan para perseguir al presidente Gustavo Petro, quien tiene fuero constitucional y cuyo único juez natural es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Si bien es cierto que las irregularidades en la financiación de su campaña presidencial deben ser investigadas y aclaradas, la formulación de cargos contra el mandatario va más allá de lo que una entidad administrativa puede hacer. El Consejo de Estado también pecó al intervenir en una discusión que debería ser resuelta de una vez por todas por la Corte Constitucional.
Es difícil creer en las buenas intenciones de los magistrados del CNE que votaron a favor de la investigación contra el presidente. Han dicho en varios escenarios que actúan con neutralidad, respeto a la ley y reverencia ante la figura presidencial, pero los hechos muestran desprecio por la prudencia y la institucionalidad que dicen representar. No basta con que César Lorduy, por ejemplo, salga a decir en Blu Radio que la entidad no puede destituir al presidente de la República, lo que es cierto. El punto es que ni siquiera se debió iniciar una actuación administrativa en su contra y, si había indicios, tenía que remitirse a la Comisión de Acusación.
Yesid Reyes, jurista y columnista de El Espectador, explicó en este diario la importancia de la figura del fuero presidencial, cuyo objetivo es “evitar que la voluntad popular manifestada en la elección de un presidente pudiera ser fácilmente desconocida por autoridades administrativas o judiciales”. Lo estamos viendo en acción. Unos magistrados con claros orígenes políticos, cercanos a partidos de la oposición, deciden ahora investigar a un mandatario elegido popularmente. A todas luces es un abuso.
Es cierto que hay sospechas y pruebas sobre la financiación irregular de la campaña que llevó al presidente Petro a la Casa de Nariño y que el CNE tiene potestad para investigarlas. Colombia, además, necesita saber qué ocurrió. El problema es la extralimitación de funciones: podían vincular a todos los miembros de la campaña, pero no al presidente de la República. Hacerlo muestra interés político, deslegitima su actuar y le da fuego retórico a un mandatario impopular que quiere reavivar a sus bases en las calles. La retórica del “golpe blando” ha recibido oxígeno y ya ayer el mandatario llegó a decir que “si van a tumbarnos del Gobierno, vamos por el poder”.
Creemos, sin embargo, que la institucionalidad está diseñada para evitar que este tipo de abusos, como el de los magistrados del CNE, cause más daños. Esperamos que los pesos y contrapesos funcionen, que los recursos jurídicos permitan un pronunciamiento de la Corte Constitucional y que se demuestre que todo este escándalo se puede resolver dentro de los diseños de nuestra carta política actual. Es, en todo caso, lamentable que lleguemos a esto. No podemos permitir que se burle así el fuero presidencial. La responsabilidad ante todo la tienen los magistrados del CNE que votaron a favor de este ataque a la democracia. Una prueba más de que es una entidad en larga mora de ser reformada.
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