No hay razones para que el diésel siga siendo subsidiado en Colombia. Entendemos la preocupación de los gremios y los transportadores por el aumento de los costos, que a su vez generarían presión inflacionaria. Pero durante ya varios años el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) se ha comido los recursos necesarios de los impuestos. No se puede hablar de una transición verde ni de una política fiscal estatal responsable si billones y billones de pesos se gastan cada año en mantener bajos de manera artificial los costes de un solo recurso, por más importante que sea. El Ministerio de Hacienda debe continuar en su difícil labor de equiparar los precios nacionales a los internacionales, a pesar de la resistencia que está presenciando.
No debería ser una discusión. Un estudio reciente del Centro de Estudios Económicos Anif terminó de enterrar cualquier argumento a favor del FEPC. Según las cifras del Marco Fiscal de Mediano Plazo, la reforma tributaria del 2021 recaudó ingresos adicionales de $24 billones y la del 2022 obtuvo una adición de $30 billones. Con un problema: solo en subsidiar el fondo de combustible, en esos dos años, el Gobierno tuvo que gastarse $49 billones. Es decir que, escribió Anif, “el FEPC se comió el recaudo tributario adicional. Si a esto le sumamos la cuenta de mayores intereses de $39 billones promedio en 2023 y 2024 frente a lo que se proyectaba en 2020, las dos reformas tributarias solo alcanzan para cubrir 61 % de estos dos gastos adicionales (mayores intereses y subsidios combustibles)”. En palabras más sencillas, estamos recaudando un mundo de plata que gastamos mayoritariamente en el fondo. Eso no tiene sentido.
El Ministerio de Hacienda hizo el cálculo, que retomamos en El Espectador. Solo con los $36,7 billones que se destinaron en 2022 para el FEPC se habrían podido construir más de 25.700 kilómetros de vías terciarias nuevas; ese monto alcanzaría para entregar 851.000 subsidios de vivienda VIP y VIS con aporte a la cuota inicial y cobertura total en tasa de interés, o para cubrir con una transferencia mensual (equivalente a la línea de pobreza extrema) a 7,7 millones de personas en condición de pobreza. Todo esto apunta a lo mismo: ¿por qué seguimos gastando en combustible cuando hay otras prioridades?
Se ha dicho que encarecer el precio del transporte afecta de manera transversal a todo el mercado de bienes y servicios de Colombia. Es cierto. También es esperable que haya presión inflacionaria mientras se hace el reajuste. Empero, Colombia no puede seguir viviendo el espejismo de precios bajos del combustible. No tiene sentido a mediano plazo, cuando el país necesita electrificar su flota de vehículos, ni en términos económicos, pues el dinero es necesitado en otras partes. En la ponderación, sale perdiendo el FEPC.
Esta semana, el Ministerio de Hacienda y el de Minas y Energía publicaron un decreto que aplica a 150 empresas para desmontar el subsidio al diésel. Pese a eso, se espera que el 2024 termine con un déficit de $11,6 billones cubiertos por el Estado. El trabajo por delante es lograr que ese déficit desaparezca. Colombia tiene otras prioridades y necesidades que merecen los recursos que se están quemando en los combustibles.
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