La Corte Constitucional se equivocó al prohibir la pesca deportiva. Aunque el razonamiento con base en la empatía que emplearon los magistrados tiene buenas intenciones, desconoce el rol esencial que esa práctica tiene en la conservación, la sostenibilidad económica de ciertas poblaciones y el justo ejercicio de la autonomía personal. Concentrarse en la pregunta sobre si los peces son seres sintientes o no es ignorar que hay buenas prácticas en la pesca deportiva que la alejan del supuesto maltrato animal y que produce beneficios para toda la sociedad.
Es fácil entender la lógica del alto tribunal. “Si bien no existe consenso acerca de si los peces son seres sintientes”, escriben los magistrados, “cuando existen elementos que preliminarmente permiten evidenciar el riesgo de que se produzca un daño al ambiente producido por una actividad determinada, resulta necesaria la intervención del Estado a efectos de evitar la degradación del medio ambiente”. Es un fin loable. Por supuesto que Colombia tiene que repensar su relación con los seres sintientes y eliminar toda forma de maltrato. Este caso, sin embargo, nos parece diferente.
Primero está la consideración socioeconómica. John Fredy Ospina, pescador deportivo de Puerto Gaitán, le dibujó el panorama al Periódico del Meta: “En Puerto Gaitán hay cerca de 350 familias que dependen de esa práctica directamente, sin contar con los que se benefician indirectamente. No solo nos está afectando a nosotros, los operadores, como pescadores deportivos, sino también a la economía y el turismo que se genera por medio de esta actividad”. No son los únicos. Hay poblaciones completas en todo el país cuya economía depende de manera exclusiva del turismo que trae la pesca deportiva. En ausencia de alternativas, ¿no merecen acaso consideración para posibles exenciones?
Hay más razones. La pesca deportiva es utilizada en Colombia y en todo el mundo como una herramienta de conservación y un incentivo al conocimiento de los ecosistemas de agua. Por ejemplo, la práctica ha sido muy útil para reducir la población invasora del pez león, que afecta todo el equilibrio del medio ambiente. Cuando se construyen comunidades en torno al turismo, se fomenta que los pobladores se aseguren de que los peces no sean maltratados ni pescados. Eso lo explicó la bióloga Nataly Castelblanco: “Las comunidades dedicadas a esta actividad conservan los ecosistemas acuáticos para que haya peces grandes y abundantes, que es lo que atrae a los turistas. Por lo mismo, también cuidan a los peces. Gran parte de la pesca deportiva es de captura-liberación, con técnicas para evitar la muerte o el daño al animal (...) En conservación es clave garantizar el bienestar humano. Comunidades humanas hambrientas, marginadas y olvidadas siempre serán causantes de mayor impacto ambiental”.
Finalmente, está la consideración de la autonomía de las personas que desean participar en la pesca deportiva. Una prohibición de tajo como la que plantea la Corte Constitucional establece que, por precaución, nadie puede realizar la actividad. ¿Por qué, si hay suficientes herramientas para pescar sin hacer daño? ¿Qué ocurre con quienes llevan años disfrutando la actividad? En la ponderación de los efectos, la Corte dejó muchas consideraciones por fuera.
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La Corte Constitucional se equivocó al prohibir la pesca deportiva. Aunque el razonamiento con base en la empatía que emplearon los magistrados tiene buenas intenciones, desconoce el rol esencial que esa práctica tiene en la conservación, la sostenibilidad económica de ciertas poblaciones y el justo ejercicio de la autonomía personal. Concentrarse en la pregunta sobre si los peces son seres sintientes o no es ignorar que hay buenas prácticas en la pesca deportiva que la alejan del supuesto maltrato animal y que produce beneficios para toda la sociedad.
Es fácil entender la lógica del alto tribunal. “Si bien no existe consenso acerca de si los peces son seres sintientes”, escriben los magistrados, “cuando existen elementos que preliminarmente permiten evidenciar el riesgo de que se produzca un daño al ambiente producido por una actividad determinada, resulta necesaria la intervención del Estado a efectos de evitar la degradación del medio ambiente”. Es un fin loable. Por supuesto que Colombia tiene que repensar su relación con los seres sintientes y eliminar toda forma de maltrato. Este caso, sin embargo, nos parece diferente.
Primero está la consideración socioeconómica. John Fredy Ospina, pescador deportivo de Puerto Gaitán, le dibujó el panorama al Periódico del Meta: “En Puerto Gaitán hay cerca de 350 familias que dependen de esa práctica directamente, sin contar con los que se benefician indirectamente. No solo nos está afectando a nosotros, los operadores, como pescadores deportivos, sino también a la economía y el turismo que se genera por medio de esta actividad”. No son los únicos. Hay poblaciones completas en todo el país cuya economía depende de manera exclusiva del turismo que trae la pesca deportiva. En ausencia de alternativas, ¿no merecen acaso consideración para posibles exenciones?
Hay más razones. La pesca deportiva es utilizada en Colombia y en todo el mundo como una herramienta de conservación y un incentivo al conocimiento de los ecosistemas de agua. Por ejemplo, la práctica ha sido muy útil para reducir la población invasora del pez león, que afecta todo el equilibrio del medio ambiente. Cuando se construyen comunidades en torno al turismo, se fomenta que los pobladores se aseguren de que los peces no sean maltratados ni pescados. Eso lo explicó la bióloga Nataly Castelblanco: “Las comunidades dedicadas a esta actividad conservan los ecosistemas acuáticos para que haya peces grandes y abundantes, que es lo que atrae a los turistas. Por lo mismo, también cuidan a los peces. Gran parte de la pesca deportiva es de captura-liberación, con técnicas para evitar la muerte o el daño al animal (...) En conservación es clave garantizar el bienestar humano. Comunidades humanas hambrientas, marginadas y olvidadas siempre serán causantes de mayor impacto ambiental”.
Finalmente, está la consideración de la autonomía de las personas que desean participar en la pesca deportiva. Una prohibición de tajo como la que plantea la Corte Constitucional establece que, por precaución, nadie puede realizar la actividad. ¿Por qué, si hay suficientes herramientas para pescar sin hacer daño? ¿Qué ocurre con quienes llevan años disfrutando la actividad? En la ponderación de los efectos, la Corte dejó muchas consideraciones por fuera.
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