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El Estado colombiano sabía que la población en Mocoa (Putumayo) estaba en riesgo y no hizo nada. Las consecuencias fueron trágicas: 330 personas muertas y cerca de 400 heridos por una avalancha el 31 de marzo de 2017, que se llevó por delante sus casas y generó una crisis humanitaria que aún hoy no ha sido atendida de manera suficiente. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a varias entidades por un desastre anunciado y previsible. La sentencia es una pregunta abierta sobre por qué a lo largo y ancho de Colombia hay situaciones de riesgo que nunca se enfrentan ni solucionan, a pesar de las múltiples advertencias. De muy poco nos sirve la reparación que llega después de que el horror ha ocurrido.
La nación, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia), el departamento de Putumayo y el municipio de Mocoa fueron declarados responsables de manera solidaria por la tragedia. Por eso, el Estado deberá reparar a 85 víctimas y 10 familias, todas afectadas por el desbordamiento de tres ríos que rodean a Mocoa. Se trata de una justa decisión judicial que, sin embargo, tardó mucho en llegar.
Las evidencias son contundentes. El Tribunal dijo que “es inaceptable el comportamiento negligente de las hoy demandadas, cuando con pleno conocimiento de los eventos naturales que alertaban la presencia de un posible desastre, vulnerando su obligación de prevención y protección, asumieron una conducta pasiva en cuanto a la realización o toma de medidas preventivas, tendientes a salvaguardar la vida y los bienes de los habitantes del municipio de Mocoa”. Desde mucho antes de la tragedia, la UNGRD había presentado un informe técnico en el que, escribieron los magistrados, “expuso que el desastre sí era previsible, pero tenía características de imprevisible a irresistible, no se sabe el momento exacto en que ocurriría, pero sí la vulnerabilidad de la zona”. ¡Es que Mocoa ni siquiera contaba con un Sistema de Alertas Tempranas!
Lo terrible de leer los hallazgos del Tribunal es que aplican para muchas otras regiones en riesgo en Colombia. Es una mezcla de desidia institucional que se suma a la inercia de la inacción, lo que lleva a que no ocurra nada aunque sabemos que hay espacios que necesitan intervenciones urgentes. En últimas, son políticas públicas que juegan a la ruleta rusa: esperan que nada malo pase y así no tendrán que enfrentar las consecuencias de su negligencia. Eso, por supuesto, no es una manera adecuada de organizar las poblaciones ni atender las necesidades de las personas.
El problema con la prevención es que es poco popular. Intervenir a tiempo no genera réditos políticos, pues sus efectos son evitar tragedias. Empero, lo correcto es tomar medidas antes de que ocurra lo terrible. Lo vimos en Mocoa con las víctimas, la desesperación y la crisis que han permanecido en los años después de la avalancha. El Estado en todos sus niveles tiene que reaccionar para poder actuar de manera decisiva.
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