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                                                                                                                                El Estado tuvo la culpa de la tragedia en Mocoa

                                                                                                                                El Estado colombiano sabía que la población en Mocoa (Putumayo) estaba en riesgo y no hizo nada. Las consecuencias fueron trágicas: 330 personas muertas y cerca de 400 heridos por una avalancha el 31 de marzo de 2017, que se llevó por delante sus casas y generó una crisis humanitaria que aún hoy no ha sido atendida de manera suficiente. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a varias entidades por un desastre anunciado y previsible. La sentencia es una pregunta abierta sobre por qué a lo largo y ancho de Colombia hay situaciones de riesgo que nunca se enfrentan ni solucionan, a pesar de las múltiples advertencias. De muy poco nos sirve la reparación que llega después de que el horror ha ocurrido.

                                                                                                                                PUBLICIDAD
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                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                Lo terrible de leer los hallazgos del Tribunal es que aplican para muchas otras regiones en riesgo en Colombia. Es una mezcla de desidia institucional que se suma a la inercia de la inacción, lo que lleva a que no ocurra nada aunque sabemos que hay espacios que necesitan intervenciones urgentes. En últimas, son políticas públicas que juegan a la ruleta rusa: esperan que nada malo pase y así no tendrán que enfrentar las consecuencias de su negligencia. Eso, por supuesto, no es una manera adecuada de organizar las poblaciones ni atender las necesidades de las personas.

                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.

                                                                                                                                El Estado colombiano sabía que la población en Mocoa (Putumayo) estaba en riesgo y no hizo nada. Las consecuencias fueron trágicas: 330 personas muertas y cerca de 400 heridos por una avalancha el 31 de marzo de 2017, que se llevó por delante sus casas y generó una crisis humanitaria que aún hoy no ha sido atendida de manera suficiente. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a varias entidades por un desastre anunciado y previsible. La sentencia es una pregunta abierta sobre por qué a lo largo y ancho de Colombia hay situaciones de riesgo que nunca se enfrentan ni solucionan, a pesar de las múltiples advertencias. De muy poco nos sirve la reparación que llega después de que el horror ha ocurrido.

                                                                                                                                PUBLICIDAD
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                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                Lo terrible de leer los hallazgos del Tribunal es que aplican para muchas otras regiones en riesgo en Colombia. Es una mezcla de desidia institucional que se suma a la inercia de la inacción, lo que lleva a que no ocurra nada aunque sabemos que hay espacios que necesitan intervenciones urgentes. En últimas, son políticas públicas que juegan a la ruleta rusa: esperan que nada malo pase y así no tendrán que enfrentar las consecuencias de su negligencia. Eso, por supuesto, no es una manera adecuada de organizar las poblaciones ni atender las necesidades de las personas.

                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Read more!

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