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Las mujeres colombianas siguen enfrentándose a prácticas discriminatorias y abusivas que dificultan sus posibilidades de ser madres y trabajadoras. Un fallo de la Corte Constitucional, que se dio a conocer la semana pasada, estableció que las mujeres no están en la obligación de informar a sus empleadores que están embarazadas cuando empiezan un contrato, después de que una empresa despidiera a una trabajadora injustamente argumentando que ella sabía que estaba en embarazo y no lo dijo. A pesar de que la Corte falló a favor de la mujer y ratificó que las trabajadoras que se encuentran en estado de embarazo cuentan con especial protección en el país, ser madre, e incluso sólo la posibilidad de serlo, siguen siendo usados por los empleadores para vulnerar los derechos de las mujeres trabajadoras.
Según el fallo proferido por la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, “no existe un deber de informar acerca del estado de gestación al empleador al comienzo del contrato de trabajo, pues lo contrario supondría una barrera discriminatoria de acceso al ámbito laboral que afectaría a las mujeres en general y particularmente a las gestantes. Por lo tanto, se debe aclarar que no hay lugar a afirmar que las trabajadoras tienen la obligación de comunicar su estado de embarazo al comienzo del vínculo laboral”. Celebramos esta postura, que ha sido respaldada por el Ministerio de Trabajo, con la que la Corte defendió el fuero de maternidad, que es la protección constitucional y legal que se le brinda a toda mujer en estado de embarazo para prevenir cualquier violación a sus derechos y los del niño que está por nacer, y que además establece que una empresa no puede despedir a una mujer embarazada por capricho o porque precisamente está esperando un hijo.
Sin embargo, es lamentable que todavía existan empresas que desconocen los derechos de las mujeres, recurriendo a argumentos discriminatorios y absurdos como que ocultan su estado de embarazo buscando algún provecho económico. Más preocupante aún es que no son sólo las madres gestantes las que sufren abusos. Según la última Encuesta Nacional de Demografía y Salud, realizada por Profamilia y el Ministerio de Salud en 2015, el 32 % de las mujeres consultadas aseguraron que su empleador les exigió una prueba médica de embarazo, una práctica que ha sido condenada como inconstitucional y discriminatoria. Como lo expresó la Corte en el mismo fallo, “es una conducta reprochable que implica la vulneración de los derechos a la intimidad de la empleada, del libre desarrollo de su personalidad y su derecho al trabajo. En efecto, el empleador sólo puede ordenar la prueba de embarazo cuando se trate de empleos en los que existan riesgos reales o potenciales que puedan incidir negativamente en el normal desarrollo de la gestación”.
Los resultados de la encuesta son preocupantes en el sentido en que apuntan a que es una práctica organizacional extendida que en ocasiones se realiza incluso sin el consentimiento de la aspirante, algo que raya en la ilegalidad. El problema es que, como lo documentó una investigación publicada en Vanguardia Liberal, en Colombia no hay una legislación clara que prohíba y sancione a las empresas que empleen prácticas como exigir pruebas de embarazo en sus procesos de contratación, ni mecanismos para establecer que estas son usadas con fines discriminatorios. De momento, una acción de tutela es el único recurso al que muchas mujeres pueden acudir para defender sus derechos laborales, pero pocas veces se denuncian estos abusos, pues temen por su estabilidad laboral y permanecen en silencio.
Ser madre no debe ni puede ser un impedimento para acceder a un trabajo en Colombia. Ya es hora de que las mujeres dejen de ver sus derechos vulnerados en el ámbito laboral, y que las empresas reconozcan la maternidad como una condición que no les impide trabajar, y mucho menos cumplir con sus obligaciones.