El exterminio social en Colombia

Poco se dice en Colombia sobre el exterminio social, identificado comúnmente con el perverso eufemismo de “limpieza social”, mecanismo utilizado por grupos armados ilícitos y lícitos para ganarse la confianza de sectores de la población a través del asesinato de aquellas personas identificadas como “indeseables”. Lo peor: el mismo Estado, con su silencio, es cómplice de esta forma de justicia social que no puede seguir ocurriendo si queremos construir un nuevo país.

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, se lanzó el informe “Limpieza social, una violencia mal nombrada”, elaborado por el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional (Iepri) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Las conclusiones de su autor, Carlos Mario Perea, son escalofriantes, y piden a gritos que el Estado y la opinión pública le presten atención a esta situación que lleva, por lo menos, 40 años ocurriendo.

Entre 1988 y 2013, según datos del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), al menos 4.000 personas han sido asesinadas en Colombia en actos motivados por la “limpieza social”. Los lugares con más casos son Valle del Cauca (857), Antioquia (769), Norte de Santander (470), Santander (443) y Bogotá (342). Para Perea, es claro que la matanza social se ha convertido en una práctica sistemática en el país.

“Ante el vacío estatal —le dijo Perea a El Espectador—, algunos miembros de la sociedad lo colman, tomando la solución por su propia cuenta y riesgo”. Es decir: hacen “justicia” por mano propia.

Hay, de manera general, tres tipos de “limpieza”: social (por ejemplo, contra los homosexuales y los consumidores de drogas), étnica (por su origen, como las personas afro) y política (por la afiliación ideológica de las víctimas). Desde esa visión se puede ver que la violencia se utiliza para “liberarse” de las personas a las que la estigmatización culpa de todos los problemas de la población.

Por eso, por ejemplo, el exterminio es visto con buenos ojos. “Los paramilitares —dice Perea— hicieron de la «limpieza social» una operación sistemática. Además de llevar a cabo un trabajo contrainsurgente, hacían limpieza social, en un intento de ganar audiencia entre la población, para que los aceptaran”. En esta época que las bacrim, esos grupos tan parecidos a los paramilitares, están mostrando su fuerza ante el Estado, cobra especial relevancia entender los motivos detrás de esta manera de ganar adeptos.

La situación, no obstante, no se limita a los actores ilegales. La Policía, el Ejército, el Inpec y la Sijín, entre otros agentes del Estado, han asesinado a 104 personas bajo esta modalidad entre 1988 y 2013. La investigación encontró que la Policía suele llevar a cabo “limpiezas” a partir de pedidos de la ciudadanía en barrios populares. Y el Estado no dice nada.

Ese silencio cómodo y cómplice es, a todas luces, inaceptable. Dentro de los esfuerzos de paz y reconciliación, el Gobierno debería referirse con sinceridad a este tema, y tomar medidas que envíen un mensaje claro a todos los agentes armados del país, y a la población: en Colombia no toleramos el exterminio social. El sistema judicial debe serel único espacio para dirimir los conflictos.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com

Poco se dice en Colombia sobre el exterminio social, identificado comúnmente con el perverso eufemismo de “limpieza social”, mecanismo utilizado por grupos armados ilícitos y lícitos para ganarse la confianza de sectores de la población a través del asesinato de aquellas personas identificadas como “indeseables”. Lo peor: el mismo Estado, con su silencio, es cómplice de esta forma de justicia social que no puede seguir ocurriendo si queremos construir un nuevo país.

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, se lanzó el informe “Limpieza social, una violencia mal nombrada”, elaborado por el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional (Iepri) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Las conclusiones de su autor, Carlos Mario Perea, son escalofriantes, y piden a gritos que el Estado y la opinión pública le presten atención a esta situación que lleva, por lo menos, 40 años ocurriendo.

Entre 1988 y 2013, según datos del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), al menos 4.000 personas han sido asesinadas en Colombia en actos motivados por la “limpieza social”. Los lugares con más casos son Valle del Cauca (857), Antioquia (769), Norte de Santander (470), Santander (443) y Bogotá (342). Para Perea, es claro que la matanza social se ha convertido en una práctica sistemática en el país.

“Ante el vacío estatal —le dijo Perea a El Espectador—, algunos miembros de la sociedad lo colman, tomando la solución por su propia cuenta y riesgo”. Es decir: hacen “justicia” por mano propia.

Hay, de manera general, tres tipos de “limpieza”: social (por ejemplo, contra los homosexuales y los consumidores de drogas), étnica (por su origen, como las personas afro) y política (por la afiliación ideológica de las víctimas). Desde esa visión se puede ver que la violencia se utiliza para “liberarse” de las personas a las que la estigmatización culpa de todos los problemas de la población.

Por eso, por ejemplo, el exterminio es visto con buenos ojos. “Los paramilitares —dice Perea— hicieron de la «limpieza social» una operación sistemática. Además de llevar a cabo un trabajo contrainsurgente, hacían limpieza social, en un intento de ganar audiencia entre la población, para que los aceptaran”. En esta época que las bacrim, esos grupos tan parecidos a los paramilitares, están mostrando su fuerza ante el Estado, cobra especial relevancia entender los motivos detrás de esta manera de ganar adeptos.

La situación, no obstante, no se limita a los actores ilegales. La Policía, el Ejército, el Inpec y la Sijín, entre otros agentes del Estado, han asesinado a 104 personas bajo esta modalidad entre 1988 y 2013. La investigación encontró que la Policía suele llevar a cabo “limpiezas” a partir de pedidos de la ciudadanía en barrios populares. Y el Estado no dice nada.

Ese silencio cómodo y cómplice es, a todas luces, inaceptable. Dentro de los esfuerzos de paz y reconciliación, el Gobierno debería referirse con sinceridad a este tema, y tomar medidas que envíen un mensaje claro a todos los agentes armados del país, y a la población: en Colombia no toleramos el exterminio social. El sistema judicial debe serel único espacio para dirimir los conflictos.

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