Mantener una librería en Colombia es un acto de fe. También lo es montar una editorial, especialmente si se encuentra en el sector independiente. Los libros, tan esenciales para la democracia y las sociedades sanas, están en perpetua crisis económica. Mientras aumentan sus costos de producción por la inflación y el encarecimiento de los insumos básicos, nuestro país tiene unos precios bastante elevados para la capacidad adquisitiva de las personas. Entonces, cualquier emprendimiento que quiera fomentar la lectura se tiene que hacer con las uñas, la pasión y la terquedad de quienes, a pesar de todo, ven la importancia de lo que hacen. Por eso mismo, es fundamental que el Congreso de la República escuche los reclamos que elevó el gremio en días recientes.
En el cierre de la pasada legislatura, el Proyecto de Ley 427 fue aprobado en primer debate por la Cámara de Representantes. Este tiene como propósito “fortalecer el ecosistema del libro en Colombia; mejorar los hábitos de lectura, escritura, oralidad, librerías y bibliotecas; los contextos tecnológicos complementarios de la actividad e incentivar la cultura del libro y sus festivales regionales”. Suena muy bien. Sin embargo, la Asociación Colombiana de Literatura Infantil y Juvenil (ACLIJ), la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia (ASEUC), la Cámara Colombiana de la Edición Independiente (CCEI) y la Asociación Colombiana de Libreros Independientes (ACLI) pidieron que se archive la iniciativa. Es momento de escucharlos.
En un comunicado, los firmantes, que representan un amplio grupo de libreros y editoriales del país, explican que “no se expresó la complejidad del sector ni se tuvieron en cuenta las necesidades de todos sus actores”. Por eso, su “recomendación sigue siendo archivar el proyecto porque no vemos en él una base fértil ni apropiada para la discusión”. Las quejas son varias: pésimas definiciones conceptuales que no entienden el rol de autores y editores, ausencia de medidas que eviten la competencia desleal en un mercado de por sí en crisis, incentivos a la lectura que no se pensaron de manera adecuada, establecimiento de precios desde el Estado sin reconocer la realidad de los costos de producción e intervención en lo que se puede vender o no en las librerías.
Es decir que un proyecto con buenas intenciones no parece haber escuchado a los actores claves del ecosistema del libro en Colombia. Eso es gravísimo, especialmente porque las librerías y editoriales sí están urgidas de una ley ambiciosa de fomento. Este proyecto se debería archivar y sustituir por una mejor propuesta de manera inmediata, liderada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.
Ana María Aragón, presidenta de la Asociación Colombiana de Libreros Independientes, lo pone en estos términos: “Hay que conversar y armar una mejor propuesta que vaya también de la mano de la reforma a la ley de cultura que está tratando de pasar el Ministerio de Cultura. Es un proyecto para incentivar y promover todos los sectores culturales del país, todas las artes: el teatro, la música, la edición, el cine... Con ellos hemos tenido conversaciones, hemos participado, hemos hecho correcciones puntuales también al texto”. Es necesario que el Congreso escuche las críticas. No se puede fomentar el libro sin escuchar a quienes conforman ese ecosistema.