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El viernes pasado, un jurado de California, en Estados Unidos, emitió una sentencia sin precedentes. La empresa Bayer Monsanto deberá pagar US$289 millones a un jardinero por no haber advertido en sus productos a base de glifosato que esa sustancia “probablemente” causaba cáncer. Aunque hay una apelación pendiente, sigue en el mundo una discusión que en el país no deja de estrellarse contra la terquedad de las fuerzas políticas que ahora se encuentran en el Gobierno.
Dewayne Johnson fue contratado en el 2012 como jardinero de una ciudad en la bahía de San Francisco. Durante su tiempo en ese trabajo tuvo contacto unas 30 veces al año con herbicidas de Monsanto. En el 2014 fue diagnosticado con un linfoma no Hodgkin. Por eso demandó a la empresa, pues consideraba que el glifosato estaba directamente ligado a su enfermedad.
Después de mucha deliberación, el jurado castigó a la empresa por no advertir en los empaques de su producto que éste “probablemente” puede causar cáncer. Esta decisión, de ser reiterada en segunda instancia, pondría en graves aprietos a Bayer Monsanto, pues sólo en Estados Unidos hay cerca de 5.000 demandas similares esperando resolución. Los costos de compensación serían imposibles de cubrir.
La empresa, no obstante, defiende su producto. Frank Garnier, presidente de Bayer Francia, donde el gobierno le declaró la guerra al herbicida, dijo que “está convencido de que el glifosato no supone un peligro para la salud humana cuando se usa de acuerdo con las recomendaciones de uso”. Varias agencias sanitarias a nivel mundial están de acuerdo con eso, mientras otras, como la Organización Mundial de la Salud, dicen que sí hay un riesgo.
Este debate le habla a Colombia, particularmente por la crisis en el combate al narcotráfico. En entrevista reciente, Guillermo Botero, ministro de Defensa, dijo que “no podemos seguir navegando en un mar de coca”. Por eso, además del regreso del glifosato, habló de que la sustitución de cultivos será obligatoria.
Aunque compartimos la preocupación por el aumento de las hectáreas sembradas de coca, que ayudan al financiamiento de los carteles del narcotráfico y las bandas criminales, nos preocupa que la estrategia para combatirlas del nuevo gobierno esté ignorando la realidad nacional.
En cuanto al glifosato, ¿no es acaso suficiente la evidencia científica para aplicar el principio de precaución que el Ministerio de Salud había solicitado durante el gobierno de Santos? Además, las aspersiones han demostrado que no solucionan el problema, pues, aunque reducen los cultivos, no los eliminan por completo y sí causan muchas disputas en el territorio.
Lo mismo puede decirse de la sustitución obligatoria. Botero habla de “tratar de darles todo el asistencialismo posible a esas personas que están dedicadas a los cultivos ilícitos”, pero deja claro que no será necesario el consenso para los procesos de sustitución. Eso, además de romper lazos con comunidades que han expresado su voluntad de trabajar con el Gobierno, es continuar atacando al eslabón más débil en la cadena del narcotráfico. La historia de Colombia nos ha demostrado que esa estrategia, además de injusta, no es efectiva en la solución del problema.
Tenemos que cambiar la estrategia para combatir el narcotráfico, a menos que queramos seguir perpetuando los mismos debates sin salida una y otra vez.
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