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El régimen de Venezuela atenta de nuevo contra la libertad de expresión mediante la arbitraria medida que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha dictado contra el diario El Nacional, al ordenarle el pago de US$13 millones a Diosdado Cabello, como compensación al segundo hombre más poderoso en el país vecino. La injusta y desproporcionada medida busca acallar a uno de los últimos medios de comunicación independientes y críticos de la dictadura venezolana. Queremos expresar nuestro total apoyo y solidaridad con Miguel Henrique Otero, su propietario, y con todo el equipo que continúa informando día a día en formato digital.
Una demanda por difamación e injuria había sido presentada en 2015 por Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), luego de que varios medios independientes, entre ellos El Nacional y Tal Cual, replicaran una información publicada por el diario ABC, de España, y por varias agencias internacionales de noticias. En la misma, se denunciaba el vínculo de Diosdado Cabello con el narcotráfico, luego de que así lo afirmara el capitán de corbeta Leamsy Salazar, exjefe de seguridad de Hugo Chávez, al huir a Estados Unidos. Este es el último intento por sacar de circulación a El Nacional, reconocido por su tradición e independencia periodística. Ya lo habían logrado en su forma impresa, pues supieron asfixiarlo al negarle la importación de papel. Ante esta realidad, el diario pasó a digital en 2017 y así continúa informando hasta el momento.
Si vamos al caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), a través de su Relatoría de la Libertad de Expresión, lo ha expresado con absoluta claridad: “La reproducción fiel de información no da lugar a responsabilidad, aun en los casos en que la información reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona. Las bases de esta doctrina se encuentran en la necesidad de la libertad de expresión e información para la existencia de una sociedad democrática”. Nada que agregar. Además, no se puede llegar a una decisión de indemnización por parte de la justicia civil cuando ni siquiera existe una sentencia penal al respecto.
La injusta e injustificable decisión por daños morales y difamación de la Sala de Casación Civil del TSJ, controlada por Nicolás Maduro, pone al propietario del diario y a sus accionistas en una encrucijada. Como lo dijo Miguel Henrique Otero, exiliado en España, “el régimen pretende expropiar a El Nacional y entregárselo a Diosdado Cabello”. Y para disfrazar la censura se acude al populismo ramplón para vender la idea de que Cabello utilizará la compensación para escuelas y vacunas.
El respaldo internacional, del cual hacemos parte, ha sido total. Cerca de 20 expresidentes latinoamericanos, agrupados alrededor de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), expresaron que “ante los fallidos intentos por acallar a un medio como El Nacional, se recurre hoy a la intervención de una justicia sometida a la voluntad del régimen para infligirle un grave daño económico”. Jaime Abello, director de la Fundación Gabo, dijo que el “ataque contra El Nacional es una tragedia para el periodismo latinoamericano”.
Coincidimos con la perfecta definición que hizo Ramón José Medina, abogado y reconocido político venezolano, quien dijo que se trataba de otra muestra de “la prepotencia del poder”.
Otro diario que ha sufrido el acoso del gobierno ha sido Tal Cual, hoy también en formato digital por culpa de la asfixia para conseguir papel por parte de la dictadura. Hace unos meses Cabello había anunciado que “pronto saldrá la demanda de El Nacional y la de Tal Cual anda rodando por allí”. Ninguno de los dos medios se ha doblegado y ambos continúan de forma digital. Desde estas páginas, toda nuestra solidaridad y apoyo a ellos ante este ataque soberbio a la libertad de prensa.
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