El grito de auxilio de Buenaventura

Los disturbios ocurridos en Buenaventura, donde se incendiaron llantas, se bloqueron vías públicas y hubo saqueos de supermercados, deben ser, por supuesto, rechazados. Cuando la frustración desencadena en violencia, se pierde por completo el debate y la atención del país se ubica sobre la ya conocida dinámica entre el Esmad y los manifestantes. Flojo favor le hace el vandalismo a una causa justa y necesaria, como la de los manifestantes en Buenaventura.

Dicho eso, es importante ver cómo los voceros del paro repudiaron la violencia y evitar caer en las estigmatizaciones facilistas que abundan en estos casos. La realidad es que Buenaventura tiene muchísimas razones para estar en paro y esa debe ser la discusión que ha de darse.

Los cerca de 50.000 bonaverenses que marcharon por las calles de su ciudad, ayer, además de rechazar la violencia, tenían un mensaje claro: el Gobierno se ha quedado en promesas incumplidas. Eco de lo dicho, por cierto, en el paro del Chocó, y un reclamo común en los distintos grupos que a lo largo y ancho del país se están manifestando.

El caso de Buenaventura es extremo. Su población ha sido históricamente víctima del conflicto, de la pobreza y de la desigualdad, pese a ser uno de los puertos más importantes para la economía colombiana. De los 400.000 habitantes, más de 160.000 se han acreditado como víctimas; entre 1999 y 2003, los paramilitares cometieron 26 masacres en el municipio. El 80 % de toda la población está en condición de pobreza, el desempleo afecta al 60 % y el 17 % es analfabeta. Además, como le dijo a El País el padre Adriel Ruiz, quien ha sido vocero durante el paro, “la institucionalidad del municipio no funciona y todo lo que se hace resulta mal hecho o cae en manos de la corrupción, a lo que se suma la violencia”. En pocas palabras, es un municipio plagado de fallas estructurales.

Por eso, 89 agrupaciones sociales iniciaron, el martes de la semana pasada, un paro cívico para pedirle al Gobierno que decrete la emergencia social, económica y ecológica para la ciudad.

Por su parte, el Gobierno ha demostrado que está comprometido con darles solución a las peticiones. El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, aprovechó, ayer, la conmemoración del Día Nacional de la Afrocolombianidad y dijo que “todavía las brechas sociales y la inercia del conflicto se concentran en territorios como el Pacífico, el sur de Bolívar, Urabá y Darién, entre otros, y eso requiere de políticas”. Es decir, hay un reconocimiento estatal del problema y la promesa de recursos. No es menor que se presente esa interlocución.

Lo dijimos en dos ocasiones la semana pasada: a nadie le conviene que Colombia viva en paro. Sólo el de Buenaventura, según datos de la Asociación de Transportadores de Carga, ha generado $50.000 millones en pérdidas para la industria del país y ha impedido movilizar más de 11,2 millones de toneladas de productos.

Por lo anterior y porque los bonaverenses merecen una oportunidad de cortar su historia de atraso y desigualdad, esperamos que esta crisis sea el comienzo de un cambio estructural para Buenaventura y el país.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com

Los disturbios ocurridos en Buenaventura, donde se incendiaron llantas, se bloqueron vías públicas y hubo saqueos de supermercados, deben ser, por supuesto, rechazados. Cuando la frustración desencadena en violencia, se pierde por completo el debate y la atención del país se ubica sobre la ya conocida dinámica entre el Esmad y los manifestantes. Flojo favor le hace el vandalismo a una causa justa y necesaria, como la de los manifestantes en Buenaventura.

Dicho eso, es importante ver cómo los voceros del paro repudiaron la violencia y evitar caer en las estigmatizaciones facilistas que abundan en estos casos. La realidad es que Buenaventura tiene muchísimas razones para estar en paro y esa debe ser la discusión que ha de darse.

Los cerca de 50.000 bonaverenses que marcharon por las calles de su ciudad, ayer, además de rechazar la violencia, tenían un mensaje claro: el Gobierno se ha quedado en promesas incumplidas. Eco de lo dicho, por cierto, en el paro del Chocó, y un reclamo común en los distintos grupos que a lo largo y ancho del país se están manifestando.

El caso de Buenaventura es extremo. Su población ha sido históricamente víctima del conflicto, de la pobreza y de la desigualdad, pese a ser uno de los puertos más importantes para la economía colombiana. De los 400.000 habitantes, más de 160.000 se han acreditado como víctimas; entre 1999 y 2003, los paramilitares cometieron 26 masacres en el municipio. El 80 % de toda la población está en condición de pobreza, el desempleo afecta al 60 % y el 17 % es analfabeta. Además, como le dijo a El País el padre Adriel Ruiz, quien ha sido vocero durante el paro, “la institucionalidad del municipio no funciona y todo lo que se hace resulta mal hecho o cae en manos de la corrupción, a lo que se suma la violencia”. En pocas palabras, es un municipio plagado de fallas estructurales.

Por eso, 89 agrupaciones sociales iniciaron, el martes de la semana pasada, un paro cívico para pedirle al Gobierno que decrete la emergencia social, económica y ecológica para la ciudad.

Por su parte, el Gobierno ha demostrado que está comprometido con darles solución a las peticiones. El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, aprovechó, ayer, la conmemoración del Día Nacional de la Afrocolombianidad y dijo que “todavía las brechas sociales y la inercia del conflicto se concentran en territorios como el Pacífico, el sur de Bolívar, Urabá y Darién, entre otros, y eso requiere de políticas”. Es decir, hay un reconocimiento estatal del problema y la promesa de recursos. No es menor que se presente esa interlocución.

Lo dijimos en dos ocasiones la semana pasada: a nadie le conviene que Colombia viva en paro. Sólo el de Buenaventura, según datos de la Asociación de Transportadores de Carga, ha generado $50.000 millones en pérdidas para la industria del país y ha impedido movilizar más de 11,2 millones de toneladas de productos.

Por lo anterior y porque los bonaverenses merecen una oportunidad de cortar su historia de atraso y desigualdad, esperamos que esta crisis sea el comienzo de un cambio estructural para Buenaventura y el país.

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