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La gravedad de la situación que se vive en Gaza no cesa. La perspectiva de un alto al fuego e intercambio de rehenes entre el Gobierno de Israel y el grupo terrorista Hamás, pronto a anunciarse, queda en entredicho luego del repudiable hecho acaecido el jueves anterior. Según versiones discrepantes, más de 100 personas perdieron la vida y cerca de 700 quedaron heridas mientras esperaban recibir alimentos de un convoy humanitario, en medio de la hambruna que padecen los 2,2 millones de gazatíes. Urge aclarar lo sucedido para establecer responsabilidades y, al mismo tiempo, persistir en el alto al fuego inmediato que conduzca a mediano plazo a la necesaria creación de un Estado palestino independiente.
Este último incidente ha causado profundo repudio. Según la versión de las autoridades en Gaza, vinculadas a Hamás, cientos de personas que se acercaban en la madrugada a un convoy con alimentos recibieron disparos del ejército de Israel, lo que generó pánico y muchas de ellas murieron por los disparos o fueron atropelladas. Las autoridades israelíes, por su parte, aseguran que el caos lo generaron las personas que se abalanzaron sobre los camiones para saquear los alimentos, que también se acercaron a vehículos del ejército de ocupación israelí cuyos soldados dispararon al aire, se generó la desbandada y los muertos y heridos eran parte de la estampida o fueron atropellados por los camiones. Se ha pedido, una vez más, una comisión internacional independiente que establezca las responsabilidades correspondientes.
Este hecho se suma a otros similares que se han presentado desde que el Gobierno de Israel inició la operación militar contra Hamás, luego de los actos terroristas del 7 de octubre de 2023 que ocasionaron la muerte a más de 1.200 personas en Israel. Netanyahu anunció entonces que, en su legítima defensa, lograría acabar pronto con el grupo fundamentalista que controla Gaza, además de la liberación de unos 250 rehenes que secuestró Hamás. El saldo, hasta el momento, ha sido trágico: más de 30.000 muertos —la inmensa mayoría civiles, mujeres y niños, según las autoridades en Gaza—, un alto número de heridos, el desplazamiento forzado de más de dos millones de personas del norte al sur de la Franja, la destrucción de la mayor parte de las viviendas y la infraestructura, así como la escasez de alimentos y agua, que ingresan a cuentagotas. El desastre humanitario que se vive es incalculable y no se observa una solución al problema palestino. Bajo ningún concepto las normas internacionales o del DIH avalan las acciones de Israel.
Netanyahu trata de mantenerse en el poder a como dé lugar, pues sabe que si su gobierno de ultraderecha va a elecciones no solo perderá, sino que además tendrá que enfrentar su responsabilidad por todo lo ocurrido. Thomas L. Friedman publicó en una reciente columna en The New York Times una conversación con Shekhar Gupta, editor del periódico indio ThePrint, quien le manifestó que “la guerra de Netanyahu está dañando el mayor activo de Israel: la creencia ampliamente extendida en la invencibilidad de su ejército, la infalibilidad de sus servicios de inteligencia y la justicia de su misión”.
El Gobierno israelí debe responder ante las instancias internacionales por las graves denuncias de comisión de crímenes de guerra y las acusaciones de genocidio. Está pendiente su respuesta a la petición de la Corte Internacional de Justicia de presentar un informe sobre lo adelantado para evitar un posible genocidio. Según Human Rights Watch, no se ha cumplido lo solicitado por la corte, que incluía la persecución de llamamientos incendiarios contra los gazatíes, el fin del asedio, la reanudación de la ayuda humanitaria y la prohibición de los ataques indiscriminados a la población.
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