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La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA), que se encuentra en el país desde 2004 y cuenta con 18 oficinas en terreno, presentó el miércoles pasado en Washington su informe a los países miembros de la Organización. Se trata de una radiografía precisa sobre la situación que se vive con la implementación del Acuerdo de Paz. Entre los aspectos más destacados están los efectos de la pandemia, al aumentar los problemas y vulnerabilidades relacionados con la inequidad, presencia estatal y violencia. Este último aspecto persiste debido a diversos factores y afecta a líderes sociales, desmovilizados y sociedad civil. También reconoce los avances del Gobierno en distintos campos, como la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), y formula recomendaciones para mejoras.
El informe, de 40 páginas, que llega hasta la mitad del año, resalta el impacto de la crisis del COVID-19 en la continuidad de políticas públicas y la transparencia en el uso de los recursos, que son aspectos significativos para el posconflicto. Frente a situaciones como la actual, Luis Almagro, secretario general de la OEA, ha expresado que la pandemia es una oportunidad para “acercar posiciones, alcanzar acuerdos y cumplir con los efectos transformadores que la realidad exige”. Con respecto al “cese del fuego unilateral activo” del Eln en abril, se resaltan sus efectos positivos en la medida en que se observan valiosos hechos de paz que alientan a continuar bajo el principio de irreversibilidad y el imperativo humanitario.
Según lo que han podido constatar sobre el terreno, disputas y enfrentamientos directos entre los grupos armados ilegales (GAI) siguen afectando a las poblaciones más vulnerables, lo que provoca desplazamientos forzados, confinamientos, homicidios, amenazas y, en especial, la violencia ejercida contra líderes sociales, por lo cual es primordial que se avance “en un proceso de diálogo franco, abarcador de todas las dimensiones del fenómeno, con la totalidad de sectores competentes y afectados”. Como consecuencia del aislamiento por causa del COVID-19, los GAI han fortalecido su control social en varios municipios donde existe escasa presencia del Estado.
Otro efecto adverso de la pandemia ha sido que el aislamiento obligatorio incrementó la deserción escolar y agudizó la situación de vulnerabilidad económica de muchas familias rurales, lo que aumentó el riesgo de reclutamiento forzado de menores de edad. Lo anterior, mediante el ofrecimiento de dinero, armas cortas o artículos de lujo, presión psicológica o amenazas de atentar contra ellos o sus familiares. De otro lado, se menciona la forma en que los GAI han impedido la realización del desminado humanitario en algunos departamentos, lo que va en detrimento de las condiciones de seguridad de la población civil.
Entre los aspectos positivos, se resaltan los esfuerzos del Gobierno para cumplir con la reincorporación de 12.773 exmiembros de las Farc, y en materia de atención en salud se menciona la aprobación de proyectos colectivos que benefician a 2.712 personas en proceso de reinserción, así como proyectos individuales que favorecen a 1.630 personas. Se han identificado como factores de riesgo para quienes están en proceso de reincorporación el habitar o estar cerca a zonas donde operan grupos armados ilegales o en inmediaciones de enclaves de economías ilegales. El informe menciona que, a pesar de las múltiples acciones del Estado para prevenir hechos violentos y determinar las responsabilidades en el proceso investigativo, dentro de los sectores afectados aún se percibe impunidad en la identificación de los autores de estas acciones. De esta manera se genera incertidumbre entre los excombatientes, pues esto afecta sus condiciones de seguridad, así como la reincorporación a la vida civil.
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