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El fiscal Francisco Barbosa comenzó su gestión con dudas sobre sus intereses políticos por la cercanía a su nominador, el excompañero de pupitre y entonces presidente, Iván Duque, y terminó el periodo en la Fiscalía sin dejar duda alguna sobre su afán de figurar en el debate nacional y de utilizar la función pública como trampolín para aspiraciones políticas personales. Más allá de las discusiones sobre resultados puntuales, la Fiscalía de Barbosa pasará a la historia por minar la legitimidad de las instituciones, agredir de manera irresponsable al presidente de la República y promover una interinidad cuestionada. Todo esto muestra la urgencia de redefinir las reglas de elección de fiscal y las inhabilidades de los directores de entes de control una vez dejen sus cargos, pero en el Congreso no hay voluntad política para una reforma de ese estilo.
El entonces presidente Iván Duque siguió la mala práctica de gobernantes anteriores en lo relacionado a la nominación de candidatos para la Fiscalía. Al incluir a Francisco Barbosa, su amigo íntimo de la universidad, escudero durante la campaña presidencial y funcionario durante su gobierno, comprometió directamente la legitimidad del ente acusador. La Corte Suprema de Justicia, que ha mostrado poco interés por proteger la autonomía de la Fiscalía al momento de elegir candidatos, lo nombró con votación amplia. Pronto el país se encontró con el problema de conflictos de intereses: uno de los primeros casos de alto impacto que tuvo que enfrentar el fiscal Barbosa fue el de la llamada “ñeñepolítica”, sospechas de dineros mal habidos en la campaña presidencial de Duque. El fiscal utilizó los medios de comunicación para mostrarse desafiante, para defender la peregrina tesis de que no había motivos para cuestionar su independencia del presidente y luego archivó las investigaciones. Eso de entrada marcó el tono de la Fiscalía por venir.
Y continuó con la sospechosa actitud de la Fiscalía con el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde los fiscales han buscado precluir el proceso solo para recibir regaños de los jueces. Durante el estallido social, el ente acusador, en vez de mostrar prudencia en la investigación de los graves hechos que ocurrían, prefirió priorizar la judicialización de manifestantes cuyos procesos terminaron en nada, mientras mostraba doble rasero con los abusos cometidos por miembros de la Fuerza Pública.
El legado, sin embargo, lo terminó de definir su actitud hostil hacia el presidente Petro. No repetiremos los argumentos ya discutidos en varios momentos, pero no deja de ser extraño utilizar la excusa de la defensa de la institucionalidad para minar la confianza en la Presidencia de la República. Para completar, los escándalos que rodean a la ahora fiscal encargada, Martha Mancera, no merecieron reflexión alguna en el búnker.
La fiscal interina tiene ahora la responsabilidad de reconocer su rol en el momento tan difícil que atraviesa el país. Todo su actuar debe mostrar mesura, transparencia y consciencia de que la legitimidad de la Fiscalía está en juego. No en vano el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, pidió la atención de la relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, así como del relator para Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo necesitamos. Con tanta tensión en el debate público y con una Corte Suprema que se tomará su tiempo en decidir sobre la terna de candidatas para fiscal, es tiempo de recuperar la confianza en las instituciones.
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