Los hechos están claros. Colombia está en cuarentena, con limitación de movilidad para familias enteras, incluyendo niños y adolescentes. En ese contexto, y sin tener una excepción mediante, el fiscal general de la Nación viajó a San Andrés con su hija y una amiga de su hija, también menor de edad. Es decir, violó la norma que todos estamos cumpliendo bajo dificultades de toda índole. Es más, violó la misma norma por la que, hace unos meses, el propio fiscal le hizo un reproche público a la alcaldesa de Bogotá, con anuncio de llamado a indagatoria incluido.
Como los hechos están claros, las declaraciones del fiscal en respuesta al escándalo han sido lamentables. Ante unos reclamos justos de la ciudadanía, el principal investigador del país respondió a las malas, de manera confrontacional, buscando dar interpretaciones sesgadas e intentando convencer a los colombianos de que lo que ocurrió en realidad no fue así como todos lo vimos. No son rasgos adecuados para alguien cuyo trabajo es, esencialmente, el de construir casos sólidos a partir de hechos claros.
“Yo tengo una niña adolescente y quiero que se pongan en el corazón de una persona que más allá de ser fiscal es padre de familia y, en ese sentido, decir que siempre que tenga la oportunidad de viajar con mi hija y mi familia lo haré”, dijo Barbosa. La pregunta obligada es: ¿eso qué tiene que ver con la esencia del debate en cuestión?
Entender los deseos de un padre de familia es fácil, apenas natural. ¿Cuántos padres de familia, encerrados en cuarentena, no quisieran poder viajar de puente a San Andrés con sus hijas? ¿Cuántos colombianos no están sufriendo el no poder salir de sus casas en compañía de sus hijos? Y aún así, cumplen las reglas, que son —o deberían ser— para todos.
Además, olvida el fiscal que en el viaje también fue una amiga de su hija. ¿Qué excusa existía ahí? ¿Cuál excepción al aislamiento obligatorio? No la hay.
El fiscal ha intentado alterar el debate, diciendo que lo están persiguiendo a él y poniendo en el foco de atención a su hija menor de edad. Esa no es la realidad. Fue él quien la expuso al violar la cuarentena, utilizar un viaje oficial para llevarla con una amiga a San Andrés y, en el proceso, darle un mal ejemplo a todo el país. ¿Ahora cualquier colombiano puede violar la cuarentena bajo la excusa de que es un padre de familia que quiere pasar tiempo con su hija?
Tal vez incluso más problemático que el viaje ha sido el tono adoptado por el fiscal para defenderse. La promesa de una Fiscalía lejos de polémicas y que construyera confianza con la ciudadanía se desvanece cuando su líder estigmatiza a la prensa, choca con sus críticos y, además, niega hechos evidentes. Si así es el comportamiento en algo tan sencillo, ¿cómo esperar que el manejo de casos más complejos sea diferente?
Es cierto que la Fiscalía tiene muchos enemigos. En general, todas las instituciones del país están asediadas por quienes buscan desprestigiarlas a cada momento. Sin embargo, eso no borra que los funcionarios deben responder cuando cometen actos cuestionables; si no lo hacen, afectan la legitimidad del cargo al que representan.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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Los hechos están claros. Colombia está en cuarentena, con limitación de movilidad para familias enteras, incluyendo niños y adolescentes. En ese contexto, y sin tener una excepción mediante, el fiscal general de la Nación viajó a San Andrés con su hija y una amiga de su hija, también menor de edad. Es decir, violó la norma que todos estamos cumpliendo bajo dificultades de toda índole. Es más, violó la misma norma por la que, hace unos meses, el propio fiscal le hizo un reproche público a la alcaldesa de Bogotá, con anuncio de llamado a indagatoria incluido.
Como los hechos están claros, las declaraciones del fiscal en respuesta al escándalo han sido lamentables. Ante unos reclamos justos de la ciudadanía, el principal investigador del país respondió a las malas, de manera confrontacional, buscando dar interpretaciones sesgadas e intentando convencer a los colombianos de que lo que ocurrió en realidad no fue así como todos lo vimos. No son rasgos adecuados para alguien cuyo trabajo es, esencialmente, el de construir casos sólidos a partir de hechos claros.
“Yo tengo una niña adolescente y quiero que se pongan en el corazón de una persona que más allá de ser fiscal es padre de familia y, en ese sentido, decir que siempre que tenga la oportunidad de viajar con mi hija y mi familia lo haré”, dijo Barbosa. La pregunta obligada es: ¿eso qué tiene que ver con la esencia del debate en cuestión?
Entender los deseos de un padre de familia es fácil, apenas natural. ¿Cuántos padres de familia, encerrados en cuarentena, no quisieran poder viajar de puente a San Andrés con sus hijas? ¿Cuántos colombianos no están sufriendo el no poder salir de sus casas en compañía de sus hijos? Y aún así, cumplen las reglas, que son —o deberían ser— para todos.
Además, olvida el fiscal que en el viaje también fue una amiga de su hija. ¿Qué excusa existía ahí? ¿Cuál excepción al aislamiento obligatorio? No la hay.
El fiscal ha intentado alterar el debate, diciendo que lo están persiguiendo a él y poniendo en el foco de atención a su hija menor de edad. Esa no es la realidad. Fue él quien la expuso al violar la cuarentena, utilizar un viaje oficial para llevarla con una amiga a San Andrés y, en el proceso, darle un mal ejemplo a todo el país. ¿Ahora cualquier colombiano puede violar la cuarentena bajo la excusa de que es un padre de familia que quiere pasar tiempo con su hija?
Tal vez incluso más problemático que el viaje ha sido el tono adoptado por el fiscal para defenderse. La promesa de una Fiscalía lejos de polémicas y que construyera confianza con la ciudadanía se desvanece cuando su líder estigmatiza a la prensa, choca con sus críticos y, además, niega hechos evidentes. Si así es el comportamiento en algo tan sencillo, ¿cómo esperar que el manejo de casos más complejos sea diferente?
Es cierto que la Fiscalía tiene muchos enemigos. En general, todas las instituciones del país están asediadas por quienes buscan desprestigiarlas a cada momento. Sin embargo, eso no borra que los funcionarios deben responder cuando cometen actos cuestionables; si no lo hacen, afectan la legitimidad del cargo al que representan.
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