La vergonzosa actuación de la Fiscalía General de la Nación en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe continúa. En el último día del plazo otorgado por el Tribunal Superior de Bogotá para presentar escrito de acusación o buscar nuevamente cerrar el caso, el fiscal asignado, Andrés Palencia Fajardo, renunció aduciendo motivos personales. Para completar, el nuevo fiscal delegado por el ente investigador, Víctor Salcedo, tuvo que declararse impedido por haber escrito una columna de opinión mostrando sus claros sesgos sobre el proceso contra el exmandatario. Así las cosas, la próxima persona que reciba el expediente se convertirá en el quinto fiscal asignado, retrasando aún más la necesaria actuación y negándole al país una importante decisión judicial que parecería ir camino, y no sola, hacia el vencimiento de términos.
Una y otra vez los fiscales designados al caso Uribe han sido reprendidos por la justicia. Aunque ya han pedido en varias ocasiones la preclusión del proceso por supuesta falta de pruebas contra el exmandatario, las juezas han negado las solicitudes. En sus motivaciones explican, no sin asombro, que la Fiscalía ha actuado de manera negligente y no ha querido investigar de manera adecuada los indicios graves que hay en el expediente. Las togadas han puesto sobre la mesa una incoherencia de nuestro sistema: si la Corte Suprema de Justicia consideró que había material probatorio suficiente hasta llegar a dictar medida de aseguramiento contra el expresidente, ¿por qué la Fiscalía no ha evaluado de manera integral todos los argumentos? En síntesis, una pésima labor. Y no se trata ni siquiera de que la decisión final deba ser adversa al expresidente, es que incluso una solicitud de preclusión tiene que estar bien sustentada y la Fiscalía no lo ha hecho.
Hay quienes han acusado a la Fiscalía de tener un desinterés por el proceso y lo que ocurrió con el fiscal más reciente no ayuda a desmentir dicha desconfianza. ¿Por qué esperar hasta el último día del plazo para renunciar? ¿Por qué, además, la organización interna de la Fiscalía fue torpe al asignar un reemplazo? Un proceso tan importante para el país no puede sumirse en aplazamientos ni mucho menos acercarse a un posible vencimiento de términos. Es increíble que estemos desde 2018 en esta discusión y que no parezca estar cerca de una decisión definitiva.
No se trata de negar la presunción de inocencia del expresidente Uribe, repetimos, sino de recordar la importancia que tiene para el país que las instituciones actúen de manera transparente y eficiente. Un caso que puso a temblar a Colombia entera, que llevó a las altas cortes a realizar un pronunciamiento conjunto y que tiene tantas implicaciones para el Estado de derecho no se puede diluir en la negligencia y la desidia de la Fiscalía. Si en efecto la decisión es pedir de nuevo la preclusión, el fiscal que lo haga deberá convencer a los jueces, y de paso al país entero, con argumentos. Si, en cambio, se decide llevar a juicio, también debe haber claridad en las razones. Ya se le han dado muchas largas a un asunto que necesita respuestas.
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Una y otra vez los fiscales designados al caso Uribe han sido reprendidos por la justicia. Aunque ya han pedido en varias ocasiones la preclusión del proceso por supuesta falta de pruebas contra el exmandatario, las juezas han negado las solicitudes. En sus motivaciones explican, no sin asombro, que la Fiscalía ha actuado de manera negligente y no ha querido investigar de manera adecuada los indicios graves que hay en el expediente. Las togadas han puesto sobre la mesa una incoherencia de nuestro sistema: si la Corte Suprema de Justicia consideró que había material probatorio suficiente hasta llegar a dictar medida de aseguramiento contra el expresidente, ¿por qué la Fiscalía no ha evaluado de manera integral todos los argumentos? En síntesis, una pésima labor. Y no se trata ni siquiera de que la decisión final deba ser adversa al expresidente, es que incluso una solicitud de preclusión tiene que estar bien sustentada y la Fiscalía no lo ha hecho.
Hay quienes han acusado a la Fiscalía de tener un desinterés por el proceso y lo que ocurrió con el fiscal más reciente no ayuda a desmentir dicha desconfianza. ¿Por qué esperar hasta el último día del plazo para renunciar? ¿Por qué, además, la organización interna de la Fiscalía fue torpe al asignar un reemplazo? Un proceso tan importante para el país no puede sumirse en aplazamientos ni mucho menos acercarse a un posible vencimiento de términos. Es increíble que estemos desde 2018 en esta discusión y que no parezca estar cerca de una decisión definitiva.
No se trata de negar la presunción de inocencia del expresidente Uribe, repetimos, sino de recordar la importancia que tiene para el país que las instituciones actúen de manera transparente y eficiente. Un caso que puso a temblar a Colombia entera, que llevó a las altas cortes a realizar un pronunciamiento conjunto y que tiene tantas implicaciones para el Estado de derecho no se puede diluir en la negligencia y la desidia de la Fiscalía. Si en efecto la decisión es pedir de nuevo la preclusión, el fiscal que lo haga deberá convencer a los jueces, y de paso al país entero, con argumentos. Si, en cambio, se decide llevar a juicio, también debe haber claridad en las razones. Ya se le han dado muchas largas a un asunto que necesita respuestas.
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