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Los casos de matoneo siguen patrones similares: alguien dice algo —usualmente una tergiversación de la realidad— sobre alguien, luego otras personas repiten eso mismo, agregándole exageraciones o mentiras, y el rumor se esparce como fuego en pradera hasta que un número considerable de personas se unen para difamar en coro y maltratar al sujeto de la opresión. El matoneo no necesita estar consciente de la realidad ni tiene tiempo para preguntarse sobre la validez del odio: basta con la convicción de que la persona perseguida es un monstruo peligroso que lo merece.
Eso mismo, lamentamos decirlo, ha ocurrido con todo el insensato escándalo que rodea la revisión de los manuales de convivencia en los colegios y a la ministra de Educación, Gina Parody.
Ayer varios grupos de padres de familia salieron a marchar en protesta por lo que ellos ven como la imposición de la ideología de género. Sin embargo, todas las declaraciones de los promotores han estado marcadas por la desinformación. Marchar con base en mentiras le hace daño a la democracia.
Por supuesto que es loable que los padres se involucren en la educación de sus hijos —es lo mínimo que debería hacer cualquier familia responsable—. Pero el tan criticado proceso del Ministerio de Educación sólo buscaba evaluar qué tan listos están los colegios para tratar a los estudiantes que manifiesten orientaciones sexuales o identidades de género diversas a las hegemónicas, pues existen y muchas veces sufren matoneo por parte de las mismas directivas de los centros educativos. Eso, a todas luces, es inaceptable.
Y aún así, el escándalo se centró alrededor de unas cartillas que (1) no eran obligatorias sino de consulta y (2) si bien llevaban el logo del Ministerio de Educación, éste no había aprobado su contenido. Pero claro, ese detalle, esencial en el escándalo, poco importó para quienes protestan.
Ahí no paró el matoneo. A partir de esa cartilla empezaron a circular en redes imágenes de publicaciones pornográficas haciéndolas pasar como instructivos del Ministerio para dictar educación sexual. Esa es la estrategia de difamación más baja que existe, pero, de nuevo, a quienes protestaban no les importó.
Tampoco hizo diferencia que acusaran a Colombia Diversa de estar detrás de la elaboración de todo esto por un contrato de $1.500 millones, cuando en realidad esa ONG no recibió dinero, sino que aportó $50 millones en especie, y cuando la cartilla en cuestión fue desarrollada por una entidad de Naciones Unidas. Pero, claro, lo que buscaban era envenenar el pozo apoyando el mentiroso discurso de una agenda activista al vincular a esta organización.
Finalmente, y pese a las respuestas del Ministerio, no hizo falta quien dijera que la ministra Parody, por su orientación sexual, busca que todos los niños del país se vuelvan homosexuales. ¡Por favor! Leer la frase anterior en voz alta debería ser suficiente para vislumbrar el absurdo al que se llegó y los prejuicios que permearon un debate que se tornó en cacería de brujas.
Sí, el Ministerio no fue claro desde el principio en sus mensajes, pero eso no excusa el talante del discurso de quienes protestaron, ni que reconocidos políticos se hicieran eco de imprecisiones y datos falsos.
La educación de los niños del país debe darse en un debate con seriedad y partiendo de la verdad, no de gritos que se parecen mucho al matoneo que estamos intentando combatir.
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