Sería sano que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, contemplara seriamente apartarse de su cargo. Esto no significaría que automáticamente fuera considerado culpable de los delitos que están en investigación. Tampoco sería una evaluación sobre su labor puntual en el manejo macroeconómico del país, que ha mostrado seriedad y señales de disciplina en tiempos de vacas flacas. Empero, su permanencia en el cargo representa un ruido ineludible para el Gobierno y para los colombianos. Es necesario que su defensa de las acusaciones directas que se le han hecho por supuestas transacciones “non sanctas” con el Congreso a través de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres la haga como ciudadano privado, mientras que una nueva persona toma las riendas del manejo económico y ayuda a la tranquilidad de todos los actores en los mercados nacional e internacional.
El nerviosismo que han manifestado en días recientes los inversionistas es comprensible. Primero con la reforma al Sistema General de Participaciones -que anuncia un desangre fiscal- y luego con las preguntas abiertas sobre la viabilidad de la ley de financiamiento. A esto se suman los audios publicados por Noticias Caracol donde una exasesora de alto nivel del ministro, María Alejandra Benavides, lanza acusaciones serias sobre el involucramiento del servidor público en el caso de corrupción más grande del actual Gobierno. Ante todo esto, sumado, es imperativo poner al país y a la institucionalidad primero. Lo hemos dicho en muchas ocasiones: el comportamiento de los funcionarios debe responder a estándares superiores y, cuando hay sospechas como las que nos ocupan, dar un paso al costado es lo más conveniente.
Especialmente porque, en lo que a manejo macroeconómico se refiere, el gobierno Petro ha hecho un trabajo ponderado. Eso no se puede perder por un caso personal. El presidente ha mencionado que le parece injusto el proceso contra su ministro, a quien respeta como economista y le reconoce el aporte al país. Esa, por supuesto, es una postura respetable. Sin embargo, hay suficientes economistas, cercanos al Gobierno y con amplia experiencia, que pueden sustituir a Bonilla sin que se sacrifique el proyecto del cambio o se hundan las reformas planteadas. Se trata de pensar en el país y en su gobierno antes que en los apellidos de quienes tienen cargos actualmente. Los inversionistas, los mercados y los colombianos estarían más tranquilos si el ministro de Hacienda no tiene la mitad de su cabeza puesta en la Fiscalía.
Lo revelado por Noticias Caracol exige explicaciones judiciales. En uno de los audios, Benavides, quien también involucró al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, fue clara: “Fiscal, en esa reunión se acuerda que quien tiene que empezar a moverse con la Unidad de Gestión del Riesgo es el ministro Velasco, cuando era ministro. Recuerdo que yo me sentaba en esas reuniones. Bonilla y Velasco hablaron. Y el ministro Bonilla le dijo: ‘Usted tiene que ayudarme, usted tiene que hacer algo también’. El ministro Velasco accedió. Jaime Ramírez Cobo, como enlace de la presidencia, y como el enlace más alto respecto a todos los otros enlaces del Gobierno Nacional, también tenía que intervenir ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”. Esto, al menos en apariencia, parece concordar con lo denunciado por Sneyder Pinilla y Olmedo López. Por eso la Fiscalía tiene la palabra.
El ministro Bonilla ha reiterado su inocencia y, por supuesto, tiene derecho a un debido proceso. Pero lo debe seguir como un ciudadano del común. Es lo que exige un escándalo mayor como el actual.
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Sería sano que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, contemplara seriamente apartarse de su cargo. Esto no significaría que automáticamente fuera considerado culpable de los delitos que están en investigación. Tampoco sería una evaluación sobre su labor puntual en el manejo macroeconómico del país, que ha mostrado seriedad y señales de disciplina en tiempos de vacas flacas. Empero, su permanencia en el cargo representa un ruido ineludible para el Gobierno y para los colombianos. Es necesario que su defensa de las acusaciones directas que se le han hecho por supuestas transacciones “non sanctas” con el Congreso a través de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres la haga como ciudadano privado, mientras que una nueva persona toma las riendas del manejo económico y ayuda a la tranquilidad de todos los actores en los mercados nacional e internacional.
El nerviosismo que han manifestado en días recientes los inversionistas es comprensible. Primero con la reforma al Sistema General de Participaciones -que anuncia un desangre fiscal- y luego con las preguntas abiertas sobre la viabilidad de la ley de financiamiento. A esto se suman los audios publicados por Noticias Caracol donde una exasesora de alto nivel del ministro, María Alejandra Benavides, lanza acusaciones serias sobre el involucramiento del servidor público en el caso de corrupción más grande del actual Gobierno. Ante todo esto, sumado, es imperativo poner al país y a la institucionalidad primero. Lo hemos dicho en muchas ocasiones: el comportamiento de los funcionarios debe responder a estándares superiores y, cuando hay sospechas como las que nos ocupan, dar un paso al costado es lo más conveniente.
Especialmente porque, en lo que a manejo macroeconómico se refiere, el gobierno Petro ha hecho un trabajo ponderado. Eso no se puede perder por un caso personal. El presidente ha mencionado que le parece injusto el proceso contra su ministro, a quien respeta como economista y le reconoce el aporte al país. Esa, por supuesto, es una postura respetable. Sin embargo, hay suficientes economistas, cercanos al Gobierno y con amplia experiencia, que pueden sustituir a Bonilla sin que se sacrifique el proyecto del cambio o se hundan las reformas planteadas. Se trata de pensar en el país y en su gobierno antes que en los apellidos de quienes tienen cargos actualmente. Los inversionistas, los mercados y los colombianos estarían más tranquilos si el ministro de Hacienda no tiene la mitad de su cabeza puesta en la Fiscalía.
Lo revelado por Noticias Caracol exige explicaciones judiciales. En uno de los audios, Benavides, quien también involucró al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, fue clara: “Fiscal, en esa reunión se acuerda que quien tiene que empezar a moverse con la Unidad de Gestión del Riesgo es el ministro Velasco, cuando era ministro. Recuerdo que yo me sentaba en esas reuniones. Bonilla y Velasco hablaron. Y el ministro Bonilla le dijo: ‘Usted tiene que ayudarme, usted tiene que hacer algo también’. El ministro Velasco accedió. Jaime Ramírez Cobo, como enlace de la presidencia, y como el enlace más alto respecto a todos los otros enlaces del Gobierno Nacional, también tenía que intervenir ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”. Esto, al menos en apariencia, parece concordar con lo denunciado por Sneyder Pinilla y Olmedo López. Por eso la Fiscalía tiene la palabra.
El ministro Bonilla ha reiterado su inocencia y, por supuesto, tiene derecho a un debido proceso. Pero lo debe seguir como un ciudadano del común. Es lo que exige un escándalo mayor como el actual.
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