El mito de la democracia racial

Estábamos, como ahora, en plena Semana de la Afrocolombianidad. Un festejo ya rutinario en el que desfilan las cifras, por lo general bastante negativas, y se hacen promesas. Al día de hoy, por lo mismo, no hay noticias del proyecto de ley. Las paupérrimas condiciones de vida de un gran porcentaje de afrodescendientes tampoco mejoran.

Y es que, como afirmó hace pocos meses la relatora de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de las minorías negras, Gay McDougall, la solución no proviene necesariamente de la aprobación de un nuevo proyecto de ley.

Luego de recorrer el país McDougall constató que, no obstante la avanzada legislación que tiene Colombia para proteger los derechos de las comunidades afro, “ésta no se está aplicando”. Por el contrario, las comunidades afrocolombianas enfrentan “una situación de racismo y discriminación”. En sus declaraciones a la prensa, la funcionaria alertó insistentemente sobre el despojo de tierras de que son víctimas, la imposibilidad del retorno debido a la presencia de bandas criminales y la eliminación sistemática de sus líderes.

No es la primera vez que los colombianos escuchamos estas denuncias. Durante los últimos años varios medios de comunicación, entidades académicas y grupos de la sociedad civil han reproducido múltiples testimonios sobre las circunstancias en que las comunidades negras del Pacífico han perdido sus tierras y puesto en peligro sus vidas tratando de recuperarlas. Pero sus asesinatos no generan mayor indignación.

Las múltiples celebraciones en el marco del Bicentenario de nuestra independencia deberían servir como excusa para reconocer que nuestra historia no está exenta de tensiones raciales y que la discriminación es una realidad tangible, que no será combatida con medidas paliativas ni con buenas intenciones. Tal y como señala el Observatorio de Discriminación Racial (ODR), de la Universidad de los Andes, en nuestro país hizo carrera el mito de la democracia racial, según el cual “en Colombia no hay racismo porque, a diferencia de Sudáfrica o Estados Unidos, todas las razas y culturas se fundieron para siempre en una síntesis feliz”.

Repetido hasta el cansancio por gobernantes y funcionarios, el mito permitió que se hiciera caso omiso de la indiferencia estatal. Un abandono material y simbólico, que se traduce en las alarmantes estadísticas que serán noticia a lo largo de esta semana. Según el último censo de 2005, 44 de cada 1.000 niñas negras mueren antes de cumplir su primer año de vida, es decir una tasa de mortalidad que duplica la del resto de la población. Las afrocolombianas viven, en promedio, 11 años menos que las demás mujeres del país. Y un afrocolombiano tiene 84% más probabilidades de ser desplazado que un mestizo.

En Colombia existen otras situaciones de pobreza, desplazamiento y exclusión. Pero la realidad de las comunidades afrodescendientes es la más alarmante. El racismo puede explicar el incumplimiento de las leyes, la utilización de medidas tímidas contra la discriminación y la actitud indolente de la sociedad ante la tragedia que viven hoy algunas comunidades negras. Haría falta una voluntad política fuerte, que más allá de los proyectos de ley y las oportunistas declaraciones, se comprometa a reconocer y combatir desde distintos frentes las arraigadas prácticas de discriminación racial en nuestra nación.

Estábamos, como ahora, en plena Semana de la Afrocolombianidad. Un festejo ya rutinario en el que desfilan las cifras, por lo general bastante negativas, y se hacen promesas. Al día de hoy, por lo mismo, no hay noticias del proyecto de ley. Las paupérrimas condiciones de vida de un gran porcentaje de afrodescendientes tampoco mejoran.

Y es que, como afirmó hace pocos meses la relatora de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de las minorías negras, Gay McDougall, la solución no proviene necesariamente de la aprobación de un nuevo proyecto de ley.

Luego de recorrer el país McDougall constató que, no obstante la avanzada legislación que tiene Colombia para proteger los derechos de las comunidades afro, “ésta no se está aplicando”. Por el contrario, las comunidades afrocolombianas enfrentan “una situación de racismo y discriminación”. En sus declaraciones a la prensa, la funcionaria alertó insistentemente sobre el despojo de tierras de que son víctimas, la imposibilidad del retorno debido a la presencia de bandas criminales y la eliminación sistemática de sus líderes.

No es la primera vez que los colombianos escuchamos estas denuncias. Durante los últimos años varios medios de comunicación, entidades académicas y grupos de la sociedad civil han reproducido múltiples testimonios sobre las circunstancias en que las comunidades negras del Pacífico han perdido sus tierras y puesto en peligro sus vidas tratando de recuperarlas. Pero sus asesinatos no generan mayor indignación.

Las múltiples celebraciones en el marco del Bicentenario de nuestra independencia deberían servir como excusa para reconocer que nuestra historia no está exenta de tensiones raciales y que la discriminación es una realidad tangible, que no será combatida con medidas paliativas ni con buenas intenciones. Tal y como señala el Observatorio de Discriminación Racial (ODR), de la Universidad de los Andes, en nuestro país hizo carrera el mito de la democracia racial, según el cual “en Colombia no hay racismo porque, a diferencia de Sudáfrica o Estados Unidos, todas las razas y culturas se fundieron para siempre en una síntesis feliz”.

Repetido hasta el cansancio por gobernantes y funcionarios, el mito permitió que se hiciera caso omiso de la indiferencia estatal. Un abandono material y simbólico, que se traduce en las alarmantes estadísticas que serán noticia a lo largo de esta semana. Según el último censo de 2005, 44 de cada 1.000 niñas negras mueren antes de cumplir su primer año de vida, es decir una tasa de mortalidad que duplica la del resto de la población. Las afrocolombianas viven, en promedio, 11 años menos que las demás mujeres del país. Y un afrocolombiano tiene 84% más probabilidades de ser desplazado que un mestizo.

En Colombia existen otras situaciones de pobreza, desplazamiento y exclusión. Pero la realidad de las comunidades afrodescendientes es la más alarmante. El racismo puede explicar el incumplimiento de las leyes, la utilización de medidas tímidas contra la discriminación y la actitud indolente de la sociedad ante la tragedia que viven hoy algunas comunidades negras. Haría falta una voluntad política fuerte, que más allá de los proyectos de ley y las oportunistas declaraciones, se comprometa a reconocer y combatir desde distintos frentes las arraigadas prácticas de discriminación racial en nuestra nación.