El no al “fracking”, ni a determinar sus reales efectos
El Espectador
Colombia debería poder realizar pilotos de fracking para observar sus efectos y tener datos aplicables al país sobre su viabilidad y sostenibilidad. La decisión del Consejo de Estado de dictar medidas cautelares, aunque no cierra el debate, sí genera más atrasos en una decisión que Colombia tiene que tomar pronto, pues de ella depende gran parte de su independencia energética en el futuro cercano.
No se trata de hacer fracking de manera indiscriminada. Tanto el Gobierno Nacional como la industria han mostrado estar comprometidos con surtir los pasos necesarios para determinar si la extracción mediante fracturación hidráulica pondría en graves riesgos la sostenibilidad ambiental y social de Colombia. El nombramiento de una comisión de expertos arrojó, hace unos meses, una guía a seguir para cerciorarse de que se estén midiendo los efectos de la técnica.
Es cierto que en el mundo hay estudios que demuestran los daños que ocasiona el fracking. En contraste, también abundan los países que han implementado la medida con las debidas precauciones porque la ven como necesaria para afrontar su escasez de recursos energéticos. En el debate colombiano sobre el balance adecuado entre conservación medioambiental y explotación del subsuelo hacen falta datos que se apliquen a la realidad nacional y nos den pistas sobre las mejores prácticas.
El Consejo de Estado se encuentra estudiando una solicitud de nulidad de los decretos que reglamentaron el fracking en el país. En el marco de ese proceso, el martes los magistrados dictaron medidas cautelares que suspenden los decretos, dejando sin piso cualquier tipo de extracción que use fracturación hidráulica. El auto del tribunal también prohíbe, bajo el principio de precaución, la realización de los pilotos que recomendaba la comisión de expertos, a pesar de que su objeto no es comercial sino de estudio. Además de que cualquier avance queda congelado, el debate no se cierra, pues queda pendiente la decisión de fondo que tardará todavía en tomarse.
Los motivos esgrimidos por el Consejo de Estado son entendibles: bajo el principio de precaución, como todavía no se saben los efectos del fracking en el territorio, es necesario suspenderlo hasta que se dicte sentencia sobre el fondo del asunto. Pero, en la práctica, es necesario hacer los pilotos para poder determinar precisamente esos efectos. Y lo grave es que entretanto la autosuficiencia energética del país queda en entredicho por varios años hacia adelante.
Como explicó la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, “hoy producimos 900.000 barriles de petróleo, utilizamos cerca de 400.000 barriles en el gasto interno y para eso tenemos reservas en seis años. Acá lo que tenemos que decidir es si el gas y el petróleo que tenemos en el subsuelo los vamos a utilizar para el provecho de la seguridad energética de los colombianos o si los vamos a importar”.
La escasez que se avecina, por supuesto, no es razón suficiente para apoyar el fracking. Las preocupaciones ambientales son razonables y justifican la precaución. Pero, para tomar decisiones complejas en un debate tensionante, hay que permitir la experimentación. Colombia no puede esperar más definiciones tan cruciales para su futuro.
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Colombia debería poder realizar pilotos de fracking para observar sus efectos y tener datos aplicables al país sobre su viabilidad y sostenibilidad. La decisión del Consejo de Estado de dictar medidas cautelares, aunque no cierra el debate, sí genera más atrasos en una decisión que Colombia tiene que tomar pronto, pues de ella depende gran parte de su independencia energética en el futuro cercano.
No se trata de hacer fracking de manera indiscriminada. Tanto el Gobierno Nacional como la industria han mostrado estar comprometidos con surtir los pasos necesarios para determinar si la extracción mediante fracturación hidráulica pondría en graves riesgos la sostenibilidad ambiental y social de Colombia. El nombramiento de una comisión de expertos arrojó, hace unos meses, una guía a seguir para cerciorarse de que se estén midiendo los efectos de la técnica.
Es cierto que en el mundo hay estudios que demuestran los daños que ocasiona el fracking. En contraste, también abundan los países que han implementado la medida con las debidas precauciones porque la ven como necesaria para afrontar su escasez de recursos energéticos. En el debate colombiano sobre el balance adecuado entre conservación medioambiental y explotación del subsuelo hacen falta datos que se apliquen a la realidad nacional y nos den pistas sobre las mejores prácticas.
El Consejo de Estado se encuentra estudiando una solicitud de nulidad de los decretos que reglamentaron el fracking en el país. En el marco de ese proceso, el martes los magistrados dictaron medidas cautelares que suspenden los decretos, dejando sin piso cualquier tipo de extracción que use fracturación hidráulica. El auto del tribunal también prohíbe, bajo el principio de precaución, la realización de los pilotos que recomendaba la comisión de expertos, a pesar de que su objeto no es comercial sino de estudio. Además de que cualquier avance queda congelado, el debate no se cierra, pues queda pendiente la decisión de fondo que tardará todavía en tomarse.
Los motivos esgrimidos por el Consejo de Estado son entendibles: bajo el principio de precaución, como todavía no se saben los efectos del fracking en el territorio, es necesario suspenderlo hasta que se dicte sentencia sobre el fondo del asunto. Pero, en la práctica, es necesario hacer los pilotos para poder determinar precisamente esos efectos. Y lo grave es que entretanto la autosuficiencia energética del país queda en entredicho por varios años hacia adelante.
Como explicó la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, “hoy producimos 900.000 barriles de petróleo, utilizamos cerca de 400.000 barriles en el gasto interno y para eso tenemos reservas en seis años. Acá lo que tenemos que decidir es si el gas y el petróleo que tenemos en el subsuelo los vamos a utilizar para el provecho de la seguridad energética de los colombianos o si los vamos a importar”.
La escasez que se avecina, por supuesto, no es razón suficiente para apoyar el fracking. Las preocupaciones ambientales son razonables y justifican la precaución. Pero, para tomar decisiones complejas en un debate tensionante, hay que permitir la experimentación. Colombia no puede esperar más definiciones tan cruciales para su futuro.
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