El presidente de los Estados Unidos es ahora un rey por encima de cualquier ley. Las palabras no son nuestras, sino de Sonia Sotomayor, magistrada de la Corte Suprema de ese país. Junto con las juezas Ketanji Brown Jackson y Elena Kagan, las tres magistradas liberales del alto tribunal hicieron una vehemente muestra de oposición a una decisión reciente. Tienen toda la razón, pues los seis magistrados conservadores, al estudiar uno de los casos contra el expresidente Donald Trump, llegaron a una conclusión que hace temblar la democracia: que el presidente tiene inmunidad legal sobre los actos “oficiales” que realice, así se trate de delitos en otras condiciones. Gravísimo precepto.
Para entender el caso es útil mirar cuáles fueron los hechos particulares que estudiaba la Corte Suprema de Justicia. Después de las elecciones de noviembre de 2020, Donald Trump se obsesionó con revertir el resultado. Sus esfuerzos se concentraron en Georgia, donde les pidió a funcionarios de su gobierno encontrar falsos electores para aumentar su votación. Luego, antes de enero 6, le pidió a su vicepresidente, Mike Pence, que no certificara el resultado, lo que en la práctica hubiese sido un golpe de Estado a la democracia. Esos dos actos estaban en cuestión ante el tribunal.
La respuesta de los jueces en la posición mayoritaria es sorprendente. Concluyeron que las comunicaciones de un presidente con sus funcionarios y su vicepresidente no pueden ser objeto de investigación judicial ni dar pie a considerarlo un acto delictivo, porque la autoridad del presidente de Estados Unidos es “concluyente y precluyente”. Es decir que, siempre y cuando se haga en la capacidad oficial de presidente, sus actos tienen inmunidad. “El presidente debe ser inmune a cualquier persecución penal”, escribió la mayoría.
El presidencialismo estadounidense acaba de llevarse a otro nivel. Porque, como expresaron las tres juezas que salvaron su voto, decir que los actos oficiales del presidente son inmunes es, en la práctica, darle carta blanca al comandante en jefe de las fuerzas militares. Lo escribió la magistrada Jackson: “Para decirlo de manera simple: la Corte declaró, por primera vez en la historia, que el funcionario más poderoso de los Estados Unidos puede crear las leyes que se le antoje”. La magistrada Sotomayor estuvo de acuerdo: “El daño está hecho. La relación entre el presidente y la ciudadanía para la que trabaja ha variado de manera irrevocable. En todas las instancia de uso de su poder oficial, el presidente es ahora un rey que está por encima de la ley”.
Las juezas fueron acusadas por los jueces conservadores de estar exagerando, pero no creemos que sea así. En efecto, se trata de un precedente que pone en duda la solidez de la democracia de los Estados Unidos y el balance de sus pesos y contrapesos. Olvidémonos del apellido Trump por un momento. Decir que el presidente, sea quien sea, no puede ser juzgado penalmente por los delitos que cometa en actuaciones oficiales es crear una protección a los abusos y desnaturalizar los principios del Estado democrático moderno. Es, en realidad, crear reyes sobre la Tierra, con el agravante de que tienen bajo su control toda la fuerza del Ejecutivo de los Estados Unidos. Es una pésima noticia para ese país y el mundo liberal.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com
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El presidente de los Estados Unidos es ahora un rey por encima de cualquier ley. Las palabras no son nuestras, sino de Sonia Sotomayor, magistrada de la Corte Suprema de ese país. Junto con las juezas Ketanji Brown Jackson y Elena Kagan, las tres magistradas liberales del alto tribunal hicieron una vehemente muestra de oposición a una decisión reciente. Tienen toda la razón, pues los seis magistrados conservadores, al estudiar uno de los casos contra el expresidente Donald Trump, llegaron a una conclusión que hace temblar la democracia: que el presidente tiene inmunidad legal sobre los actos “oficiales” que realice, así se trate de delitos en otras condiciones. Gravísimo precepto.
Para entender el caso es útil mirar cuáles fueron los hechos particulares que estudiaba la Corte Suprema de Justicia. Después de las elecciones de noviembre de 2020, Donald Trump se obsesionó con revertir el resultado. Sus esfuerzos se concentraron en Georgia, donde les pidió a funcionarios de su gobierno encontrar falsos electores para aumentar su votación. Luego, antes de enero 6, le pidió a su vicepresidente, Mike Pence, que no certificara el resultado, lo que en la práctica hubiese sido un golpe de Estado a la democracia. Esos dos actos estaban en cuestión ante el tribunal.
La respuesta de los jueces en la posición mayoritaria es sorprendente. Concluyeron que las comunicaciones de un presidente con sus funcionarios y su vicepresidente no pueden ser objeto de investigación judicial ni dar pie a considerarlo un acto delictivo, porque la autoridad del presidente de Estados Unidos es “concluyente y precluyente”. Es decir que, siempre y cuando se haga en la capacidad oficial de presidente, sus actos tienen inmunidad. “El presidente debe ser inmune a cualquier persecución penal”, escribió la mayoría.
El presidencialismo estadounidense acaba de llevarse a otro nivel. Porque, como expresaron las tres juezas que salvaron su voto, decir que los actos oficiales del presidente son inmunes es, en la práctica, darle carta blanca al comandante en jefe de las fuerzas militares. Lo escribió la magistrada Jackson: “Para decirlo de manera simple: la Corte declaró, por primera vez en la historia, que el funcionario más poderoso de los Estados Unidos puede crear las leyes que se le antoje”. La magistrada Sotomayor estuvo de acuerdo: “El daño está hecho. La relación entre el presidente y la ciudadanía para la que trabaja ha variado de manera irrevocable. En todas las instancia de uso de su poder oficial, el presidente es ahora un rey que está por encima de la ley”.
Las juezas fueron acusadas por los jueces conservadores de estar exagerando, pero no creemos que sea así. En efecto, se trata de un precedente que pone en duda la solidez de la democracia de los Estados Unidos y el balance de sus pesos y contrapesos. Olvidémonos del apellido Trump por un momento. Decir que el presidente, sea quien sea, no puede ser juzgado penalmente por los delitos que cometa en actuaciones oficiales es crear una protección a los abusos y desnaturalizar los principios del Estado democrático moderno. Es, en realidad, crear reyes sobre la Tierra, con el agravante de que tienen bajo su control toda la fuerza del Ejecutivo de los Estados Unidos. Es una pésima noticia para ese país y el mundo liberal.
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