El Palacio de Justicia: 23 años de impunidad

Pese al tiempo transcurrido, la toma del Palacio de Justicia, en manos del M-19, y la denominada “retoma”, a cargo del Ejército, sigue siendo un ejemplo emblemático de impunidad. En este como en muchos otros episodios que involucran el accionar de las fuerzas militares, la justicia se ha revelado lenta e ineficiente. Los presuntos nexos entre el narcotráfico y el grupo guerrillero, por otro lado, siguen siendo un enigma sin resolver.

Celebrábamos en este mismo espacio, hace unos meses, el hecho de que la Fiscalía hubiese llamado a juicio bajo cargos por desaparición forzada y tortura al coronel (r) Alfonso Plazas Vega, en aquel entonces  comandante de la Escuela de Caballería, y al general (r) Iván Ramírez Quintero, en esa época encargado del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (Coici). Junto a ellos, y por las mismas razones, también fue llamado a indagatoria el comandante de la Brigada XIII,  general (r) Jesús Armando Arias Cabrales.

Pues bien, lo que era objeto de una esperanzadora investigación que prometía arrojar luces sobre el paradero de las 12 personas que salieron con vida del edificio del Palacio de Justicia el 7 de noviembre, se ha transformado en un espectáculo bochornoso. En su juicio, y pese a elocuentes imágenes por todos conocidas que dan fe de lo contrario, el coronel (r) Plazas Vega afirmó que “no hubo desaparecidos” y que “todos murieron en el cuarto piso (del Palacio) el primer día”. Sostuvo igualmente que los restos de nueve de los empleados de la cafetería del Palacio se encuentran en el laboratorio de Antropología Forense de la Universidad Nacional. Una afirmación que fue enteramente desmentida a la luz de un informe de la Fiscalía, con fecha de julio de 2001, en el que se afirma que tras examinar los restos encontrados en fosas comunes del Cementerio Central se llegó a la conclusión, previo análisis de pruebas de ADN, que salvo en el caso de la empleada de la cafetería, Ana Rosa Castiblanco, los demás no laboraban en el Palacio.

Por si ello fuera poco, el coronel (r) Edilberto Sánchez, encargado de los interrogatorios de las personas que salían del Palacio, y cuatro ex miembros del Ejército, fueron dejados en libertad por una demora en el inicio de la audiencia pública que terminó por sobrepasar el plazo que fija la ley.

Entre tanto, los testimonios dados a la Fiscalía por personas como Yolanda Santodomingo Albericci, estudiante de la Universidad Externado de Colombia que se encontraba en el Palacio y fue sometida a todo tipo de dolorosos e inútiles interrogatorios, exigen de parte de la justicia una respuesta. Como ésta, una infinidad de declaraciones, acusaciones de fiscales, grabaciones, testimonios de oficiales y soldados, de familiares y víctimas, además de copiosas comisiones de la verdad, han sido recopiladas en sendos libros periodísticos sin que a la fecha se tengan resultados.

De cualquier manera, en los hechos no sólo hubo escalofriantes torturas sino que se ha podido corroborar que 12 personas salieron con vida y posteriormente nadie volvió a saber de su paradero. Es de suponer que fueron retenidas, torturadas y desaparecidas. Ahora que se cumple un aniversario más de la fatídica fecha, es hora de que las autoridades competentes aceleren sus investigaciones para que cese la impunidad. Que el impulso que parecieron tomar las autoridades de justicia con la publicitada reapertura de las investigaciones no se vaya a quedar en un simple contentillo pasajero.

Pese al tiempo transcurrido, la toma del Palacio de Justicia, en manos del M-19, y la denominada “retoma”, a cargo del Ejército, sigue siendo un ejemplo emblemático de impunidad. En este como en muchos otros episodios que involucran el accionar de las fuerzas militares, la justicia se ha revelado lenta e ineficiente. Los presuntos nexos entre el narcotráfico y el grupo guerrillero, por otro lado, siguen siendo un enigma sin resolver.

Celebrábamos en este mismo espacio, hace unos meses, el hecho de que la Fiscalía hubiese llamado a juicio bajo cargos por desaparición forzada y tortura al coronel (r) Alfonso Plazas Vega, en aquel entonces  comandante de la Escuela de Caballería, y al general (r) Iván Ramírez Quintero, en esa época encargado del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (Coici). Junto a ellos, y por las mismas razones, también fue llamado a indagatoria el comandante de la Brigada XIII,  general (r) Jesús Armando Arias Cabrales.

Pues bien, lo que era objeto de una esperanzadora investigación que prometía arrojar luces sobre el paradero de las 12 personas que salieron con vida del edificio del Palacio de Justicia el 7 de noviembre, se ha transformado en un espectáculo bochornoso. En su juicio, y pese a elocuentes imágenes por todos conocidas que dan fe de lo contrario, el coronel (r) Plazas Vega afirmó que “no hubo desaparecidos” y que “todos murieron en el cuarto piso (del Palacio) el primer día”. Sostuvo igualmente que los restos de nueve de los empleados de la cafetería del Palacio se encuentran en el laboratorio de Antropología Forense de la Universidad Nacional. Una afirmación que fue enteramente desmentida a la luz de un informe de la Fiscalía, con fecha de julio de 2001, en el que se afirma que tras examinar los restos encontrados en fosas comunes del Cementerio Central se llegó a la conclusión, previo análisis de pruebas de ADN, que salvo en el caso de la empleada de la cafetería, Ana Rosa Castiblanco, los demás no laboraban en el Palacio.

Por si ello fuera poco, el coronel (r) Edilberto Sánchez, encargado de los interrogatorios de las personas que salían del Palacio, y cuatro ex miembros del Ejército, fueron dejados en libertad por una demora en el inicio de la audiencia pública que terminó por sobrepasar el plazo que fija la ley.

Entre tanto, los testimonios dados a la Fiscalía por personas como Yolanda Santodomingo Albericci, estudiante de la Universidad Externado de Colombia que se encontraba en el Palacio y fue sometida a todo tipo de dolorosos e inútiles interrogatorios, exigen de parte de la justicia una respuesta. Como ésta, una infinidad de declaraciones, acusaciones de fiscales, grabaciones, testimonios de oficiales y soldados, de familiares y víctimas, además de copiosas comisiones de la verdad, han sido recopiladas en sendos libros periodísticos sin que a la fecha se tengan resultados.

De cualquier manera, en los hechos no sólo hubo escalofriantes torturas sino que se ha podido corroborar que 12 personas salieron con vida y posteriormente nadie volvió a saber de su paradero. Es de suponer que fueron retenidas, torturadas y desaparecidas. Ahora que se cumple un aniversario más de la fatídica fecha, es hora de que las autoridades competentes aceleren sus investigaciones para que cese la impunidad. Que el impulso que parecieron tomar las autoridades de justicia con la publicitada reapertura de las investigaciones no se vaya a quedar en un simple contentillo pasajero.