El páramo de Santurbán, de nuevo

Poco a poco, la Corte Constitucional, ante la pasividad del Congreso y del mismo Ejecutivo, ha venido aclarando las reglas para que en el país se puedan llevar a cabo proyectos mineros sostenibles previamente consultados con la ciudadanía y que no afecten la protección de nuestros recursos naturales. Son tantos los factores involucrados en el reto de la sostenibilidad que los líderes políticos, las autoridades y los mismos ciudadanos están teniendo problemas para adaptarse. En medio de todo está el páramo de Santurbán, tal vez el ejemplo más claro de todo lo que está en juego.

La semana pasada, como lo dio a conocer Noticias Caracol, la Corte Constitucional expidió una sentencia donde se advierte que la delimitación que se realizó del páramo no es válida. Es una noticia muy importante, pues Santurbán fue la primera delimitación de este tipo de terrenos protegidos en el país. ¿El motivo? “El Ministerio de Medio Ambiente no efectuó una convocatoria pública y abierta para entablar un diálogo con la comunidad”, dijo el alto tribunal. Por lo anterior, se otorga el plazo de un año para hacer un nuevo proceso de delimitación que incluya a la comunidad. Igualmente, se le ordenó al Ministerio de Ambiente “iniciar un proceso de restauración y descontaminación de las áreas del páramo de Santurbán en coordinación con el Ministerio de Minas”.

La decisión de la Corte es importante por varios motivos. Primero, porque al decir que la nueva delimitación no puede ser inferior a la que ya se había propuesto, pero sí mayor, pone en riesgo algunos proyectos extractivos. Hace unas semanas discutíamos en este espacio la polémica por una propuesta de Minesa, multinacional de Emiratos Árabes Unidos, que según algunos ambientalistas amenaza el sistema del páramo por querer explorar debajo del territorio previamente protegido.

Segundo, la Corte Constitucional continúa su jurisprudencia en lo relativo a la participación ciudadana: los pobladores del territorio deben participar de la delimitación del páramo. De hecho, la Corte dijo que “la comunidad no intervino de manera previa en el debate ni tuvo efecto alguno una consideración suya sobre la delimitación. Las mesas de concertación se convirtieron en espacios de socialización”.

En respuesta, Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt, se preguntó: “¿Ahora la gente definirá la temperatura participativamente?”. Su crítica es válida. En medio de todos los cambios que se están presentando sobre la necesidad de conservación, ¿de verdad es necesario que la comunidad participe en una delimitación que puede construirse de manera técnica?

Este es el tipo de preguntas que abundan en el país mientras se busca balancear la minería legal y sostenible con las necesidades de proteger nuestros recursos naturales para enfrentar los riesgos enormes que representa el cambio climático. Es una lástima que la posición de las autoridades sea cerrada al diálogo y a proponer reformas que cambien el paradigma con el que se han venido aprobando los proyectos extractivos en el país.

Colombia necesita los recursos que vienen con esos proyectos, pero es evidente que no puede seguirse haciendo como en las últimas décadas. En medio de ese debate, Santurbán, con los cerca de 2,5 millones de personas a las que les provee agua, sigue siendo el principal lugar de batalla.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Poco a poco, la Corte Constitucional, ante la pasividad del Congreso y del mismo Ejecutivo, ha venido aclarando las reglas para que en el país se puedan llevar a cabo proyectos mineros sostenibles previamente consultados con la ciudadanía y que no afecten la protección de nuestros recursos naturales. Son tantos los factores involucrados en el reto de la sostenibilidad que los líderes políticos, las autoridades y los mismos ciudadanos están teniendo problemas para adaptarse. En medio de todo está el páramo de Santurbán, tal vez el ejemplo más claro de todo lo que está en juego.

La semana pasada, como lo dio a conocer Noticias Caracol, la Corte Constitucional expidió una sentencia donde se advierte que la delimitación que se realizó del páramo no es válida. Es una noticia muy importante, pues Santurbán fue la primera delimitación de este tipo de terrenos protegidos en el país. ¿El motivo? “El Ministerio de Medio Ambiente no efectuó una convocatoria pública y abierta para entablar un diálogo con la comunidad”, dijo el alto tribunal. Por lo anterior, se otorga el plazo de un año para hacer un nuevo proceso de delimitación que incluya a la comunidad. Igualmente, se le ordenó al Ministerio de Ambiente “iniciar un proceso de restauración y descontaminación de las áreas del páramo de Santurbán en coordinación con el Ministerio de Minas”.

La decisión de la Corte es importante por varios motivos. Primero, porque al decir que la nueva delimitación no puede ser inferior a la que ya se había propuesto, pero sí mayor, pone en riesgo algunos proyectos extractivos. Hace unas semanas discutíamos en este espacio la polémica por una propuesta de Minesa, multinacional de Emiratos Árabes Unidos, que según algunos ambientalistas amenaza el sistema del páramo por querer explorar debajo del territorio previamente protegido.

Segundo, la Corte Constitucional continúa su jurisprudencia en lo relativo a la participación ciudadana: los pobladores del territorio deben participar de la delimitación del páramo. De hecho, la Corte dijo que “la comunidad no intervino de manera previa en el debate ni tuvo efecto alguno una consideración suya sobre la delimitación. Las mesas de concertación se convirtieron en espacios de socialización”.

En respuesta, Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt, se preguntó: “¿Ahora la gente definirá la temperatura participativamente?”. Su crítica es válida. En medio de todos los cambios que se están presentando sobre la necesidad de conservación, ¿de verdad es necesario que la comunidad participe en una delimitación que puede construirse de manera técnica?

Este es el tipo de preguntas que abundan en el país mientras se busca balancear la minería legal y sostenible con las necesidades de proteger nuestros recursos naturales para enfrentar los riesgos enormes que representa el cambio climático. Es una lástima que la posición de las autoridades sea cerrada al diálogo y a proponer reformas que cambien el paradigma con el que se han venido aprobando los proyectos extractivos en el país.

Colombia necesita los recursos que vienen con esos proyectos, pero es evidente que no puede seguirse haciendo como en las últimas décadas. En medio de ese debate, Santurbán, con los cerca de 2,5 millones de personas a las que les provee agua, sigue siendo el principal lugar de batalla.

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