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El paro camionero cumple 38 días y sus efectos están causando pérdidas millonarias en varios sectores claves de la economía del país. La violencia, además, ha permeado las manifestaciones y es inaceptable. Si bien creemos en el derecho a la protesta social y lo defendemos, las peticiones para solucionar el problema parecen ocultar otros intereses más allá del bienestar de los transportadores.
Empecemos por aquello que, lastimosamente, se ha vuelto costumbre en las manifestaciones sociales del país. Las vías de hecho y la violencia no son, en ningún momento, mecanismos justificados para hacer valer reclamaciones. Los ataques a los camioneros que decidan no vincularse al paro, afectando su integridad y la de sus vehículos, no pueden continuar. También preocupa el accidente del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, presuntamente causado por la intervención de manifestantes. Hizo bien el Gobierno en levantarse de la mesa, sin cerrar la puerta al diálogo, hasta que esos hechos se aclaren y los transportadores envíen un mensaje inequívoco de rechazo a las vías de hecho.
Es necesario exigir, también, que se aclare lo ocurrido con el joven de 27 años que perdió la vida por un disparo en las movilizaciones que se adelantaban en el municipio de Duitama. Si, como lo han sugerido testigos, hubo culpa exclusiva del Esmad, los responsables tienen que ser expuestos. El Estado debe ser siempre transparente en su trato a los manifestantes.
En cuanto al fondo, las peticiones de la Asociación Colombiana de Camioneros son, básicamente, que se desembolse más dinero para chatarrizar vehículos, que se modifique el límite de vida útil de los camiones, que quedó en 20 años y quieren que sea superior, que se modifiquen los costos de los peajes y del combustible, y que se les fije un valor base a los fletes, los cuales también quieren aumentar.
Estamos de acuerdo en que el transporte debe tener una reforma de fondo. La costumbre ha sido tomar decisiones de corto plazo, y en esas vamos de paro en paro, con sus perversos efectos para la economía y los colombianos en el proceso. Esta protesta ya ha costado más de un billón de pesos. Además, la situación de los 50.863 vehículos de carga mal matriculados, con todas las implicaciones de corrupción estatal que esto trae consigo, es frustrante y debe ser modificada.
Pero hay motivos para dudar de las buenas intenciones de las personas que han motivado el paro. Se lo dijo a El Espectador el expresidente de la Cámara Nacional del Transporte Alberto Palma, quien explicó que los actuales dirigentes de la Dignidad Camionera, que lideran los paros camioneros cada año, “facilitaron [los trámites de] los camiones mal matriculados y participan en la chatarrización de los carros falsos”. Además se inventaron “accidentes, pérdidas totales y hurtos que no existieron”. Desde 2014 hay denuncias en la Fiscalía General. Un estimativo indica que el Estado fue desfalcado en cerca de $2,5 billones desde 2005 hasta 2014.
Los intereses de ciertas personas detrás del paro en la chatarrización hacen pensar que no es sólo una cuestión de justicia social. Si bien la situación de los más de 10.000 pequeños transportadores que se han visto afectados por la sobreoferta de camiones de carga es preocupante, y merece consideraciones por parte del Gobierno, no hay razón para impedir que las leyes de la oferta y la demanda regulen ese mercado. Ya los comerciantes han denunciado que los costos de transporte en el país son muy altos en comparación con varias partes del mundo, como México. Imponer fletes bases, entonces, es sabotear el proceso de reducción de precios, más en un contexto de inversión que minimiza los tiempos de transporte.
El Gobierno ha mostrado voluntad de solucionar los problemas hablando, pero, para lograrlo, los transportadores tienen que sacudirse los intereses personales y pensar en cómo ceder de manera razonable. El paro debe terminar pronto. Pero no, otra vez, con concesiones que apenas aplacen el siguiente.
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