El Plan Colombia de la paz

De ahí que la propuesta de un Plan Colombia II, dedicado hacia planes sociales y de desarrollo en las zonas afectadas por la violencia, sea más que bienvenida.

El domingo anterior publicamos la idea que el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, planteó durante una visita reciente a Washington. Según el senador, “es fundamental que una vez se firme la paz haya una estrategia definida de cómo el Estado colombiano, con la cooperación de la comunidad internacional, va a ocupar social, militar y territorialmente las zonas donde tradicionalmente ha existido conflicto y donde hay actividades ilegales como los cultivos de coca”. De acuerdo con las cifras conocidas, Estados Unidos destinó cerca de US$7.500 millones para la lucha contra los grupos armados y el narcotráfico desde que el Plan comenzó en el año 2000. Aunque una parte del dinero, especialmente en los últimos años, se ha dedicado a temas sociales, la inmensa mayoría fue para la guerra.

La propuesta de Cristo busca entonces que la administración Obama, y otros gobiernos, hagan un aporte significativo para afianzar la paz en Colombia, una vez se firmen los acuerdos con las Farc y el Eln. A pesar de que la idea en sí misma parece sencilla y llena de sentido común, no necesariamente será de fácil aplicación. En especial en lo que tiene que ver con la consecución de los recursos. Desde que comenzó la crisis económica, de la cual no terminan de salir, en Washington se vienen ajustando las cargas internas con fuertes recortes. De ahí que las posibilidades de que el Congreso apruebe un gran paquete de ayuda económica para el posconflicto no es muy clara.

En el mismo evento en el que participó el senador Cristo intervino el padre Francisco de Roux, superior de los Jesuitas en Colombia. Habló del exitoso Laboratorio de Paz del Magdalena Medio y de cómo, con una mínima parte de los grandes recursos del Plan Colombia, se logró pacificar esa región azotada por la violencia. ¿Cómo?: trabajo y diálogo permanente con la comunidad, sin exclusiones, así como con las grandes empresas de la zona; desarrollo regional basado en la capacitación y organización de los habitantes; protección del medio ambiente y la enseñanza de que “la seguridad sostenible y tranquilizadora no está en las armas, sino en el ‘capital social’, que es el acumulado de confianza que se dan unos a otros los habitantes de una región cuando se puedan mirar a los ojos, hablarse con sinceridad, creerse los unos a los otros, escucharse, debatir la diversidad de los puntos de vista…”.

Lo anterior, que para algunos pueda sonar a un idílico catálogo de buenos deseos, ya fue probado en el Magdalena Medio y funcionó. Es decir, que a futuro, y si se concreta un importante aporte internacional, ya no para la guerra sino para la paz, existe como antecedente un terreno cultivado sobre el cual se puede comenzar a sembrar no sólo esperanza, sino desarrollo integral. Por supuesto no se trata de ser ingenuos y pensar que tan sólo con buena voluntad, y algo de recursos, salimos de problemas. Menos aún cuando los mismos son de la dimensión de los padecidos en los últimos 50 años. La sola puesta en práctica de la Ley de Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras sigue generando asesinatos entre aquellos que cometen el pecado de reclamar lo que les pertenece.

Como lo dijo el presidente Santos, a raíz del resurgimiento de las chuzadas, en el país siguen actuando “fuerzas oscuras” que no quieren la paz. Es en este tema de la justicia y la institucionalidad, precisamente, donde el Estado tendrá que hacer un gran esfuerzo para desmontar las estructuras de los interesados no sólo en que la paz fracase, sino que, si se da, no se consolide.