EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Gustavo Petro, tiene problemas de coherencia en lo que se refiere a las relaciones con Venezuela. A pesar de ser un defensor en el ámbito internacional de la democracia, de la Convención Americana y de los organismos que vigilan la protección de los derechos humanos, su constante ambivalencia frente a lo que ocurre en el vecino país despierta muchas inquietudes. En su visita de esta semana al líder autoritario Nicolás Maduro, las sonrisas y los mensajes públicos contrastan con la persecución a la oposición en ese país, con las dudas que hay sobre violación a la soberanía colombiana y dejan preguntas sobre el compromiso de nuestro Estado con la democracia.
En la Casa de Nariño dirán que el viaje fue la oportunidad de proponerles una opción democrática a los venezolanos. Repetirán que Colombia tiene una posición estratégica de garante de las elecciones, lo que exige prudencia diplomática, tacto de negociador y un reconocimiento pragmático de la interdependencia económica y social entre las dos naciones. Sobre esto último, el mismo presidente Petro, en un video publicado a su regreso a Colombia, fue claro: al mencionar los US$1.200 millones en exportaciones de Colombia hacia Venezuela, dijo que “nos ha ayudado a mitigar el déficit comercial abultado que traía el país, ha sido de importancia para la reactivación económica (...) podría ser mucho más si logramos levantar las sanciones”.
El problema es que la situación venezolana requiere presiones más concretas que el Gobierno colombiano no parece estar dispuesto a llevar a cabo. El presidente Petro también mencionó que se reunió con un sector de la oposición, “quizá los más importantes”, pero se supo que no incluyó a los que han sido perseguidos recientemente por el Estado. No hubo tampoco mención alguna al informe de Noticias Caracol sobre cómo la inteligencia venezolana violó la soberanía colombiana para perseguir a personas que consideraban criminales contra el régimen. Los silencios son elocuentes y llevan a pensar que en la Casa de Nariño no ven con genuina preocupación lo que ocurre. ¿Acaso creen la narrativa de que todo es desinformación y que en el vecino país sí estamos cerca de tener elecciones libres? Estarían ciegos si fuere así.
Pero eso parece ser lo que insinuó uno de los comunicados colombianos luego de la reunión presidencial. “El presidente Nicolás Maduro expuso en detalle los avances del proceso electoral del próximo 28 de julio, al cual se han inscrito 13 candidatos de 37 organizaciones políticas, todo en acuerdo con las leyes venezolanas y en concordancia con las discusiones realizadas entre el gobierno venezolano y las oposiciones, reflejadas en los acuerdos de Barbados y Caracas”, dijo nuestra diplomacia. No habló de los inhabilitados, de las sanciones arbitrarias, de la cooptación del aparato electoral, de la falta de garantías ni de la estigmatización a la oposición. Colombia parece encaminada a validar una pantomima electoral. Ese es el problema de andar intercambiando sonrisas con tiranos.
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Gustavo Petro, tiene problemas de coherencia en lo que se refiere a las relaciones con Venezuela. A pesar de ser un defensor en el ámbito internacional de la democracia, de la Convención Americana y de los organismos que vigilan la protección de los derechos humanos, su constante ambivalencia frente a lo que ocurre en el vecino país despierta muchas inquietudes. En su visita de esta semana al líder autoritario Nicolás Maduro, las sonrisas y los mensajes públicos contrastan con la persecución a la oposición en ese país, con las dudas que hay sobre violación a la soberanía colombiana y dejan preguntas sobre el compromiso de nuestro Estado con la democracia.
En la Casa de Nariño dirán que el viaje fue la oportunidad de proponerles una opción democrática a los venezolanos. Repetirán que Colombia tiene una posición estratégica de garante de las elecciones, lo que exige prudencia diplomática, tacto de negociador y un reconocimiento pragmático de la interdependencia económica y social entre las dos naciones. Sobre esto último, el mismo presidente Petro, en un video publicado a su regreso a Colombia, fue claro: al mencionar los US$1.200 millones en exportaciones de Colombia hacia Venezuela, dijo que “nos ha ayudado a mitigar el déficit comercial abultado que traía el país, ha sido de importancia para la reactivación económica (...) podría ser mucho más si logramos levantar las sanciones”.
El problema es que la situación venezolana requiere presiones más concretas que el Gobierno colombiano no parece estar dispuesto a llevar a cabo. El presidente Petro también mencionó que se reunió con un sector de la oposición, “quizá los más importantes”, pero se supo que no incluyó a los que han sido perseguidos recientemente por el Estado. No hubo tampoco mención alguna al informe de Noticias Caracol sobre cómo la inteligencia venezolana violó la soberanía colombiana para perseguir a personas que consideraban criminales contra el régimen. Los silencios son elocuentes y llevan a pensar que en la Casa de Nariño no ven con genuina preocupación lo que ocurre. ¿Acaso creen la narrativa de que todo es desinformación y que en el vecino país sí estamos cerca de tener elecciones libres? Estarían ciegos si fuere así.
Pero eso parece ser lo que insinuó uno de los comunicados colombianos luego de la reunión presidencial. “El presidente Nicolás Maduro expuso en detalle los avances del proceso electoral del próximo 28 de julio, al cual se han inscrito 13 candidatos de 37 organizaciones políticas, todo en acuerdo con las leyes venezolanas y en concordancia con las discusiones realizadas entre el gobierno venezolano y las oposiciones, reflejadas en los acuerdos de Barbados y Caracas”, dijo nuestra diplomacia. No habló de los inhabilitados, de las sanciones arbitrarias, de la cooptación del aparato electoral, de la falta de garantías ni de la estigmatización a la oposición. Colombia parece encaminada a validar una pantomima electoral. Ese es el problema de andar intercambiando sonrisas con tiranos.
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