El problema de la energía en la Costa

Más allá de los señalamientos de culpas entre los involucrados que se está dando actualmente, y de los pedidos por ciertos mandatarios regionales de tomar medidas radicales, lo que está claro con la crisis de Electricaribe es que la región Caribe colombiana no aguanta más aplazamientos para solucionar un problema complejo que afecta mucho a las personas.

Las cifras son dicientes. En los departamentos donde Electricaribe presta el servicio, la luz se va 90 horas cada año en promedio, el doble del promedio nacional. Además, son constantes las quejas de los usuarios que hablan de racionamientos nocturnos, sobrecostos y, en general, un servicio de mala calidad que les causa justa desconfianza. Por eso, entre otras razones, el alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, habló la semana pasada de “los atropellos a los usuarios por parte de la empresa Electricaribe con cambios de medidores; y energía no consumida, dejada de facturar”.

En una convocatoria realizada por El Espectador la semana pasada, recibimos decenas de correos que hablaban de todos los inconvenientes que generan los cortes de energía, desde volver las noches insoportables por el calor que se produce en ausencia de electrodomésticos para combatir el clima de la región, hasta situaciones más delicadas, como poner en riesgo vidas por los instrumentos médicos que dejan de funcionar.

En ese contexto, la Contraloría publicó un informe que denunció hallazgos fiscales por un monto de $65.732 millones correspondientes a varios contratos adjudicados por el Programa de Normalización Eléctrica (Prone) del Ministerio de Minas y Energía. Si bien Electricaribe contestó que ese dinero está en fiducias y que no se ha invertido por la mala actitud de los usuarios, la Contraloría dijo que en dichas fiducias sólo encontró $7.000 millones del total denunciado.

Por eso, y por deudas que ascienden a los $2 billones de pesos, Amylkar Acosta, presidente de la Federación Nacional de Departamentos, anunció que parece inevitable un apagón en la Costa. Mandatarios de la región han protestando pidiendo que se intervenga a Electricaribe.

Pero los reclamos de la empresa en el ojo del huracán no son desestimables. Dice que más de la mitad de sus usuarios no pagan la factura, que el incumplimiento y la trampa son la norma (incluso en casos comprobados de Alcaldías que no pagan los servicios) y que el mismo Gobierno Nacional no gira a tiempo todos los recursos necesarios. En sustento a eso, no sobra recordar que la deuda oficial con las empresas del sector eléctrico ascendía a $470.000 millones a diciembre de 2015, de los cuales una tercera parte corresponde a la Costa.

La intervención no es una solución tan sencilla, pues implicaría millonarias demandas en contra del Estado, además de que hay experiencias pasadas donde este tipo de medidas han causado más inoperancia que soluciones.

Lo que sí está claro es que el sector necesita una inversión de recursos considerable en infraestructura para resolver el atraso, una supervisión más eficiente, un compromiso más claro, tanto de la empresa como de los usuarios, y un acompañamiento más cercano del Gobierno, más allá de sus esporádicas referencias al tema. El oportunismo jurídico ha marcado varios años de debates que terminan en promesas que no se cumplen y en una población cansada de denunciar los atropellos. La Costa necesita un plan de choque cuanto antes, y empezar a ver resultados para un problema inaceptable en un país que se sueña autosostenible.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Más allá de los señalamientos de culpas entre los involucrados que se está dando actualmente, y de los pedidos por ciertos mandatarios regionales de tomar medidas radicales, lo que está claro con la crisis de Electricaribe es que la región Caribe colombiana no aguanta más aplazamientos para solucionar un problema complejo que afecta mucho a las personas.

Las cifras son dicientes. En los departamentos donde Electricaribe presta el servicio, la luz se va 90 horas cada año en promedio, el doble del promedio nacional. Además, son constantes las quejas de los usuarios que hablan de racionamientos nocturnos, sobrecostos y, en general, un servicio de mala calidad que les causa justa desconfianza. Por eso, entre otras razones, el alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, habló la semana pasada de “los atropellos a los usuarios por parte de la empresa Electricaribe con cambios de medidores; y energía no consumida, dejada de facturar”.

En una convocatoria realizada por El Espectador la semana pasada, recibimos decenas de correos que hablaban de todos los inconvenientes que generan los cortes de energía, desde volver las noches insoportables por el calor que se produce en ausencia de electrodomésticos para combatir el clima de la región, hasta situaciones más delicadas, como poner en riesgo vidas por los instrumentos médicos que dejan de funcionar.

En ese contexto, la Contraloría publicó un informe que denunció hallazgos fiscales por un monto de $65.732 millones correspondientes a varios contratos adjudicados por el Programa de Normalización Eléctrica (Prone) del Ministerio de Minas y Energía. Si bien Electricaribe contestó que ese dinero está en fiducias y que no se ha invertido por la mala actitud de los usuarios, la Contraloría dijo que en dichas fiducias sólo encontró $7.000 millones del total denunciado.

Por eso, y por deudas que ascienden a los $2 billones de pesos, Amylkar Acosta, presidente de la Federación Nacional de Departamentos, anunció que parece inevitable un apagón en la Costa. Mandatarios de la región han protestando pidiendo que se intervenga a Electricaribe.

Pero los reclamos de la empresa en el ojo del huracán no son desestimables. Dice que más de la mitad de sus usuarios no pagan la factura, que el incumplimiento y la trampa son la norma (incluso en casos comprobados de Alcaldías que no pagan los servicios) y que el mismo Gobierno Nacional no gira a tiempo todos los recursos necesarios. En sustento a eso, no sobra recordar que la deuda oficial con las empresas del sector eléctrico ascendía a $470.000 millones a diciembre de 2015, de los cuales una tercera parte corresponde a la Costa.

La intervención no es una solución tan sencilla, pues implicaría millonarias demandas en contra del Estado, además de que hay experiencias pasadas donde este tipo de medidas han causado más inoperancia que soluciones.

Lo que sí está claro es que el sector necesita una inversión de recursos considerable en infraestructura para resolver el atraso, una supervisión más eficiente, un compromiso más claro, tanto de la empresa como de los usuarios, y un acompañamiento más cercano del Gobierno, más allá de sus esporádicas referencias al tema. El oportunismo jurídico ha marcado varios años de debates que terminan en promesas que no se cumplen y en una población cansada de denunciar los atropellos. La Costa necesita un plan de choque cuanto antes, y empezar a ver resultados para un problema inaceptable en un país que se sueña autosostenible.

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